Penal de Chihuahua

Exigen ONG indagar la muerte de La Foca

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 9 de febrero. Organizaciones no gubernamentales (ONG) que buscan el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, y el abogado Dante Almaraz, defensor de Gustavo González Meza, alias La Foca, fallecido en su celda de la penitenciaría estatal de Aquiles Serdán, exigieron al gobierno de Chihuahua una "investigación a fondo" sobre las causas del deceso ocurrido el sábado, de uno de los presuntos responsables de homicidios de ocho jóvenes cuyos restos aparecieron en un lote agrícola de la población fronteriza, en noviembre de 2001.

Irma Campos Madrigal, dirigente del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, e integrante de la campaña permanente Ni una más, sostuvo que en torno del deceso de González Meza "existen sospechas de una mala actuación judicial".

Recordó que desde la detención de La Foca y su presunto cómplice Javier García Uribe, El Cerillo, las ONG que exigen la resolución de los crímenes de mujeres en la frontera expresaron preocupación por los métodos que usó la Procuraduría General de Justicia del estado para obtener la confesión de los inculpados, que aseguraron haber sido víctimas de tortura.

Asimismo, Campos acotó que análisis de ADN practicados por la Procuraduría General de la República no ofrecieron certeza de que los cuerpos de las ocho víctimas citadas correspondan a las identificaciones que hizo el Ministerio Público estatal.

Esos dos hechos, aunados al asesinato de un abogado defensor de La Foca, el 5 de febrero de 2002, "hacen sumamente sospechosa la muerte del reo en las circunstancias en las que informó el director del penal de Aquiles Serdán", afirmó la activista.

Apuntó también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualmente revisa los casos de La Foca y El Cerillo, y dictó también medidas cautelares de protección para el abogado Dante Almaraz, representante de los dos presuntos homicidas.

Aparte, el litigante Almaraz exigió al gobierno del estado aclarar la muerte de su cliente, que recibió "un sinnúmero de amenazas de muerte", y afirmó: "Creo que médicamente fue ejecutado". Comentó que "lo más incongruente es que él llamó a su familia, y dijo que había salido bien de la operación y su último deseo era ver a sus cuatro hijos".