Desacatan empleados de PDVSA el fallo judicial que les ordena volver al trabajo

El ejército venezolano garantiza suministro de gasolina a Caracas

La delegación gubernamental se ausentó ayer de la mesa negociadora sin dar explicaciones

Nuevas marchas en favor y en contra de Chávez; arrecian rumores de golpe de Estado

GERARDO ARREOLA ENVIADO

Caracas, 20 de diciembre. El ejército empezó hoy a movilizar gasolina a Caracas y anunció que en 72 horas dejará restablecido el suministro del combustible en sus niveles normales, mientras miles de directivos y empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) decidieron desacatar el fallo judicial que les ordena volver al trabajo.

El jefe de la guarnición de Caracas, el general de División Jorge García Carneiro, pidió "tranquilidad y confianza" a la población de la capital, que enfrenta una aguda escasez de combustible, reflejada en filas de hasta tres cuadras delante de las estaciones de servicio que aún funcionan.

El paro de labores en demanda de la renuncia del presidente Hugo Chávez y elecciones generales cumplió hoy 19 días sin un horizonte de solución. Por el contrario, la cúpula opositora anunció que mantendrá el movimiento y que prepara una movilización nacional que llegue hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno.

Coincidentemente, la delegación gubernamental se ausentó hoy sin explicación de la sesión ordinaria de la Mesa de Negociación y Acuerdo, en la que actúa como facilitador el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria.

Este día fue de señales cruzadas, típicas de la tensión que vive el país. Intensos rumores de golpe de Estado, de supuestas deserciones militares "espectaculares" y de "inminentes" choques callejeros, se mezclaron con la realización pacífica de dos grandes manifestaciones rivales.

Respaldo militar

El anuncio de García Carneiro fue una nueva muestra del respaldo del alto mando militar a Chávez, después de una declaración de lealtad al mandatario emitida el pasado lunes por el comandante general del Ejército, el general de división Julio García Montoya.

La maniobra de abastecimiento, coordinada por el Ejército con el Ministerio de Energía y Minas, implica la movilización de más de 200 camiones-tanque y empezó el jueves en la noche, indicó García Carneiro.

El presidente de PDVSA informó que "a pesar del chantaje y las presiones", la empresa ha logrado movilizar más de 2 millones de barriles de petróleo.

Las acciones en el frente petrolero se unieron al anuncio del vicepresidente, José Vicente Rangel, de que los bancos volverán el próximo lunes a su horario normal, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en lo que representa la conclusión del paro parcial de labores que mantienen en apoyo al movimiento antichavista.

Los bancos han trabajado tres horas por la mañana desde hace dos semanas, provocando largas filas de clientes, quienes en ocasiones no logran realizar su trámite. El despacho de efectivo en los cajeros automáticos ha sido insuficiente para responder a una demanda sobrecargada.

En la víspera, el ministro de Planificación, Felipe Pérez, había dicho a reporteros que el gobierno consideraba aplicar una sanción a los bancos por faltar a su obligación legal de prestar servicio.

En contrapartida, empleados paristas de PDVSA resolvieron desacatar el fallo judicial que emitió en la víspera la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según el cual deben volver al trabajo provisionalmente, mientras se desahoga un juicio de amparo.

Unos 5 mil trabajadores reunidos en la Quinta Esmeralda de Caracas acordaron "seguir en paro cívico nacional porque la decisión del TSJ no nos obliga a reanudar labores, sino al gobierno a velar por la seguridad de las instalaciones petroleras.

"Ninguna disposición de carácter laboral puede impedir el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos consagrados en la Constitución", dijo a la asamblea Edgar Quijano, directivo despedido de la corporación y ahora lider del movimiento parista.

Agregó que la decisión del TSJ está "viciada de nulidad", y por ello se "considera inexistente".

