Iván Restrepo
Complacencias y complicidades
La clase gobernante de muchos países se vale de diversos mecanismos para enriquecerse y favorecer a quienes le brindan apoyo político o económico, así como para sacar de la pobreza a amigos: obra pública, concesiones, licencias o un cargo desde el cual hacer fortuna.
Estos mecanismos son bien conocidos en México y han sido aprovechados desde el siglo pasado por líderes de la Revolución de 1910, presidentes de la República, junto con sus inmediatos colaboradores y familiares (el hermano de un ex presidente se ganó el sobrenombre de Mister ten per cent, ya que siempre exigía ese porcentaje como dádiva en los negocios oficiales que sacaba adelante), dirigentes del partido político que reinó durante más de 70 años, gobernadores, presidentes municipales de ciudades importantes y responsables de empresas paraestatales. A muchos la Revolución les hizo justicia primero que a nadie y pronto amasaron fortunas ofensivas. Las excepciones son contadas, ya que el profesor Carlos Hank González fijó la regla: un político pobre es un pobre político.
En no pocas ocasiones mediante esos mecanismos no sólo se cometen delitos tipificados en la ley para hacer fortuna desde el poder, sino que, de paso, se deterioran los recursos naturales. Alguien podría decir que eso es cosa del pasado, cuando el tema ambiental no contaba en la agenda nacional, pero, aunque ahora se hagan las cosas con estilo muy "moderno", no se deja de echar mano de los viejos mecanismos. Veamos.
Un presidente municipal de Quintana Roo concedió una licencia para construir un Home Port a cambio de dinero en efectivo destinado a obras públicas, ignorando los daños que la terminal causará al medio marino y a la economía local. Por su parte, la hasta hace un año presidenta municipal de Cancún, Magaly Achach (hoy en busca de una diputación federal por el PRI), el último día en su cargo concedió a la cadena española Riu licencia de construcción para un complejo hotelero a cambio de un donativo: un millón de dólares, que no fue a sus bolsillos, pero la suma hizo olvidar a la también lideresa de colonos, así como al cabildo municipal, las normas que rigen el desarrollo urbano y el cuidado del ambiente de la ciudad. En pocas palabras, si me das dinero violo la ley para favorecerte.
Y eso fue lo que hicieron los dueños de la cadena Riu para poder levantar su gigantesco negocio en la zona turística más conflictiva, sobrepasando en 300 por ciento la densidad permitida. La proyectada mole de cemento, la más alta de todo el sureste mexicano, contará con mil 200 cuartos, además de locales comerciales y servicios diversos. La nueva administración, a cargo de Ignacio García Zaldivea, ex panista de corazón y ahora militante del Partido Verde Ecologista por conveniencia, avaló la licencia mencionada. El Fondo Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también fueron complacientes con los dueños del Riu porque no detuvieron oportunamente un proyecto que contraviene el ordenamiento ecológico de la zona, atenta contra un ecosistema protegido, la laguna de Nichupté, y agrava el deterioro de la Bojórquez. Un dato más que muestra la forma de cerrar complicidades: el responsable de la ecología municipal que autorizó la obra es el mismo que mediante una empresa de su propiedad, Sylvática, realizó luego la manifestación de impacto ambiental en favor del citado hotel.
No hay duda de que en este negocio, como en otros muchos del gran capital, existe corrupción y negligencia por parte de diversas instancias oficiales, comenzando por las municipales, activas en sancionar a quien sin permiso oficial modifica una modesta vivienda, pero que nunca vieron cómo se construía el enorme hotel en la parte más concurrida de la ciudad turística. Este caso evidencia que la forma irregular de obtener una licencia, un permiso, una concesión, no ha variado con el gobierno del cambio, así como que cuando las autoridades actúan es a destiempo y mal.
El pasado miércoles la Procuraduría Federal del Medio Ambiente decidió clausurar parte de la construcción del Riu, pero colocó los sellos en otra obra; el viernes intentó clausurar la verdadera, pues no cuenta con permiso para levantar una barda de protección de 270 metros de largo en la zona marítima federal terrestre, pero lo impidió el alcalde de Cancún, quien llegó al frente de 60 policías y 2 mil 500 trabajadores de la construcción temerosos de perder su empleo. El alcalde "ecologista" justificó su proceder diciendo que "todo lo que sucede en el municipio es competencia nuestra". No todo. Por ejemplo, evitar la corrupción.
