En riesgo, 45 mil millones de pesos en pagarés
en favor de cuatro instituciones
Revisión de créditos o no habrá
pago a bancos, advierte el IPAB
En la cartera transferida al extinto Fobaproa
se sumaron intereses moratorios
Esa operación fue ilegal, sostiene la
Auditoría Superior de la Federación
ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) confirmó que no asumirá el compromiso de pago de 45
mil millones de pesos en favor de cuatro bancos, que fueron incluidos de
manera irregular en el proceso de rescate bancario emprendido por el extinto
Fobaproa durante la crisis de 1995, hasta que no sea completada la revisión
sobre el traspaso de esos pasivos, a la que se oponen las instituciones
de crédito.
La determinación del IPAB de no asumir esa deuda
está sustentada en una revisión hecha por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), órgano del Congreso que
determinó que los 45 mil millones de pesos endosados al extinto
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) correspondían
a intereses moratorios y no a créditos, por lo que legalmente no
debieron formar parte del rescate de las instituciones de crédito
emprendido por la administración del ex presidente Ernesto Zedillo.
Fuentes autorizadas del IPAB confirmaron a La Jornada
que el organismo no asumirá la responsabilidad de esos pasivos hasta
que no sea completado el proceso de revisión sobre la legitimidad
del traspaso de la deuda al Fobaproa, cuyas deudas fueron asumidas por
el instituto.
En
caso de que la legalidad de la operación no sea corroborada, el
monto en disputa debería ser cubierto por la Secretaría de
Hacienda, con una partida presupuestal autorizada por el Congreso, pero
el Poder Legislativo ya ha dejado claro que no autorizará ese traspaso,
con lo que la cantidad entonces tendría que ser asumida por los
cuatro bancos involucrados: Banamex, Bancomer, Bital y Serfin.
En septiembre pasado, y como resultado de la revisión
de la cuenta pública de 2000, la ASF determinó que durante
el rescate bancario realizado a partir de 1995, el Fobaproa adquirió
de manera ilegal aproximadamente 28 mil millones de pesos a valor actual,
producto de intereses moratorios y cartera "chatarra" que fueron incluidos
en los pasivos transferidos al Fobaproa por Banamex y Serfin.
Adicionalmente se ha documentado que ese tipo de operación
fue repetido en los casos de Bancomer y Bital, por lo que el total de cartera
adquirida de manera ilegal asciende a 45 mil millones de pesos.
La cantidad en disputa es equivalente a los recursos que
en un año son destinados por la administración federal para
financiar con recursos públicos el rescate de las instituciones
de crédito, que en 2002 ascendieron a 43 mil 982 millones de pesos.
Durante el proceso de rescate bancario, el Fobaproa, dirigido
entonces por Javier Arrigunaga, actualmente directivo de Banamex-Citigroup,
y en el que participaba activamente el entonces presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández García,
actuó de manera discrecional para decidir cada una de las operaciones
de apoyo a los bancos.
Aunque no existía un manual de operaciones, se
acordó que el fideicomiso gubernamental sólo adquiriría
cartera de crédito, pero, amparados en esa discrecionalidad, aceptó
también respaldar a ese grupo de instituciones financieras al asumir
la responsabilidad sobre intereses moratorios no cobrados, algo que no
estaba previsto.
Las fuentes del IPAB confirmaron que en caso de que los
cuatro bancos involucrados no acepten que se realice una revisión
para determinar la legalidad de los 45 mil millones de pesos, el instituto
no se hará responsable del pago de esos recursos.
Desde que el IPAB fijó la posición de sujetarse
a la revisión de las operaciones antes de asumir la deuda de 45
mil millones de pesos, los bancos involucrados han ejercido presiones para
evitar la revisión.
En poder de La Jornada se encuentran cartas dirigidas
por las áreas jurídicas de Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer
y Banorte, en las que estas instituciones de crédito presionan a
los despachos contables que participaron en la revisión del rescate
bancario realizada por el auditor canadiense Michael W. Mackey para que
no entreguen al Congreso la información que tienen en su poder y
que serviría al Legislativo para determinar la legalidad del traspaso
de los 45 mil millones de pesos al Fobaproa.
Las tres cartas están redactadas exactamente en
los mismos términos y sólo cambia el despacho contable destinatario
y el nombre y firma del responsable jurídico de cada institución.
"Tenemos plena seguridad de que la información
no será entregada por el despacho (al Congreso) (...) toda vez que
no existe norma jurídica que obligue ni que permita entregar o recibir
dicha información", establecen las cartas remitidas por los bancos
involucrados a los despachos contables que auxiliaron en la auditoría
realizada por Mackey.
Determinación del proceso para efectuar la fiscalización
El próximo día 18 la ASF deberá determinar
el procedimiento a seguir para hacer la revisión de las deudas transferidas
irregularmente por los bancos al gobierno federal como parte del rescate
realizado durante el gobierno de Zedillo.
"Si no se realiza una revisión como lo dispone
la ley, el IPAB va a desconocer esos 45 mil millones de pesos, no los va
a pagar, entonces, como el Congreso también ha señalado que
no autorizará una partida para ese fin, los bancos tendrían
que asumir esa deuda y por ese motivo es que están en contra de
la revisión", comentó la fuente consultada.
