Ofrece arreglos para reducir deudas o bienes raíces de supuesta propiedad del organismo
Detectan red criminal que usa el nombre del IPAB en estafas
Opera desde hace dos años en Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro y DF; ya hay órdenes de captura contra dos sospechosos Ninguno de los afectados ha presentado denuncia
ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ
La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) emprendieron una acción conjunta para desmontar una red de estafadores que opera en Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro y Distrito Federal, que ofrece arreglos para reducir deudas bancarias
Martín Godoy, director jurídico de lo penal y administrativo del IPAB, manifestó que hay dos órdenes de aprehensión en contra de Ramón Juárez Torre y Alfredo Cruz, quienes han sido identificados como los responsables del despacho jurídico que ha ofrecido, sin resultados, las gestiones ante el instituto para reducir débitos o llevar a cabo la compraventa de bienes raíces que, dicen, son propiedad del organismo.
En todos los casos ha resultado un fraude redondo, porque la documentación que ha sido utilizada por el despacho de los defraudadores es apócrifa, a pesar de que muestra el logotipo del IPAB. Asimismo, las propiedades o los créditos que han sido incluidos no se encuentran registrados entre los bienes que forman parte de la cartera del instituto.
Además, las personas afectadas tampoco han presentado denuncia formal y sólo han solicitado informes al instituto para verificar si su acreditación ha sido enviada por los banqueros al organismo que protege el ahorro bancario.
Godoy, ex agente del Ministerio Público y ex fiscal de funcionarios públicos, dijo que inicialmente se había involucrado en estas operaciones irregulares a Cristóbal Fox Quesada, hermano del Presidente de la República, pero ya se aclaró que su nombre fue utilizado por los defraudadores para respaldar sus operaciones ilícitas.
El IPAB detectó que desde hace al menos dos años el despacho de abogados de Juárez Torre y Cruz comenzó a ofrecer servicios a deudores morosos de la banca para realizar gestiones ante el organismo con el fin de reducir el monto de la deuda o bien para adjudicar propiedades que supuestamente formaron parte del rescate bancario a precios por debajo de su valor.
Especificó que el instituto no tiene delegaciones en los estados ni tampoco gestores. La ley que lo rige es muy clara y no puede hacerse ninguna operación al margen de esa regulación.
La línea de investigación que se sigue incluye averiguaciones previas presentadas en los estados mencionados y recientemente se iniciaron ocho procesos en la capital de la República. Se desconoce si hay defraudados en otras entidades, porque los dos involucrados se encuentran prófugos, aunque uno de ellos, Juárez Torre, promovió un amparo.
El funcionario del IPAB informó que la acción penal en contra de los defraudadores se ha dificultado porque no se ha encontrado un documento original que involucre al organismo o a los bancos. En todos los casos se han utilizado copias fotostáticas, que carecen de valor en cualquier proceso judicial. Además, muchos de los afectados no han presentado denuncia formal.
Ante la falta de denuncias de los presuntos afectados, indicó que el IPAB está apoyando las acciones del Ministerio Público con la entrega de documentación a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, con el fin de tipificar el delito de fraude maquinado.
