DINEROS DE CAMPAÑA

La estrategia de difusión incluyó a los abogados de Korrodi, Robinson y Rojas

Anuncia Creel que los Amigos de Fox darán a conocer sus cuentas

Entregan a la CNBV una carta autorizando la entrega al IFE toda la información solicitada

ALONSO URRUTIA

En vísperas del fallo en su contra de la Suprema Corte, relativo a las cuentas del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia, finalmente los Amigos de Fox cedieron. En una estrategia de difusión que involucró al secretario de Gobernación, Santiago Creel, y a los abogados de Lino Korrodi, Carlota Robinson y Carlos Rojas Magnon, dieron a conocer su ''disposición'' a abrir la información de las cuentas involucradas en los amparos y anunciaron el envío de una carta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de autorización para entregarle la información al Instituto Federal Electoral.

Las cuentas presentadas -que incluyen recursos aportados por el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia, Amigos de Fox y otros particulares- involucran un ''pago a proveedores'' de 90 millones de pesos durante el periodo de la campaña presidencial de Vicente Fox. A ello se suman 35 millones de pesos de servicios, devengados en 1999, pero que fueron pagados en 2000, para sumar 125 millones de pesos, los cuales, de comprobarse que no fueron reportados al IFE, implicarían la violación del tope de campaña.

El mayor aportante

En el cuadro de gastos presentado -sin especificar si fueron reportados en el informe de campaña presidencial de Alianza para el Cambio- destaca como mayor aportatario el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia, el que pagó a ''proveedores'' 64 millones de pesos de servicios durante la campaña y 12 millones más que pagó en 2000, pero de gastos realizados en 1999.

Según dicho reporte, Amigos de Fox sólo habrían aportado 41 millones de pesos en total. De ellos, 23 millones fueron de gastos de la campaña presidencial y 18 más de pagos en 2000 de deudas de 1999. En todos los casos, según los abogados, se trató de dinero ''de origen privado, de procedencia lícita, de personas nacionales mexicanas y que no ocultan dinero del extranjero''.

La estrategia operada por el foxismo incluyó el anuncio de una conferencia de prensa de Korrodi y Robinson, que hiciera Creel, que finalmente terminaría en la lectura de un comunicado por parte de los abogados. En el mismo se justifican estas operaciones:

''El eje central de la estrategia de posicionamiento del aspirante presidencial, a partir de 1998, fue la anticipación. Esto motivó la creación de una estructura de apoyo que no tenía la regulación legal y que fue absorbida por el dinamismo que tomó la propia contienda electoral".

Luego de 11 meses de que Korrodi, Robinson y Rojas regatearon la información al IFE mediante la promoción de nueve amparos -de los cuales están pendientes siete-, finalmente dieron su anuencia para acceder a la información. Entre los amparos destaca el del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia, presentado en el juzgado sexto de distrito, que fue fallado en su contra. Es así que BBVA-Bancomer, depositario del fideicomiso, solicitó a la Corte resolver en torno al mismo.

Horas antes del fallo que este lunes adelantó La Jornada, que en principio respaldaría las facultades del IFE para solicitar la información bancaria, como lo determinó en su momento el Tribunal Electoral, todo cambió. Los reportes que se tenían en Los Pinos en torno al sentido del fallo motivó una reorientación en la estrategia en aras de evitar el impacto político de una resolución adversa al fideicomiso y, por ende, su efecto directo en los amparos interpuestos por Amigos de Fox, al establecerse un criterio desde la SCJN.

Involucrado recientemente como presunto beneficiario de las triangulaciones, Creel fue el primero en instrumentar la estrategia. Luego de un recorrido por las nuevas instalaciones del Diario Oficial, anunciaba en conferencia de prensa: ''Probablemente en una hora se estará dando a conocer toda la información relativa de Amigos de Fox, de los fideicomisos, de las distintas empresas, de las aportaciones, del origen y del destino de esos fondos''.

Y adelantó que se iban a retirar todos los amparos interpuestos en aras de ''salvaguardar el derecho a la privacidad y el secreto bancario y fiduciario''. El secretario dijo: ''Con ello se va a dar plena transparencia a los recursos que han sido utilizados en la campaña pasada y esperamos que esto aclare debidamente lo que ocurrió, lo que no ocurrió, los destinos hacia donde fueron dirigidos, quiénes hicieron las aportaciones y que podamos ya concluir este asunto para dar paso a las campañas electorales''.

Una hora después se presentaron en la sede del IFE los abogados de Robinson, Korrodi, Rojas y de la empresa Cerritos. Dijeron que acudían a entregar información, pero se supo que sólo entregaron copia del desistimiento de los amparos y con ello se abría la llave de la información de la parte medular del caso Amigos de Fox.

Ningún consejero electoral los recibió, según informó el secretario ejecutivo del IFE, Fernando Zertuche, quien adelantó que de manera inmediata se turnarían los documentos entregados a la secretaría técnica de la Comisión de Fiscalización.

Minutos después salieron los abogados sin mediar declaración. Se dirigieron a un hotel del sur de la ciudad para dar lectura al comunicado. En un pequeño salón los abogados Alejandro Mier, Carlos Robledo, Alejandro Mier y Joaquín Fortún dieron a conocer que los aportatarios tenían amplia confianza en la ''secresía de las investigaciones'' y señalaron que la falta de ''acotaciones'' en el secreto bancario y fiduciario por parte del IFE fue el origen de la negativa.

Dijeron que esta apertura de información pretendía poner fin ''a la larga serie de declaraciones y descalificaciones que desde antes de la campaña motivó el financiamiento de la campaña de Fox.

Informaron que las empresas K-Beta, Grupo Alta Tecnología y ST and K, Fox Brothers, Amigos de Vicente Fox AC, Instituto Internacional de Finanzas y el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia, así como Korrodi, Robinson y Rojas, se desistían de los amparos para poner fin a las suspicacias.

Señalaron que todos los aportantes a la campaña de Fox ''pueden estar seguros que sus recursos tuvieron un fin legítimo y en beneficio de la causa del cambio que exigieron y enarbolaron''.

Empero, al interior del IFE algunos consejeros estimaron que las diversas acciones del foxismo sólo formaban parte de una estrategia mediática para agilizar la resolución del caso al menor costo político y económico posible, pero advirtieron que podría aplicarse una multa de 250 millones de pesos.

Ayer por la tarde, los consejeros electorales Alonso Lujambio, Mauricio Merino y Gastón Luken se reunieron para efectuar una primera evaluación de los documentos entregados.