Están detenidos programas de vivienda: Santacruz

Demandan al director del Invi que explique sobre la reducción de gasto

MIRNA SERVIN VEGA

Más de 200 millones de pesos fue la reducción al presupuesto del Instituto de Vivienda (Invi) de 2002 a la fecha, lo que ha repercutido en la suspensión de créditos de construcción de vivienda que requieren de manera urgente más de 150 familias que habitan en inmuebles de alto riesgo en el Distrito Federal, explicó la diputada Iris Santacruz durante un recorrido por diferentes zonas de la capital.

Por ello, la también presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dijo que se le pedirá al director de dicho instituto, David Cervantes, quien comparecerá este miércoles ante los diputados locales, que explique el porqué de la escasez de recursos de acuerdo con el programa operativo que dio a conocer y que ahora trajo como consecuencia la suspensión de programas para la demolición y construcción de distintos predios desde febrero pasado.

"Si la situación legal de los predios ya está definida, de manera que sólo hace falta el flujo de recursos, por qué esperar a que estas familias, que viven en malas condiciones y con gran peligro, sufran una desgracia como la del sábado pasado", preguntó la diputada.

Grietas en paredes, trasminación de agua, techos de lámina desgastada, losas semiderruidas y pasillos sostenidos sólo con polines son el denominador común en los predios ubicados en las colonia Doctores, Obrera, Centro, Santa María la Ribera, Tlatilco, Anáhuac y 5 de Mayo, habitados por integrantes de la Asamblea de Barrios, que recorrió la perredista.

Enrique Gaona, secretario técnico de la Comisión de Vivienda, dijo que las delegaciones más afectadas que pueden sufrir derrumbes son Cuauhtémoc, con alrededor de mil 200 edificaciones en riesgo; Venustiano Carranza -"que aunque son menos, son de mayor peligrosidad"-; Miguel Hidalgo, y Benito Juárez.

Finalmente, Santacruz señaló que estas construcciones se mantienen así principalmente por tres razones: por falta de regularización, porque las organizaciones sociales gestionan el trámite pero no cuentan con la participación de la gente y por problemas de presupuesto.