Guatemala: el genocidio impune

Critica abogado de Menchú la "claudicación ética" de la Audiencia Nacional de España

BLANCHE PETRICH Y VICTOR BALLINAS

La negativa de la Audiencia Nacional de España para iniciar un juicio por genocidio contra el ex presidente golpista de Guatemala Efraín Ríos Montt (1982-1983) y otros siete militares constituye "una clarísima claudicación ética" de sus magistrados, señaló el abogado argentino Eduardo Salerno, autor de la demanda presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en diciembre de 1999 y apoderado legal de la activista quiché.

Un año después de presentada la demanda, la fiscalía de la audiencia rechazó conocer el caso, argumentando que los crímenes de lesa humanidad denunciados por Menchú son "cosa juzgada" en su propio país y constituyen hechos de "derecho de guerra", extintos una vez concluido el conflicto armado. Apoyada por otros ciudadanos guatemaltecos y organismos humanitarios que se sumaron a la querella legal, Rigoberta Menchú apeló de esa primera resolución. Desde entonces se espera la respuesta al recurso. Por haber presentado esa querella, uno de los militares la acusó de "traición a la patria".

El jurista Salerno teme que la respuesta sea nuevamente de rechazo. Pero advierte: "En el momento en que sea formalmente rechazada la demanda penal la vamos a volver a presentar. Con la premio Nobel vamos a ir a Marte si es necesario, con tal de lograr el ejercicio de la acción penal en este caso".

Salerno asistió en días pasados a un seminario internacional sobre el derecho universal aplicado a delitos de lesa humanidad, celebrado en el Senado y en la Facultad de Derecho de la UNAM. En entrevista explicó el estado que guarda la denuncia por genocidio ante la Audiencia Nacional española, a la que criticó duramente. "No está mirando tanto hacia Guatemala; su mirada está puesta a sólo metro y medio de sus narices. Los fiscales españoles tienen claro que hubo un genocidio en Guatemala. No lo discuten, no lo cuestionan. Al contrario, en la redacción de sus resoluciones está implícito el reconocimiento de que se trata de un genocidio."

En efecto, en el informe de la Comisión sobre el Esclarecimiento Histórico -agrupación investigadora que fue resultado de los acuerdos de paz- se determina claramente que los hechos represivos ocurridos durante 30 años de conflicto armado en ese país centroamericano se tipifican, sin lugar a dudas, como genocidio. Sin embargo, pese a que hay 200 mil asesinatos en ese país de cerca de 10 millones de habitantes, y de que se señala como responsables de la mayor parte de éstos a miembros de las fuerzas armadas, en la época de la posguerra en Guatemala, de 1996 a la fecha, no ha procedido juicio alguno por ninguno de estos hechos, pese a que se han abierto litigios emblemáticos. En varios de ellos, como el del asesinato de la antropóloga Mirna Mack y el de la matanza de Xamán, Alta Verapaz (11 campesinos, entre ellos dos niños, asesinados por soldados durante una incursión a una comunidad de ex refugiados de México en 1995), Eduardo Salerno ha fungido como abogado. El mismo es sobreviviente de los campos de concentración de Argentina.

Salerno recordó cómo en un momento determinado juristas y abogados conservadores españoles trataron de ridiculizar el gesto de Menchú de acudir a la Audiencia Nacional para enjuiciar ahí a Ríos Montt y varios generales más. El proceso en Madrid contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet acababa de concluir y avanzaba también con éxito el caso de las denuncias de víctimas y sobrevivientes argentinos contra los militares golpistas de su país.

La premio Nobel vio en esa instancia una ventana abierta para llevar a juicio a los genocidas que en su propio país gozan de impunidad y poder político.

"La burla era de que querían que España se transformara en un tribunal universal para todas las causas de los desvalidos de la Tierra. Pero resulta que hay fundamentos de peso y de derecho que no solamente facultan, sino que obligan a la audiencia española a abocarse a un tema como éste. Lo que pasa es que ellos crearon algo que creyeron que podían manejar y que ahora, desde sus conveniencias políticas y de corto plazo, no pueden. Por conveniencia política no quieren aceptar ni pagar el peso político que significa fundamentar una sentencia nugatoria de la jurisdicción universal. Si los fiscales españoles se manejaran con la ley en la mano, y no con criterios de política interna, tendrían que dar cabida al caso Guatemala."

Salerno insiste en que el caso guatemalteco presentado para ser juzgado en España por genocidio es mucho más claro que el argentino o el de Chile. Puntualiza que la actuación de la Audiencia Nacional "ha sido aberrante", porque en la demanda hay casos de rapto de menores. Es la denuncia de Adriana Portillo, cuyos hijos son secuestrados-desaparecidos. "Muy bien podrían haber dictado una medida tratando de investigar esas cosas hasta que se resolviera lo de fondo. Al no iniciar una averiguación la Audiencia Nacional está violando la Convención sobre el Derecho del Niño, entre otras".

Esta causa, la número 331-99, fue rechazada por los fiscales españoles por considerar que no se habían agotado en Guatemala las instancias internas para hacer justicia. "Esto -opina Salerno- es una barbaridad, porque como bien se sabe, si hay un aparato de justicia monitoreado y denunciado en el mundo como absolutamente inepto es justamente el de Guatemala."

También sostuvieron los magistrados españoles que desde la publicación del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico "no ha pasado tiempo suficiente como para ver si la justicia actuó".

Otra barbaridad, según el jurista argentino: hay casos como el de la matanza en la embajada española (que precisamente hoy cumple su 23 aniversario) y en la que no ha habido acción judicial alguna. El 31 de enero de 1980, el ejército asaltó violentamente e incendió la representación del gobierno español en la capital guatemalteca, quemando vivos a nueve campesinos que protestaban pacíficamente en el inmueble y a dos empleados españoles. Entre los muertos se encontraba el padre de Rigoberta, Vicente Menchú.

Argumenta Salerno: "Uno juzga la actividad jurisdiccional a partir del ejercicio de la acción penal. Si no se investiga, si no se hace nada, no está ejerciendo la acción penal. Lo que ha pasado en Guatemala desde entonces hasta aquí es que ha habido una denuncia por genocidio que se ha quedado en el ámbito del Ministerio Público, que no es el ámbito judicial, y se ha quedado ahí, está empantanada. Hay que ser muy cara dura si uno es abogado o conoce algo de derecho para sostener que es posible en Guatemala aplicar justicia en el caso de juzgamiento a militares".

Agrega que en Guatemala hay "una prestación maliciosa de justicia" y pone otro ejemplo, el de la matanza de Xamán. En este proceso han pasado 86 jueces hasta ahora y ningún responsable ha sido castigado. Otro ejemplo es el caso de la propia Mirna Mack, en el que su hermana Helen y su abogado, Salerno, acusan al jefe de la policía como responsable. Lo único que se ha logrado en este juicio es la sentencia contra un coronel, segundo jefe del archivo, sector de inteligencia. Su superior no fue considerado responsable. Y aun así, la justicia está en vías de anular el proceso logrado. Helen Mack llevó el caso a la Corte Interamericana.