Cuestiona la actuación de ambas dependencias

Plantea Corral revisar las áreas jurídicas de SCT y Gobernación

''Sé que políticamente es mal negocio para mí no darle la razón a Tv Azteca'', señala Diego Fernández de Cevallos

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, el panista Javier Corral Jurado, planteó que se revise "con verdadero rigor" el aparato jurídico de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, por las acciones que tomaron en relación con el conflicto entre Canal 40 y Tv Azteca. Mientras, la dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, mostró su satisfacción luego de conocer que el gobierno federal había regresado las instalaciones del cerro del Chiquihuite a Televisora del Valle de México.

En tanto, el líder de la fracción panista en el Senado, Diego Fernández de Cevallos, señaló que más grave que el "asalto" cometido por Televisión Azteca al tomar por la fuerza las instalaciones de CNI Canal 40, han sido las omisiones del gobierno, porque "ningún país civilizado en el mundo puede vivir casi 30 días de indefiniciones, de jaloneos, de dimes y diretes en donde está de por medio una señal del Estado, que debe estar bajo la responsabilidad del Estado".

El senador Corral insistió en que el desenlace de ayer "debió haber ocurrido semanas atrás: restituir la señal y restablecer el estado de derecho, que fue vulnerado de manera franca y abierta por un particular; era lo ético y lo jurídicamente conveniente''. Resaltó la conveniencia de que las secretarías de Comunicaciones y de Gobernación "revisen su actuación en este caso".

Por la mañana, y una vez enterado que el juzgado primero de distrito se deslindó de la resolución de la SCT, que delegaba a las autoridades judiciales resolver a qué empresa debía devolver la señal, el panista aseveró que con dicha resolución "no hay nada más que hacer, sino acatarla y cumplir la ley". Corral, apuntó que con esa acción -de no entregar la concesión- "el gobierno se exhibe a cada minuto. Hay una exhibición brutal del gobierno", por ello, debe acatar ya la resolución que le ordena entregar las instalaciones.

Más tarde, en entrevista, y una vez que la SCT entregó la señal a CNI, el senador dijo que esa acción es un primer paso que reconstituye el estado de derecho, pero destacó que ello es un logro de la opinión pública y de los sectores comprometidos con la democracia. También, hizo un reconocimiento a la actuación del Poder Judicial, pues -dijo- su decisión fue muy importante. "He dicho que es una esperanza para México el poder contar con un Poder Judicial que esté dispuesto a ser un árbitro imparcial de la transición y un garante de la legalidad".

Lo que sigue ahora -precisó- es iniciar el proceso legislativo de manera formal para una nueva Ley de Radio y Televisión. "No hay mejor momento, no lo ha habido en los últimos 20 años para acometer una reforma de la ley que ya demostró sus ambigüedades".

Sobre este particular, Teresa Gómez Mont, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, destacó que el conflicto entre ambas televisoras evidencia que el régimen de concesiones "es muy vulnerable", ya que en el pasado "los concesionarios se sentían tranquilos de acordar con el gobierno, y hoy ven que eso no es suficiente y que en la ley, en la nueva Ley de Radio y Televisión debe quedar perfectamente claro cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de los concesionarios".

Recordó en entrevista que en la reforma del Estado no sólo se contempla la adecuación legal de los poderes, sino la reforma de los medios de comunicación.

Luego de rechazar que esté detrás de la defensa legal de Canal 40, Fernández de Cevallos indicó que antes de la toma de las instalaciones del cerro del Chiquihuite, por parte de guardias de Televisión Azteca, había sido consultado por las dos partes en conflicto con el ánimo de conocer su opinión jurídica, lo que le obliga a evitar en todo momento tener participación directa a favor de la televisora de Ricardo Salinas Pliego o la de Javier Moreno Valle.

Aseguró que, en su momento, a cada una de las empresas les dio su opinión de buena fe y de manera gratuita, sólo con el ánimo de que pudieran entenderse y resolver de manera rápida una diferencia que está afectando una señal que es del Estado y que debe estar sirviendo a la sociedad.

"Se trata de un asunto sumamente grave, delicado y complejo, pero creo que ha pasado muchísimo tiempo en una diferencia entre particulares, donde cada una de las partes puede tener algún grado de razón en los argumentos que manejan, pero en donde la ley, la razón y la justicia inevitablemente nos llevan a que el primer paso debe ser la restitución de la señal al concesionario que es Canal 40", expuso Fernández de Cevallos.

En entrevista telefónica que concedió a un noticiario de radio de la ciudad de Monterrey, que conduce el periodista Héctor Benavides, el panista sostuvo que "los negocios, los tratos, los contratos, los adeudos, los dineros, ocupan un lugar muy respetable, pero diferente porque una cosa es el negocio y los derechos que pudiera tener Televisión Azteca y otra cosa es una cuestión de ocupación de la señal y de un asalto que en la madrugada se dio, por más que lo quieran camuflar con notarios públicos y con lo que quieran, (pues) toda la sociedad sabe que hubo de por medio un acto violento y tan es así que la PGR consignó a un juez penal a los presuntos responsables de un despojo".

Insistió en que no tiene interés económico en el caso y que su opinión la da en calidad de ciudadano y senador de la República, respecto de un asunto grave para el país. "Sé que políticamente es mal negocio para mí no darle la razón a Televisión Azteca, y que políticamente sería mucho más redituable decir que está haciendo bien el gobierno de la República, pero si mi conciencia me dice que no, porque la ley está siendo claramente incumplida y no respetada, creo que mi obligación es enfrentarme respetuosamente a lo que ha hecho y no ha hecho el gobierno, y a lo que pueda convenir a Televisión Azteca", afirmó.

Lo verdaderamente lamentable no es que los señores Ricardo Salinas Pliego y Javier Moreno Valle no se hayan puesto de acuerdo, sino que, en este país hasta hoy, no haya habido una sola autoridad que ponga orden, concluyó.

VICTOR BALLINAS, MATILDE PEREZ, CIRO PEREZ Y DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL