Citatorios de la PGJM causan temor entre testigos

Erróneo, que la Femospp atraiga el caso de Acosta y Quirós: abogados

JESUS ARANDA

La denuncia de familiares de desaparecidos políticos respecto a que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) los citó para declarar en el proceso penal contra los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo complica la posibilidad de que prospere la causa penal contra los militares.

Lo anterior, según fuentes de la defensa de ambos generales, las cuales aseguraron que tampoco prosperará la demanda de las víctimas y familiares de la llamada guerra sucia para que el proceso penal contra los generales se lleve a cabo en el fuero federal, y no en el fuero de guerra en el que les fue dictado auto de formal prisión en octubre pasado por el asesinato de 143 campesinos en la Base Aérea Militar Número 7 de Pie de la Cuesta, Guerrero, y cuyos cuerpos eran posteriormente lanzados al mar.

Según los abogados, en la consignación penal de Acosta y Quirós -junto con el mayor retirado Francisco Javier Barquín Alonso- quedó establecido que los presuntos delitos tuvieron lugar "en instalaciones militares y durante actos de servicio", razón por la que deben ser juzgados en el fuero de guerra.

Si la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) comete el error de atraer la denuncia, entonces comprobaremos ante los tribunales que ésta no es competente, y los generales tendrán que ser absueltos de los cargos. Los abogados revelaron que algunos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una demanda de amparo para que la procuraduría militar no conociera del caso, pero que éste fue rechazado en primera instancia.

Cabe señalar que desde septiembre pasado la procuraduría militar exhortó a los familiares y víctimas de la guerra sucia para que se presentaran a declarar ante el Ministerio Público castrense.

Sin embargo, después de cinco meses, no hubo respuesta y por ello el procurador, general Jaime Antonio López Portillo, tomó la decisión de que el Ministerio Público se desplazara a Atoyac y otros lugares de Guerrero para ahí recabar los testimonios.

Sin embargo, la procuraduría castrense no esperaba que su exhorto provocara "miedo y temor" entre las personas que recibieron en días pasados un citatorio relacionado con la averiguación previa SC/257/2001, pese a que en el escrito se señala:

"Como familiar de una de las personas que pudieran haber sido privadas de la vida en las instalaciones de Pie de la Cuesta, tiene derecho a recibir orientación jurídica de la PGJM, para hacer valer las garantías establecidas en la Constitución en favor de víctimas u ofendidos; que se le proporcione información sobre el desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar ante el Ministerio Público Militar, aportando todos los datos o elementos de prueba con los que cuente para contribuir al esclarecimiento de los hechos; a que se les repare el daño, y a solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio".