Pretenden que los legisladores desahoguen dictámenes archivados en comisiones

Ampliarán el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

La Cámara de Diputados reformó los artículos 65 y 66 de la Constitución, con el propósito de ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones a partir de la 59 Legislatura. La modificación establece un nuevo calendario, porque los trabajos legislativos se recorrerán del 15 de marzo -como tradicionalmente ocurre- al primero de febrero de cada año. El dictamen votado en el pleno deberá ser aprobado por el Senado de la República y los congresos locales.

La reforma pretende incrementar el tiempo para desahogar el sinnúmero de dictámenes archivados en las comisiones de la cámara y mejorar la calidad de las leyes aprobadas. A pesar de esos deseos manifiestos en la exposición de motivos, el perredista Uuc-Kib Espadas calificó la modificación de "mediocre" y otros la consideraron incompleta, porque no atiende los problemas de fondo, como la democratización de los órganos de gobierno y los límites de operación que deben ostentar los coordinadores legislativos.

A tal grado llegó la polémica por el dictamen aprobado, que las intervenciones desquiciaron a la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Paredes, quien calificó una de ellas de provocadora.

El primero en abrir paso a la descalificación del dictamen en cuestión fue Amador Rodríguez Lozano. El ex priísta y ahora legislador independiente adujo que "aumentar las horas nalga no redundará en una mayor eficacia de los diputados".

Aquella expresión desató en el pleno camaral el desorden, y las risas interrumpieron momentáneamente a Rodríguez Lozano, quien mantuvo el ritmo de descalificación: "pasan meses sin que las comisiones sesionen; se necesita una reforma integral que obligue a los diputados a asistir a las reuniones, a fijar plazos para que se dictamine, que se establezcan mecanismos para que nadie bloquee los dictámenes que deberán votarse en el pleno".

El presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, Uuc-Kib Espadas, manifestó que el dictamen "con toda franqueza es una opción mediocre, porque no va a modificar dos factores fundamentales, como son las facultades de las comisiones y la obligatoriedad de los dictámenes".

Desde su curul, el priísta César Augusto Santiago preguntó al perredista: "ƑEstá usted de acuerdo en que a la Constitución se le reforme con una propuesta mediocre?"

El perredista respondió: "creo que a pesar de su mediocridad, es una propuesta que mejora el esquema que actualmente tenemos... la existencia de una Comisión Permanente en el siglo XXI es un mecanismo obsoleto que debería desaparecer con la propuesta de sesionar todo el año".

Los cuestionamientos a Uuc-Kib Espadas no pararon ahí. Amador Rodríguez le hizo una pegunta capciosa: Ƒsabe cuántas iniciativas ha aprobado la Cámara entre septiembre, octubre y noviembre?

"No tengo la cifra exacta, pero fue un número ínfimo", respondió el legislador perredista.

Félix Salgado Macedonio respaldó la propuesta, y admitió la "pobreza" de la actual legislatura, donde hay diputados que son "como los salmones, porque desde lejos vienen a echar la hueva a San Lázaro".

Salgado Macedonio dio un vuelco a la discusión, al recordar que unas horas antes existía una versión en el sentido de que había un grupo de legisladores que pugnaban por cargar al presupuesto el costo de un bono de productividad a los diputados para el fin de la legislatura.

Beatriz Paredes reaccionó y solicitó al pleno no caer en la "intervención provocadora" de Félix Salgado, quien desde su óptica pretendía prolongar una "discusión innecesaria".

El priísta Juan Manuel Carreras ocupó la tribuna para argumentar que "sería faltar a la verdad decir que con esta reforma se van a hacer eficientes todos los trabajos de la cámara y que ésta se va a volver más productiva. Lo que sí es cierto es que se pone un elemento para que así pueda ser".

Por otra parte, los diputados avalaron también otra minuta del Senado para que el gobierno disponga de 20 mil millones de pesos que trabajadores depositaron en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, monto que no se ha reclamado por sus dueños a partir de la entrada en vigor del sistema, a principio de los noventa.

De ese monto, mil millones se quedarán en un fondo para los trabajadores que reclamen sus ahorros. Si ese dinero se agota, el gobierno deberá presupuestar más en otros ejercicios fiscales. El resto se distribuirá de así: 11 mil millones para la Financiera Rural, que remplazará a Banrural; 3 mil 500 millones para el IMSS, y los 4 mil 500 restantes se canalizarán al campo.