León Bendesky

Claroscuro

El entorno político del país es de grandes contrastes. Los aspectos más formales de la democracia se han ido haciendo más apreciables y creíbles, sobre todo los que tienen que ver con el voto y las elecciones. Esa no es una cuestión menor en una sociedad que llegó tan tarde a esa expresión básica de lo que llamamos la voluntad popular. Pero eso no abarca la amplia gama de actos y de formas de comportamiento de todas las partes que constituyen la vida democrática de una nación. Los saldos de la reciente democracia mexicana son todavía cuestionables y está asociado con una debilidad estructural de las instituciones que rigen la vida colectiva, incluyendo el funcionamiento de los tres poderes, el de los distintos niveles de gobierno, o bien, la aplicación y el cumplimiento de las leyes y las normas de la convivencia. Estas son manifestaciones de la existencia de profundos desencuentros en la sociedad derivados del modo en que se ejerce el poder del Estado, de distintos grupos y hasta de los individuos.

Algunas de las expresiones de esos desencuentros son muy contundentes y marcan la manera en que se administran los conflictos. Señalo sólo a manera de ilustración asuntos tales como: las protestas contra la construcción del aeropuerto en Texcoco, las fricciones entre grupos que suelen acabar en la muerte como ha sucedido en Chiapas y otras entidades, las disputas recurrentes del gremio de los maestros, los movimientos que se generan en las universidades como ocurrió hace poco en la UNAM, o la estampida en la Cámara de Diputados ocurrida apenas hace unos días. Pero la contundencia de esos hechos, que son visibles, públicos y que se difunden en los medios de comunicación, tiende a ocultar la esencia de las contradicciones que entrañan, lo cual no necesariamente los justifica. Se pierde la capacidad de entender lo que es legítimo y de orientar el desenvolvimiento del país en una dirección consistente con el progreso, el bienestar y la equidad. Hay elementos de esos conflictos que actúan de manera encubierta y que no se prestan a una interpretación que contribuya a ubicar sus componentes y abra los espacios políticamente requeridos para su superación. Eso pasa en todas partes. Pienso, por ejemplo, en problemas como el derrame de combustible del Prestige en las costas de Galicia. Ahí las partes, gobierno, partidos y la población afectada, se han confrontado adjudicándose responsabilidades mientras crece el daño ecológico y económico.

Las contradicciones sociales tienen uno de sus orígenes en el muy desigual acceso a los recursos y en la concentración de los beneficios que hace que unos pierdan y otros ganen. Los primeros son mucho más que los segundos y las tensiones se acrecientan. Así, es difícil comprender las posiciones respectivas y la percepción de los acontecimientos se circunscribe al sentido común que suele asignar a los que protestan una postura intransigente y que provoca molestias, al tiempo que las autoridades aparecen como permisivas o aun incompetentes. Pero el sentido común no alcanza y la organización social prevaleciente no facilita los acuerdos y la superación de las confrontaciones. Esto no justifica la forma de las protestas y tampoco avala incuestionablemente su propia naturaleza. Es ahí, entonces, donde se extraña la existencia del entramado político que posibilita la vida colectiva.

Las recientes protestas de los productores agrícolas por los efectos adversos que va a acarrear la siguiente etapa de desgravación de los bienes de ese sector en el marco del TLCAN, ofrece un caso fiel de la confrontación social. Indica que los medios para hacer efectivo el planteamiento de sus posiciones e intereses no están funcionando. Durante mucho tiempo ha habido grupos que demandan acciones de fortalecimiento de la producción del campo, el Congreso ha debatido y estudiado el asunto, el gobierno ha propuesto medidas de apoyo y argumenta que hay suficientes recursos para proteger a los afectados. Las posturas se contraponen casi diametralmente y se desgastan sus significados. Pero el caso es que la situación se desborda y se genera la violencia, cuyo costo aun ha sido bajo en términos de su daño posible.

Estas circunstancias representan un claroscuro de la política y del discurso de la concertación y el diálogo. No es alentador presenciar escenas de golpes en las calles, en las escuelas o ahora en el Congreso, es una manera de propagar y de reproducir la visión de que la única forma de actuar es mediante la confrontación abierta y desbordada de la que nadie puede ganar nada. Y eso en un país en el que prevalece el incumplimiento de la ley y la impunidad es empujar a la sociedad a un callejón sin salida. El escenario parece ser el de un gobierno que se queda al margen y una sociedad que se siente impotente. La democracia no es una forma perfecta de gobierno, pero cuando está trabada sus beneficios ni siquiera se advierten.