Certificar la asistencia es buena medida, pero se requiere capacitación y recursos

Condicionan ONG escrutinio del DIF

Que no se convierta en sinónimo de represalia contra quienes han sido críticos, solicitan

CAROLINA GOMEZ MENA

Las organizaciones civiles que atienden a niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad consideran que la propuesta del Sistema Nacional para la Atención Integral de la Familia (DIF) de certificar su quehacer social es una buena medida, siempre y cuando vaya acompañada de procesos de fortalecimiento en capacitación y recursos, a este escrutinio se sometan las instancias gubernamentales y se generen normas oficiales de asistencia social.

Hace algunos días, María Eugenia Reza Cervantes, directora de Modelos de Atención del DIF, declaró que para promover la profesionalización de la asistencia social para la infancia, el DIF certificará y regulará dicha actividad con la emisión de normas mexicanas de observancia voluntaria. Esta medida es bienvenida por diversas agrupaciones civiles, pero advierten que se debe cuidar que la certificación no se convierta en sinónimo de represalia en contra de las organizaciones que han sido críticas con la actividad del DIF.

Entrevistados por separado, los directivos de Casa Alianza, la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia y de la institución El Caracol estimaron que es prioritario profesionalizar el quehacer social destinado a la niñez, aunque resaltaron que "el buen juez por su casa empieza".

El doctor Ricardo Camacho Sanciprián, director nacional ejecutivo de Casa Alianza, subrayó que puesto que para brindar asistencia social a menores "no basta la buena fe, sino que es necesario ser un profesional" en el ramo, es positivo que el gobierno tenga la intención de "supervisar, asesorar y capacitar" a las instancias civiles, pero discrepó en que a cambio el DIF deba destinarles recursos.

El titular de esta institución, que atiende alrededor de 2 mil niños en situación de calle al año, sostuvo que Casa Alianza está dispuesta, si se le convoca, a formar parte del futuro comité técnico nacional de asistencia social (órgano que generará las normas), pero estimó que las normas deben tener carácter obligatorio, es decir, deben ser NOM (Norma Oficial Mexicana).

Para Juan Martín Pérez, directivo de El Caracol, que también trabaja con niños de la calle, la certificación podría ser una "garantía para obtener recursos públicos, porque finalmente hacemos parte de la tarea que le compete al gobierno", y agregó que lo ideal sería que la certificación "dé prioridad al alcance de los programas" y no ponga énfasis en aspectos estéticos de las ONG. Asimismo, consideró que a todas aquellas organizaciones que "no pasen la certificación se les debería dar tres años de gracia", tiempo en el que, dijo, se les debería brindar capacitación y recursos para mejorar su trabajo.

Según Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia -la cual agrupa a 55 organizaciones de ocho estados-, aunque es necesaria la certificación para evitar oportunismos, es peligroso plantear estas estrategias "cuando pueden conjugarse con tiempos electorales". No obstante, dijo que la Red está dispuesta a someterse a ese escrutinio, aunque las propuestas deberían contemplar financiamiento público y fondos gubernamentales, "para no depender de la venta de medallitas (en referencia a las medallas del programa De la Calle a la Vida), sino de fondos fijos".