Piden ONG ayuda a AI para que los liberen, en Juárez

Denuncian tortura a 2 sujetos acusados de asesinar mujeres

Se les responsabiliza de la muerte de ocho jóvenes

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Organismos defensores de derechos humanos iniciaron ayer una campaña a favor de la liberación de Víctor García Uribe y Gustavo González Meza, acusados por el homicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez, pero que presuntamente rindieron su declaración bajo tortura.

Al hacer la presentación de la campaña, Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró positivo el anuncio del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, de que abrirá una queja de oficio sobre las mujeres asesinadas en Juárez, pero consideró que no tiene caso abrir un expediente y luego no darle seguimiento, como ha ocurrido en otras ocasiones.

La abogada se quejó de que la CMDPDH no ha sido recibida por Soberanes para tratar el tema de las mujeres asesinadas en Juárez, no obstante que esta agrupación le ha solicitado audiencia en reiteradas ocasiones.

En conferencia de prensa recordó que el 7 de agosto del año pasado el Comité para la Eliminación de las Formas de Discriminación a la Mujer emitió un recomendación al gobierno mexicano sobre los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua, que ya suman aproximadamente 300.

Como parte de la campaña, las ONG presentaron ante Amnistía Internacional la solicitud de que se reconozca a García Uribe y Gustavo González como inocentes, por la tortura recibida y las irregularidades en el proceso, y se continúa con la presentación de los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta dictó ya medidas cautelares para Sergio Dante Almaraz, abogado que lleva el caso, y para Miriam García y Blanca Guadalupe López Avalos, esposas de los acusados, por considerar que su vida e integridad personal se encuentran amenazadas.

García Uribe y González Meza fueron detenidos el 9 de noviembre de 2001, desaparecidos por dos días y torturados por un grupo de agentes policiacos encapuchados. El 11 de ese mes fueron presentados por la Procuraduría estatal como responsables de los homicidios de las mujeres que recientemente habían sido localizadas. Como prueba se presentó una confesión firmada y un video "evidentemente manipulado".

Almaraz señaló que los acusados declararon haber sido torturados durante el interrogatorio, pero el juez omitió dar fe de ello. Posteriormente, el abogado Mario César Escobedo obtuvo fotografías que evidenciaban la tortura, pero fue asesinado el 5 de febrero de 2002 por agentes judiciales.

Expuso que durante las investigaciones se presentaron una serie de irregularidades, como la presentación fuera de tiempo de las pruebas de ADN de las mujeres asesinadas. Finalmente las pruebas de los cuerpos no coincidieron con los nombres que se consignaron en la confesión de los acusados.

Almaraz consideró que el gobierno del estado debería explorar otras líneas de investigación, como el tráfico de órganos, y que también están comenzando a desaparecer hombres jóvenes.

Carmona señaló que la comisión y la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) están denunciando que en Chihuahua hubo encubrimiento de la práctica de la tortura no sólo del gobierno sino del Poder Judicial.

Por eso consideró que la liberación y un reconocimiento del uso de la tortura ayudarían a que las organizaciones civiles confíen en las investigaciones que realiza el gobierno de Chihuahua. "No podemos seguir confiando en un juicio o una investigación que están sustentados en la tortura", advirtió.