Otro de los dirigentes de los petroleros paristas, Juan Fernández, afirmó que "las amenazas no quebrantan nuestra decisión de ciudadanos (...) hemos tomado la decisión individual de apoyar este paro cívico nacional".

El vicepresidente Rangel dijo que la decisión judicial debe ser obedecida por todos. "El gobierno nacional ha discrepado de algunas decisiones del más alto tribunal de la república, pero siempre las ha acatado".

El litigio de inmediato asumió un perfil político y se convirtió en una prueba de fuerza entre el gobierno y la oposición, con los jueces de por medio.

El martes pasado el director adjunto y gerente general de Producción de la División de Occidente de PDVSA, Félix Rodríguez, solicitó un amparo de la justicia contra acciones de la asociación civil Gente del Petróleo, que agrupa a los paristas.

Rodríguez argumentó que el paro de labores promovido por ese grupo puede desembocar en "caos social", que amenazaría el orden público, además de lesionar derechos de la empresa y de la sociedad.

La sala se declaró competente para conocer el caso y notificó a dirigentes de Gente de Petróleo que serán convocados a una audiencia oral sobre el fondo del conflicto, de todo lo cual fueron también informados el fiscal general, Isaías Rodríguez y el defensor del pueblo, Germán Mundaraín.

Mientras desahoga la esencia del pleito, el TSJ acordó una "medida cautelar" que ordena a "todas las autoridades y particulares vinculados con el restablecimiento de la actividad económica e industrial" de PDVSA que acaten todos los decretos y resoluciones oficiales tendientes a reanudar la operación de la empresa.

El TSJ dijo que la desobediencia a su mandato supondrá un desacato a la autoridad, para el cual están previstas sanciones de entre seis y 15 meses de cárcel.

La reunión diaria de la mesa negociadora fue suspendida por ausencia de la parte gubernamental. En la víspera, Gaviria había anunciado que por primera vez desde que se inició ese mecanismo se discutieron alternativas electorales.

También el jueves la Asamblea Nacional empezó a considerar opciones de reformas legales para encontrar una base a eventuales acuerdos políticos que faciliten la salida de la crisis.

Los legisladores examinan propuestas como la reducción del periodo presidencial, de seis a cuatro años, la relección de diputados y la posibilidad de comicios en el primer semestre del año próximo.

La oposición lanzó en la jornada una nueva prueba de fuerza, en lo que llamó la megamarcha o toma de Caracas. Durante más de cinco horas columnas procedentes de distintos puntos de la capital caminaron hasta la Plaza Venezuela, donde concluyó la concentración.

Poco más tarde, una multitud de chavistas se concentró hasta llegar a una de las sedes de PDVSA en la ciudad, donde Rangel dijo que "existe una oposición democrática que respetamos, pero también hay un sector golpista y terrorista, y con ése no queremos absolutamente nada".

"Puñal en la cintura"

En alusión al clima de rumores que hoy, más que otros días, cimbraron a Caracas, Rangel dijo que "algunos tenían un puñal en la cintura", y reiteró la advertencia oficialista de que entre los escenarios de la crisis está incluido el asesinato de Chávez.

Por la noche, la oposición refrendó el discurso duro. "No habrá Navidad para la familia venezolana", expresó el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, anunciando que el paro seguirá en forma virtualmente indefinida. "El 24, el 25, el 31, el día primero, aquí seguiremos dando parte", añadió, en alusión al informe que presenta diariamente en nombre del "comité de conflictos" del movimiento.

Otro de los líderes opositores, Carlos Fernández, presidente de la cúpula empresarial Fedecámaras, anunció una marcha nacional a Caracas que buscará llegar al Palacio de Miraflores.

El pasado 11 de abril una manifestación opositora enfiló hacia la sede gubernamental, cerca de la cual se suscitó un choque con oficialistas que degeneró en violencia armada y culminó en el efímero golpe de Estado que depuso a Chávez durante tres días. "El desenlace se acerca", sostuvo Fernández.