Magdalena Gómez

La palabra y los hechos

Ya es un lugar común constatar el empantanamiento del proceso de paz, así como el discurso desgastado de la Cocopa y las justificaciones del comisionado para la paz, quien señala que en Chiapas las comunidades se dividen entre las que aceptan ayuda del gobierno, luego entonces están bien, y las que son bases zapatistas, que viven su autonomía y rechazan la ayuda, luego entonces están mal. En ese contexto hay personas de buena fe que plantean la resignación como camino, mientras otras intentan cobijarse en el nuevo texto del artículo segundo constitucional. Es el caso del Instituto Nacional Indigenista (INI), que navega con una propuesta de reforma institucional, pero ha obtenido como respuesta del Poder Ejecutivo la disminución del presupuesto en su proyecto de 2003. Nadie ha dicho que la situación sea fácil, pero es evidente que el EZLN y el movimiento indígena tienen claro que la salida no puede ser el conformismo, ya que están trabajando y fortaleciendo su autonomía desde abajo.

Con un panorama así, llama la atención el reacomodo que se está dando en el Congreso de la Unión. Los 160 diputados que presentaron de nueva cuenta la iniciativa Cocopa han incurrido en un acto de incongruencia que se suma a los otros que han afectado el proceso de paz.

El pasado 12 de noviembre fueron aprobados, con el voto del PRD incluido, los dictámenes que el Senado remitió para reformar los códigos federales de Procedimientos Civiles y Penales, así como el Código Penal Federal en el sentido de retomar derechos en esencia ya consignados desde hace más de una década en torno al traductor para indígenas procesados.

El Senado ha dejado clara su postura de no revisar la llamada reforma indígena de 2001 y avanzar por la vía de la legislación secundaria, desestimando su impacto en el proceso de paz en Chiapas y en todo México.

Hasta ahora un sector de los diputados se había deslindado de esa postura al rechazar el dictamen de la llamada reforma y presentar meses después, de nueva cuenta, la iniciativa Cocopa que fuera ampliamente distorsionada en el Senado en 2001. Sin embargo, esta vez se sumaron a la decisión hegemónica de aplicar al proceso la política de "cosa juzgada". Es muy lamentable que contribuyan con su voto a reforzar esa tendencia.

De poco valen los argumentos esgrimidos a la hora de fijar posiciones. El PRD, por conducto de su diputado Héctor Sánchez, apoyó los dictámenes "porque de alguna manera favorecerán a los indígenas que se encuentran procesados, pero dejó constancia de la necesidad de ir al fondo del problema con una reforma constitucional que reivindique los derechos de los indígenas. Agregó que se analizará nuevamente la iniciativa de la Cocopa que fue presentada por más de 160 diputados" (boletín de prensa núm. 1425, Cámara de Diputados).

En febrero pasado nos parecía poco realista que ese grupo de diputados generara la expectativa de reformar la reforma cuando la correlación de fuerzas le es manifiestamente adversa; sin embargo creímos en la buena fe de tan publicitada decisión. Ahora, nueve meses después, no se les puede pedir que logren lo imposible. La iniciativa Cocopa no ha sido discutida de nuevo.

Lo que sí se esperaba de ellos era congruencia, difícil actitud cuando se deben pagar costos políticos por sostener una postura, que están pagando el EZLN, el movimiento indígena y la sociedad civil que acompaña este proceso. A todos ellos se les acusa de intransigencia y se de diversas maneras se les hace sentir que deben aceptar lo que la clase política les ofrece.

Y ni para qué volver los ojos al Presidente de la República, cuya transformación al salir del país le hace distorsionar la realidad al punto de afirmar que está en paz con Marcos y con el EZLN. No hay sorpresa con el PAN, el PRI y el Ejecutivo, sí con el PRD: hicieron un mal cálculo porque es mucho lo que pierden sumándose en el Congreso a la corriente hegemónica. Y ahí vienen los otros dictámenes del Senado, Ƒcon qué argumento dirán que apoyan la reglamentación de la reforma de 2001 y a la vez piden que se revise?

Transcurrida la Consulta sobre Prioridades Nacionales, impulsada fuertemente por el PRD y en la que cerca de 3 millones de personas colocaron una vez más la demanda de que se cumplan los acuerdos de San Andrés para que haya paz, es obvio que la prioridad no es reglamentar la contrarreforma de 2001.