Reitera acusaciones contra Zedillo y Figueroa a casi ocho años de la matanza

Aguas Blancas, impunidad solapada: OCSS

Atribuye ese grupo al procurador Macedo de la Concha "la voluntad de no hacer nada"

JESUS SAAVEDRA LEZAMA CORRESPONSAL

Chilpancingo, Gro., 27 de febrero. Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) solapan la "impunidad" de los autores intelectuales de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, afirmaron participantes en el foro denominado Ni perdón ni olvido, a cuatro meses de que se cumpla el octavo aniversario de ese hecho que calificaron de "crimen de Estado" y del que responsabilizaron al ex gobernador guerrerense Rubén Figueroa Alcocer.

Este jueves familiares y víctimas de la matanza, la Asociación de Familiares de Desaparecidos en México, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Comisión del Magisterio Independiente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y miembros de la bancada del PRD participaron en un foro previo a la conmemoración de los hechos sangrientos, ocurridos el 28 de junio de 1995.

En el salón Los Próceres del Congreso local, Rocío Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, afirmó que el poderío económico y político del ex gobernador Figueroa Alcocer y del senador priísta Héctor Vicario Castrejón "les permitió ordenar" el asesinato de los campesinos. "A ocho años de esta artera emboscada, la impunidad domina todas las estructuras de impartición de justicia en México", dijo.

"Ya Ernesto Zedillo se hizo cómplice; hoy el presidente Vicente Fox lo emula al no permitir que el procurador, Rafael Macedo de la Concha, atraiga el caso de genocidio que se cometió contra militantes de la OCSS", sostuvo Mesino.

Por su parte, el asesor jurídico de la organización, Enrique González Ruiz, aseveró que persiste la impunidad. "No hay castigo para los responsables de los asesinatos en Aguas Blancas y lesiones a 21 campesinos más; fue un acto de Estado porque se trató de una emboscada tendida por agentes policiacos a un grupo de personas que en el ejercicio de sus derechos constitucionales se dirigían a una protesta pública. Eso recibió como respuesta un crimen que la jurisprudencia internacional considera de lesa humanidad porque ofende a la especie humana", agregó.

"En el asunto de Aguas Blancas sólo ha habido pagadores, no hay castigo a los autores intelectuales de esta matanza. Zedillo trampeó la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento que siguieron no lleva al castigo de los responsables", afirmó el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Explicó que Zedillo "tuvo toda la mala intención y simuló el castigo de este crimen de Estado porque el resultado de las investigaciones de la Corte no se podía traducir en el castigo a los responsables".

González Ruiz exigió a la PGR que pida a la Corte todo el material probatorio del caso Aguas Blancas, en el que concluye que hubo graves violaciones y se responsabiliza como autores intelectuales a Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, Antonio Alcocer Salazar, Gustavo Olea Godoy, Rosendo Armijo de los Santos, Adrián Vega Cornejo y Esteban Mendoza Ramos.

"El entonces procurador, Antonio Lozano Gracia, y ahora Rafael Macedo de la Concha, no se dieron por enterados y nunca le han pedido a la Corte que les enviara las pruebas; eso evidencia la voluntad de no hacer nada, evidencia la intención de propiciar la impunidad", agregó González Ruiz.

El asesor jurídico de la OCSS recordó que en 2001 se interpuso una denuncia penal en la PGR por la matanza y lamentó que se haya enviado esta indagatoria a la delegación de la dependencia en Guerrero: "No nos han llamado a declarar, no nos han citado a ratificar, porque existe la intención de propiciar la impunidad".

Por eso los participantes en este foro exigieron que la indagatoria sea realizada desde la ciudad de México "y no por la fiscalía especial, porque tiene toda la presión del figueroísmo en Guerrero y sólo los ciegos intencionales no ven el poder de Rubén Figueroa" en el estado.

"Hemos insistido en que se lleve a una instancia central, pero Macedo de la Concha no ha considerado conveniente responder a una petición de la audiencia. No es extraño, es parte de la lógica del ejercicio del poder, pero debemos seguir presionando para que se agilice el asunto y haya respuestas concretas a una indagación ministerial. Lo mínimo que exigimos es que se ponga en prisión preventiva a los responsables que señala la Corte."