EL CAMPO ANTE EL TLCAN

Diagnóstico solicitado por diputados alertaba sobre efectos negativos del tratado

Paredes ocultó advertencias de expertos

Los consultores critican la desaparición de apoyos internos, ya que no están prohibidos

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

La entonces inminente apertura a los productos agrícolas de Estados Unidos, en vigor desde el primer día de este año, propició que en abril de 2001 la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados solicitara un estudio sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el campo mexicano.

Concluido el diagnóstico, la priísta Beatriz Paredes lo guardó casi un año, impidiendo la difusión de su contenido. Hace unos días el perredista Martí Batres lo recuperó y descubrió una advertencia desalentadora para los productores: se preveía un alza en importaciones agrícolas de 11.8 por ciento entre ese año y 2003.

En ese rango, uno de los productos agropecuarios cuya importación irá en aumento será el maíz -considerado de suma importancia en la dieta de los mexicanos-, con una tasa de crecimiento promedio de 52.4 por ciento.

El trabajo de análisis elaborado por Consultores en Economía Regional e Internacional destaca que el gobierno de México es responsable de las condiciones del campo mexicano porque "ha interpretado las normas del GATT y de la OMC como una prohibición casi absoluta a la canalización de recursos públicos al campo". Aunque esa pudiera ser la meta del organismo, y de algunos gobiernos, lo convenido en la Ronda Uruguay, que es lo vigente, permite todavía un amplio margen de maniobra para la acción promotora y de apoyo del Estado.

"Si este margen de acción sectorial no se utilizó en el pasado y tampoco en el presente no se debe a las fuerzas del exterior, ni a aquellas asociadas con el funcionamiento de los mercados, sino a las decisiones deliberadas de los conductores de la política económica."

La recomendación para la Cámara de Diputados frente a la apertura comercial en el ámbito agrícola es que exija explicaciones al Poder Ejecutivo sobre la conducción de la política agropecuaria, para reducir la discrecionalidad casi total en la toma de decisiones en temas de la política económica y comercial.

Las interrogantes planteadas por el Legislativo al Ejecutivo, en primera instancia, serían las siguientes: Ƒpor qué se decidió la desaparición de apoyos internos cuando su mantenimiento no es prohibido por las disposiciones del TLCAN ni por las del GATT-OMC?

"ƑPor qué los subsidios a la exportación de productos agropecuarios fueron desaparecidos prácticamente, cuando los márgenes de maniobra con que se cuenta habrían permitido mantenerlos de manera selectiva, con lo que se habría ayudado a generar mejores condiciones competitivas nacionales sin apartarse de lo establecido en los acuerdos internacionales? En relación con éstos, como los emanados de GATT-OMC, Ƒcuál es el estatuto de México? ƑSe trata de un país en desarrollo o un país desarrollado?"

En medio de aquellas dudas, el análisis de la realidad del campo mexicano elaborado desde hace dos años para la Comisión de Agricultura y Ganadería advertía que se fijó una tasa de crecimiento para la economía mexicana en 2001 de alrededor de 1.5 por ciento, y se preveía que lo hiciera 5.3 en 2002 -que no se cumplió- y 4.4 en 2003 -se ubicó en 3 por ciento-, por lo que se espera que la producción agropecuaria nacional suba a tasas menores a las de la economía en su conjunto.

"Posiblemente la demanda alimentaria no se verá satisfecha por la oferta nacional y se tengan que importar productos agropecuarios. Se espera que estas importaciones crezcan 11.8 por ciento en promedio para el periodo 2001-2003. Uno de los productos agropecuarios que se seguirá importando será el maíz, con una tasa de crecimiento promedio de 52.4 por ciento."

El diagnóstico también advierte la inacción gubernamental porque poco hizo para diseñar y poner en práctica las políticas que mitiguen los impactos negativos del TLCAN, y en general de la apertura comercial sobre el sector agropecuario.

"Se ha diseñado un discurso alrededor de la reconversión productiva, pero no se ha dado lugar a la formulación de programas y planes de acción específicos que fijen hacia dónde, cómo y con qué recursos se podrán trasformar patrones de cultivo que reconocen una enorme tradición en las áreas rurales. Hay una ausencia casi total de programas de fomento económico regional y microrregional que se oriente al desarrollo de las cadenas de valor asociadas a la producción local."

Hace año y medio los diputados de la Comisión de Agricultura debían haberse enterado de las consecuencias de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLC. Incluso, el documento contemplaba que la idea de renegociar el acuerdo comercial era inviable, y vislumbraba la escasa disposición del gobierno del presidente Vicente Fox por hacerlo.

"Intentarlo tendría una serie de costos directos e indirectos, difíciles de estimar en este momento no sólo porque se desconocen los agravios que sus socios comerciales pudieran imputar a México, sino por los efectos colaterales que ello aca-rrearía a otros sectores económicos y productivos. De cualquier manera, sería un proceso lento y de resultados impredecibles que en nada beneficiaría en el corto plazo a los agricultores y ganaderos mexicanos. Se considera que no existe disposición en el gobierno para emprender una acción de esta naturaleza. Por último, Ƒquién, cómo y con qué criterios fijará los objetivos de esta hipotética renegociación del capítulo agrícola del TLC?"