León Bendesky
Energía
Las costas de Galicia están negras por el petróleo que ha derramado el Prestige. Un accidente sin duda, cuando menos en el sentido de que no hubo premeditación para derramar el crudo en una zona con enormes recursos e intensa actividad pesquera. La economía de la región está fuertemente afectada y con ello la vida de los pescadores y, además -cosa que no debe olvidarse-, la brutal belleza de las rías y los puertos de esa parte del mundo.
Accidente como tal, pero enorme lío por su manejo técnico en cuanto a las maniobras hechas con el barco averiado, especialmente por la manera en que se ha administrado políticamente la labor de control y de limpieza de la marea negra. Al gobierno español le ha tomado mucho tiempo empezar a actuar, ha mostrado desorientación y sus límites ante el desastre ecológico. A nosotros nos recuerda la forma en que la sociedad desbordó a un gobierno pasmado cuando el gran sismo de 1985 en la ciudad de México.
Galicia es hoy una lección de varias cosas. Una tiene que ver con el negocio del petróleo, que opera con muy pocos controles en cuanto a la explotación y el transporte. Esto no está desligado, por supuesto, de hechos como la reciente venta de la petrolera Slavneft, que se disputaban los grupos políticos asociados con los jefes Yeltsin y Putin, y que ha sido calificada en la prensa internacional de un nuevo escándalo de las privatizaciones en Rusia.
Una de las empresas compradoras, la TNK de Mijáil Fridman, controla la firma Crown Resources, que fletó el Prestige y que ahora, lejos de aceptar responsabilidad alguna por el estado del barco, va a exigir una indemnización. Hay detrás toda una cadena de operaciones turbias, desvíos fiscales y venta de influencias que caracterizan buena parte del negocio petrolero en el mundo.
Las repercusiones del funcionamiento de ese mercado son globales y de diverso tipo: desde la misma explotación de los recursos naturales con las fluctuaciones de los precios y la gran concentración de las ganancias hasta los movimientos de capitales legales e ilegales, el privilegio de grupos cercanos a las grandes mafias y también las debacles ecológicas.
La otra lección que debe derivarse de la cuestión gallega, aunque de modo menos directo y referido al largo plazo, tiene que ver con el uso de los recursos energéticos.
La mancha negra que han dejado antes el Exxon Valdes y hoy el Prestige, entre otros, trae a debate el asunto de la energía y del papel preponderante que aún tiene el petróleo. Para México éste es un debate asociado con las estrategias de desarrollo, siendo como es un país con abundancia de recursos e hidrocarburos.
La manera en que se ha ido discutiendo el asunto en torno a la apertura del sector a la inversión privada ha sido insuficiente y miope. El petróleo y el gas -y Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- deben ser el centro de una política energética para el desarrollo.
Al parecer el mundo seguirá dependiendo de los combustibles fósiles (carbón e hidrocarburos) por un buen tiempo.
Actualmente el consumo mundial de energía primaria se basa en esos recursos (74.2 por ciento), le siguen los combustibles renovables como agua, biomasa, sol, aire (19.5 por ciento) y la energía nuclear (6.3 por ciento). La sustitución de los materiles fósiles por fuentes alternativas de energía como el hidrógeno están aún lejos técnica y económicamente, pero los grandes cambios tecnológicos no deben subestimarse. El Consejo Mundial de la Energía, con base en Londres, ha propuesto dos escenarios para la mitad del siglo xxi. El primero se considera "invivible", ya que se mantiene la estructura actual de las fuentes energéticas; el segundo lo modifica sensiblemente en favor de las fuentes renovables y de la energía nuclear. Todo ello para satisfacer un aumento sostenido de la demanda de energía que se estima en el orden de 5 a 10 por ciento anual en los países en desarrollo y de 2 por ciento en los industrializados, con base en una proyección de crecimiento poblacional de 6 mil a 9 mil millones de habitantes en el mundo hacia 2050.
Hoy el petróleo sigue siendo fuente de riqueza para el país, aunque con una gestión financiera muy cuestionable y con poca proyección de Pemex y la CFE como factores centrales de la política energética y de desarrollo. Estas empresas podrían conformar entidades estatales autónomas en su gestión, operación y capacidad de desenvolvimiento científico y tecnológico, ampliando el margen de utilización de los recursos renovables y no renovables del país para el sustento de la creciente demanda de energía que habrá por la sola presión demográfica, y que podría ser la base de un proceso virtuoso de expansión económica y mejoramiento social. Esto abre un horizonte distinto de gestión social en el país, capaz de modificar, por un lado, el entorno de estancamiento de largo plazo que se padece y, por el otro, de aplicar medidas activas y propositivas que se adelanten a los conflictos que necesariamente envolverán la generación y uso de energía en una sociedad con grandes desigualdades que enfrenta cambios económicos de profundidad.
