El instituto considera que hay indicios de desvío de fondos públicos en 2000

El IFE emplazará al PRI a presentar pruebas de defensa sobre el Pemexgate

La CNBV niega información de cuentas que habrían sido usadas para triangular fondos

ALONSO URRUTIA

Por considerar que entre los documentos y actuaciones que ya tiene en su poder existen indicios de un presunto desvío de recursos de empresas públicas para el financiamiento de la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000, la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó emplazar al tricolor para que "aporte lo que a su derecho convenga" y se inicie la segunda etapa del proceso de investigación del denominado Pemexgate.

Sin embargo, no se ha hablado de castigos, pues "en el momento procesal en el que nos encontramos es inadecuado señalar algún monto de sanción, entre otros aspectos porque aún no se tienen las argumentaciones de la propia defensa", expresó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio.

A su vez, Jaime Cárdenas señaló: "en ningún momento se ha discutido una eventual sanción porque sería prejuzgar o bien tanto como condenar a un acusado cuando apenas vamos en la demanda".

Agregó que a partir de la fecha en que se le notifique oficialmente al PRI del emplazamiento corren cinco días para su respuesta, aunque el plazo se pudiera duplicar en razón de que son 40 mil fojas lo que corresponde a las actuaciones del Pemexgate.

"Calculo, con pocas bases, pues eso dependerá de las pruebas que presente el PRI en su defensa, que el IFE podría estar deliberando al respecto alrededor de febrero o marzo."

También Jaime Cárdenas subrayó que hasta ahora no se ha discutido en la comisión el tema de las sanciones al partido.

Lujambio explicó que para llegar a la determinación de emplazar al PRI se valoraron los elementos enviados por la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República contenidos en la averiguación previa que se sigue paralelamente por la posible comisión de delitos penales.

Se preguntó a Lujambio su posición en torno a las acusaciones que hiciera el tricolor acerca de la existencia de parcialidad en las investigaciones de los casos de Pemex y de Amigos de Fox. Respondió que la Comisión de Fiscalización ha actuado escrupulosamente de acuerdo con los principios democráticos del IFE.

-¿El emplazamiento implica ya una responsabilidad del PRI?

-Aún no sabemos si hay responsabilidad o no. Lo que determinamos es que hay indicios, los cuales están contenidos en esas actuaciones -contestó Cárdenas.

Explicó que según lo que se ha indagado hasta ahora, esos indicios corresponden al posible desvío de recursos públicos en favor de la campaña de Francisco Labastida; la supuesta violación de los topes a las aportaciones individuales y la posible violación a los topes de campaña establecidos.

Cárdenas reconoció que como parte de lo accidentada que ha sido la investigación del Pemexgate -la imposibilidad de que el IFE accediera a cierta información bancaria, los propios plazos del Ministerio Público, entre otros- la resolución sin duda podría afectar la equidad de la contienda electoral del próximo año, pero por razones ajenas al IFE.

Durante la reunión, que se prolongó tres horas y media -tres de las cuales se consumieron por el debate en torno al esquema que debería utilizarse para el emplazamiento-, se informó también de la más reciente negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de algunas cuentas que presumiblemente habrían sido utilizadas para la triangulación de recursos a favor del Revolucionario Institucional.

La decisión finalmente fue votada cuatro a uno, por las reservas del consejero José Barragán, quien junto con Cárdenas planteó modificaciones al texto original.

Según la petición de Cárdenas, el documento que se enviará al tricolor debería contener la enumeración de los artículos de la ley electoral que presumiblemente habrían sido violados por ese partido.

Este punto finalmente fue aprobado, no sin una larga discusión sobre si su incorporación no implicaría asumir ya una postura sobre la posible culpabilidad del PRI.

En otro orden de ideas, la comisión también discutió el informe que será presentado al Consejo General del IFE relativo a la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra de las tarifas preferenciales que las televisoras otorgaron al tricolor en la campaña de 2000.

Tras la revisión de las condiciones en que contrató cada partido, el IFE "no cuenta con elementos fundados y ciertos de que haya un trato desigual a los partidos y coaliciones, ni de lo contrario".

El instituto precisa que en el catálogo de medios electrónicos que se presentó a los partidos se reportó el tope máximo de los costos de los anuncios, pero no tiene reportes de las operaciones comerciales que realiza cada partido.

Al responder a las acciones que establecerá para que en el proceso próximo no haya trato desigual, el IFE señala que se promovió una reforma al Cofipe para establecer que las variaciones en los costos no pudieran exceder, en su caso, del 10 por ciento, misma que no fue aprobada por el Poder Legislativo, por lo que se explorarán otras vías para evitar, en lo posible, las desigualdades.