Hasta 850 mil trabajos podrían ser sustituidos en los próximos años

Promueve Bush la privatización de la mitad de los empleos federales

No se trata de ahorrar, sino de trasladar dinero al sector privado, denuncia líder sindical

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 25 de noviembre. El gobierno de George W. Bush promueve la privatización hasta de la mitad de todos los empleados del gobierno federal y parte significativa de las fuerzas militares, dentro del programa ideológico para reducir el tamaño del gobierno federal y brindar más poder al sector privado.

Nuevas regulaciones publicadas en el Diario Oficial de este mes obligarán a que 50 por ciento de todos los servicios que ahora presta el gobierno federal sean sometidos a concurso para asignar contratos privados a empresas que se interesen en prestarlos.

La idea es que empresas privadas podrán realizar actividades como la instalación de computadoras o limpieza de edificios a costos por debajo de lo que el gobierno federal gasta ahora.

Este mes, Bush declaró que, si esto avanza, para octubre de 2003 las empresas privadas podrán obtener contratos de servicios que ahora se realizan por medio de unos 122 mil empleos federales. Así, el gobierno considera que en total hasta 850 mil empleos federales podrán ser sustituidos por empresas privadas en los próximos años. Además, el Pentágono está considerando una propuesta para contratar trabajos que ahora realizan 58 mil 727 militares, más otras 150 mil tareas que son realizadas por empleados civiles del Departamento de Defensa.

Estas propuestas han alarmado a los sindicatos en general, y a los de trabajadores públicos en particular, ya que son percibidas como un ataque directo contra ellos. Mientras los sindicatos de este país sólo agremian a 9 por ciento del sector privado en total, representan 35 por ciento de los trabajadores del sector público. Esta propuesta, que permitiría a empresas no sindicalizadas concursar por contratos de servicios que ahora prestan trabajadores sindicalizados, potencialmente podría destruir algunos de los sindicatos nacionales más grandes del país.

"El gobierno de Bush ha declarado la guerra total contra los empleados federales", afirmó Bobby L. Harnage, secretario general de la Federación Estadunidense de Empleados del Gobierno (AFGE por sus siglas en inglés), uno de los sindicatos afectados. "Sistemáticamente están conspirando para romper estos sindicatos, extirparles las protecciones del servicio civil y entregar sus empleos a contratistas políticamente bien conectados."

Pero funcionarios federales y líderes empresariales insisten en que los trabajadores sindicalizados podrán competir por estos empleos. "Se trata de lograr lo mejor para los contribuyentes de impuestos", afirmó Angella Styles, administradora de la política de procuración federal, al diario Washington Post. La diferencia es que en el futuro los sindicatos tendrán que garantizar que efectuarán el trabajo igual de bien y barato que una empresa privada, o perderán sus empleos.

Algunas dependencias -así como algunos gobiernos estatales y municipales- han empezado a contratar empresas privadas para realizar trabajos como colección de multas de tránsito, recolección de basura y la administración de prisiones, pero el gobierno de Bush desea ampliar todo esto a una escala mucho mayor.

Al establecer el objetivo de privatizar hasta 122 mil empleos el primer año, 425 mil en dos y un total de 850 mil en 10 años, el presidente espera poder privatizar la mitad de la burocracia federal.

Pero la experiencia de la privatización de la fuerza de trabajo gubernamental ha sido mixta. Existen ejemplos de gobiernos estatales que han ahorrado fondos al cesar a trabajadores sindicalizados con ingresos altos y contratar empresas privadas para realizar el mismo trabajo. Pero frecuentemente estos contratistas no ofrecen las mismas prestaciones -como seguro de salud y vacaciones- que reciben sus contrapartes sindicalizadas.

Por ejemplo, el estado de Maryland contrató a una empresa privada para hacer el trabajo de mantenimiento de terrenos estatales por menos de lo que lo hacían sus trabajadores públicos. Ese programa fue exitoso hasta que los periódicos revelaron que la empresa privada estaba contratando trabajadores indocumentados de México y El Salvador para hacer esa labor y les pagaba menos del salario mínimo legal.

No siempre funciona

Cuando los gobiernos estatales empezaron a contratar la administración de sus prisiones a empresas privadas, se informó de grandes ahorros. Pero en buen número de casos los gobiernos estatales fueron responsabilizados por reos muertos o heridos como resultado de las bajas normas de las instituciones penales privadas y la mínima capacitación de sus guardias.

En otros casos los contratistas privados ofrecieron primero servicios a bajo costo, pero después de firmar acuerdos elevaron los costos a tal nivel que resultaron aún más caros que cuando el trabajo se realizaba por empleados públicos sindicalizados.

Paul C. Light, economista de la Universidad de Nueva York y experto en la fuerza laboral federal, declaró al New York Times que no había pruebas concretas de que la privatización de trabajo gubernamental hubiera resultado en ahorros para el gobierno. Señaló que a veces las empresas privadas ganan contratos al ofrecer servicios por menos dinero, pero incrementan sus cuotas después de que se ha cesado a la fuerza laboral federal.

Esta evaluación es compartida por los sindicatos estadunidenses. "Este gobierno está vendiendo el gobierno federal a precios de subasta a sus amigos empresariales, los cuales pagan el favor con contribuciones (electorales)", acusó Harnage, de AFGE, en el New York Times. "No se trata de ahorrar dinero, sino de trasladar dinero al sector privado."