Carlos Fernández-Vega

Argentina: encarecimientos para pobres, beneficios para ricos

Duhalde compensa a los grandes consorcios

CUMPLIDOR CABAL QUE ES, el gobierno argentino de inmediato comenzó a socializar los "beneficios" implícitos en el recientemente firmado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

EL PRESIDENTE EDUARDO Duhalde lanzó un decreto por medio del cual autoriza incrementos de entre 7 y 9 por ciento en las tarifas de los servicios públicos (en especial las de electricidad y gas) "para compensar a las empresas" por el impacto devaluatorio del peso frente al dólar. "El aumento surgió como demanda de las empresas que, de otra forma, hubieran tenido problemas para la prestación de servicios", de acuerdo con el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof.

DE TIEMPO ATRAS, pero especialmente desde diciembre de 2001, los argentinos sufren la peor crisis económico-financiera de su historia, sorteando, entre otras muchas cosas, un desempleo galopante, una inflación devastadora y el desplome de los indicadores sociales. Durante meses el gobierno les aseguró que un acuerdo con el FMI era necesario para dejar atrás el caos.

EL ACUERDO FIRMADO está y a partir del más reciente decreto de Duhalde los argentinos recibirán más, mucho más, de lo mismo, aunque -eso sí- podrán presumir ante la comunidad internacional que sus niños se siguen muriendo de hambre, pero que el problema de la deuda externa, a corto plazo, está superado.

EN ARGENTINA, COMO en la mayoría de la comunidad de naciones, las empresas piden y los gobiernos conceden. Mientras la mitad de los argentinos sobrevive en condiciones de pobreza -18 por ciento de la población económicamente activa está desempleada y hace frente a los efectos de una devaluación superior a 70 por ciento y una inflación cercana a 87 por ciento en la canasta de productos básicos-, los consorcios eléctricos, telefónicos y gaseros -controlados, en su mayoría, por capitales europeos- pidieron pan y el gobierno, faltaba más, se los dio de inmediato.

COMO SUELE ACONTECER en estos casos, el jefe de gabinete del presidente Duhalde aseguró que "miles de usuarios" resultarán beneficiados "con una tarifa que contempla la situación de las familias de menores de ingresos" (¿dónde hemos escuchado esta afirmación? ¿México, febrero de 2002?)

DE ACUERDO CON UN reporte de Reuters, entre los consorcios beneficiados por el decreto presidencial se encuentran las subsidiarias de la española Telefónica, Telecom Italia, France Telecom, Electricité de France y la británica BG Group. Las firmas asumen parte de sus costos y deudas en dólares, pero sus ingresos son en pesos argentinos, de tal suerte que han advertido que a mediano plazo no podrán mantener la operación de los servicios.

EN NOVIEMBRE el gobierno argentino autorizó un incremento de igual proporción al ahora oficializado, pero no llegó a aplicarse porque fue frenado por la justicia. Para evitar que el aumento sea nuevamente cuestionado por los tribunales, el presidente Duhalde firmó el decreto que devuelve a su administración la capacidad de disponer movimientos alcistas en las tarifas de los servicios públicos "a cuenta de futuras negociaciones de los contratos".

DE ACUERDO CON información oficial, en 2002 el índice general de precios en Argentina aumentó aproximadamente 40 por ciento. Sin embargo, se estima que 75 por ciento de los productos incluidos en dicho índice pertenecen a la canasta de consumo básico y sus precios -sólo en ese año- crecieron alrededor de 87 por ciento.

EL MINISTERIO DE Economía ha reconocido esta delicada situación y por ello "evalúa medidas para revertir el incremento, entre las que se cuentan un alza de los impuestos a las exportaciones". Esta no se ha concretado, pero sí el aumento a las tarifas y su efecto sobre los consumidores de menores ingresos.

EL CUMPLIDOR GOBIERNO de Duhalde está feliz porque de inmediato respondió a las exigencias del FMI y sus asociadas, aunque entre los consumidores no prevalece el mismo espíritu.

EN ESTE SENTIDO, organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores de Argentina tajantemente rechazaron las alzas en las tarifas de la electricidad y el gas decretadas por el gobierno, y anunciaron que recurrirán a la justicia para impugnar la medida. De acuerdo con el diario argentino Clarín, citado por Notimex, las objeciones judiciales serán presentadas por la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la República Argentina (Adecua) y la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires.

LAS ENTIDADES impugnarán los aumentos de tarifas ya que, a juicio de Ariel Caplán, abogado vinculado a la defensa de los consumidores, "está claro que no hay necesidad ni urgencia" de realizar los cambios en los precios de los servicios. El gas subirá 7.2 por ciento en promedio para los usuarios de la capital argentina y el Gran Buenos Aires, mientras el incremento de la electricidad para esa misma zona será de 9 por ciento en promedio.

Las rebanadas del pastel:

EN MEDIO DE LA MEGAmarcha convocada por distintas organizaciones campesinas, el secretario de Agricultura y conexos, Javier Usabiaga, intentará asistir hoy viernes a la Cámara de Diputados, para detallar los "avances" de la dependencia a su cargo... En su encuentro con los legisladores, el Rey del ajo no tendrá mucho de qué hablar, pero los inquilinos de San Lázaro sí podrán pedirle explicaciones sobre sus negocios privados que, dicho sea de paso, funcionan de maravilla... Entre ellos, de acuerdo con amplio reportaje que sobre el tema publicó la revista Vértigo, se cuentan el Grupo Agropecuario del Bajío, Invernaderos Arroyo, Dobesa, Covemex, Comercializadora GAB, Sube del Bajío y Susazón, además de sus ranchos Los Aguilares, El Pato y otro en San Miguel Allende, todos en Guanajuato... Vértigo, que dirige Julio Derbez del Pino, señala: "Nadie se atreve a imputar la fortuna de Javier Usabiaga Arroyo a la malversación o el desvío de fondos públicos, pero muchos entrevistados en Guanajuato sí critican que él y su familia realicen una serie de prácticas poco honestas para engrandecer su emporio. Si bien es cierto que el exitoso secretario de Agricultura y su familia heredan propiedades y saben explotarlas, no se atribuye su acelerado enriquecimiento tanto a los apoyos gubernamentales a la agricultura o a los bajos salarios que dan a sus trabajadores, como a la afirmación de que realizan una actividad más rentable: la intermediación, mejor conocida como coyotaje".