Desalojos, amenazas y agresiones en cuatro localidades chiapanecas en menos de un mes
Resurge el problema de los desplazados por la violencia paramilitar y política
Denuncian que hay cientos de familias hasta con ocho años sin reubicar
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de Las Casas, Chis. 7 de abril. En una situación de alzamiento armado no resuelto en Chiapas (y que, según anunció este sábado Luis H. Alvarez, comisionado "de paz" del presidente Vicente Fox, no se resolverá en este sexenio), el problema de los desplazados por la violencia paramilitar y política, lejos de resolverse, ha resurgido en semanas recientes. Nuevos desalojos en Juxaljá (Tenejapa); quema de viviendas en 8 de Febrero (dentro de Montes Azules); amenaza de expulsión en Actiepa Yochib (Salto de Agua) y Flor de Café (Tumbalá); negativa a permitir retornos en Maravillas Tenejapa. Todo esto ha ocurrido en menos de un mes.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos subrayaba el pasado 24 de marzo la gravedad de las amenazas de desalojo en contra de las familias de Actiepa Yochib, "dado que en el estado existen cientos de familias que tienen hasta ocho años desplazadas y aún no han obtenido respuesta del gobierno estatal o federal para ser retornadas o reubicadas. Ni siquiera se han cumplido sus demandas de seguridad o se ha hecho justicia sobre los responsables del desplazamiento".
En la medida en que no están resueltos, nunca está de más mencionar la persistencia de los desplazamientos en San Pedro Polhó, Sabanilla y Tila. En el municipio autónomo de San Pedro Polhó existen aún varios campamentos de refugiados, con cerca de 8 mil personas despojadas de casas y tierras por paramilitares del PRI, quienes en muchos casos ya ocupan las propiedades robadas. Las familias tzotziles en estos campamentos carecen de alimentación suficiente, no tienen tierras que trabajar y sufren enfermedades constantemente.
En Tila, la organización Desarrollo, Paz y Justicia desalojó parcial o totalmente 22 comunidades entre 1995 y 1997. Un total de 4 mil 869 personas han sufrido desplazamiento. En ese proceso, según documenta la red en su informe sobre dicho caso, los campesinos (choles y tzotziles) "han sufrido pérdidas de propiedad, así como daño emocional y físico. Hasta hoy, 567 personas permanecen desplazadas. Aquellos que retornaron a sus comunidades lo hicieron sin ninguna condición de seguridad para sus personas, y tampoco han sido compensados económicamente por sus pérdidas". Es decir, retornaron por la desesperación. Lo mismo ha ocurrido en Chenalhó a partir de 2001.
En su caracterización de la violencia en Tila a partir de 1994, la red apunta que en Chiapas, "las comunidades indígenas, pobres y rurales" son más vulnerables de resultar víctimas del desplazamiento forzado, después de haber sido acusadas de "guerrilleros," o "simpatizadores insurgentes" por el Ejército federal o los priístas de Paz y Justicia.
Actualmente hay en Chiapas alrededor de 12 mil desplazados (unas 2 mil 453 familias). Los municipios afectados son Sabanilla, Tila, Salto de Agua y Tumbalá, en la zona norte; Cintalapa, Socoltenango, Tenejapa, San Cristóbal de Las Casas y Villa Corzo, en la zona centro; Chenalhó, Pantelhó, Yajalón y Chilón, en los Altos; Ocosingo, Margaritas y Marqués de Comillas, en las zonas selva y fronteriza.
Los desplazados de Sabanilla, en la zona norte, cuyo número es aún desconocido, ocupan al menos tres grandes campamentos-comunidades con centenares de pobladores: Nueva Revolución (en Tila), San Marcos y San Rafael. Todos, víctimas de Paz y Justicia.
La red preparó recientemente un informe especial acerca de los desplazados internos de Tila: Tza'quil, Ojo de Agua, Huanal, Jolnixtié, Patastal y Masojá Grande. Otras comunidades con desplazados en el mismo municipio, no incluidas en ese informe, son Miguel Alemán, Usipá, Suzucumil, Pantianijá, Cruz Palenque, Nuevo Limar, Chulum Chico, Corozil Viejo, Agua Fría y Cerro Misopá.
En 1998 la cifra de desplazados llegó a 45 mil
En la mayoría de los casos el desplazamiento fue violento, y los responsables son o fueron miembros de Desarrollo, Paz y Justicia. Aunque un par de dirigentes de dicha organización están hoy presos, aquellos crímenes (incluyendo decenas de asesinatos) siguen impunes. Hacia 1998 llegó a 45 mil el número de desplazados, sólo en Tila. Aunque la mayoría retornaron o se establecieron en otra parte (inclusive otra entidad de la República), "ni el gobierno federal ni el estatal han establecido medidas jurídicas o institucionales específicas, para reducir o detener el fenómeno y remediar la situación de los desplazados", afirman los defensores comunitarios. "Aunque varias comunidades volvieron a su lugar de residencia, el hostigamiento militar y paramilitar ha continuado en muchas de ellas".
Las comunidades de Tza'quil, Miguel Alemán, Suzucumil, Masojá Grande y Ojo de Agua no pudieren conseguir el retorno y mantienen residencia en otras comunidades. Desde 1996 han solicitado garantías para su retorno. Sin embargo, el gobierno sólo anima a las bases de apoyo del EZLN a que "hagan las paces" con los paramilitares, sin comprometerse a hacer justicia.
