La institución de crédito desaparecerá el 30 de junio

En peligro, derechos de 8 mil jubilados de Banrural

La división interna se suma a la problemática del banco

FABIOLA MARTINEZ

El 30 de junio próximo desaparecerá Banrural para dar paso a Financiera Rural y, también en esa fecha, poco más de 8 mil jubilados de la banca de crédito al campo perderán la mayoría de sus prestaciones e inclusive la garantía de contar con una pensión vitalicia.

Lo anterior se debe a que la ley orgánica que dará paso a Financiera Rural -impulsada por el gobierno foxista- establece en el artículo 15 transitorio que los trabajadores en retiro contarán exclusivamente con una pensión mensual, servicio médico y pago de marcha.

Un grupo de jubilados prepara solicitudes de amparo a la legislación referida, pero sobre todo para exigir a las secretarías de Hacienda y de Agricultura "reanalicen sus cálculos". Los afectados afirman que los 20 mil 305 millones de pesos autorizados para saldar los compromisos laborales de la casi extinta Banrural rinden sólo para 15 años. Después de ese lapso, los ex empleados no tendrán ni siquiera un patrón sustituto a quien reclamarle sus beneficios.

El pasado 26 de diciembre el Congreso de la Unión aprobó la ley que dio paso a Financiera Rural en un proceso que, a juicio de los jubilados, fue "apresurado" y no tomó en cuenta la opinión de los trabajadores, quienes alegan que la deficiencia y los casos de corrupción en Banrural no fueron responsabilidad de ellos sino de los "altos funcionarios en turno que tomaron a esta banca de desarrollo como trampolín o botín político".

Al interior de este gremio, mayoría respecto a los 4 mil empleados en activo que persisten en la nómina de Banrural, también se gestaron divisiones e inconformidad hacia la dirigencia de su asociación nacional, a la que acusan de no haber puesto ninguna resistencia a la suspensión de prestaciones básicas, como vales de despensa, derecho a deportivos, seguro para automóvil y diversos tipos de préstamos.

Por ello decidieron integrar una organización disidente a la asociación referida y dar paso a la integración de una nueva sociedad autodenominada Vanguardia de Empleados de Instituciones Agropecuarias, cuyos dirigentes señalaron en entrevista con este diario la serie de "irregularidades" que eliminan la seguridad del pago vitalicio de retiro.

Alejandro Alberto Zamudio, presidente del mencionado grupo y quien fuera director jurídico de Banrural en la década de los 70, aseveró que la normatividad que dará vida a la nueva Financiera Rural contiene "una redacción ambigua" y establece un fondo mínimo que no asegura viabilidad en el largo plazo.

De igual forma, agregó, hemos solicitado audiencias con las secretarías de Hacienda y Agricultura para que nos expliquen en dónde quedaron los recursos de un fondo mutualista que desde hace 30 años se constituyó y por el que puntualmente les descontaron un porcentaje de su sueldo a los trabajadores.

Respecto a las críticas hacia este gremio, sobre todo porque algunos se jubilaron con 20 años de servicio, comentaron que fue en el periodo de su vida laboral cuando esta banca de desarrollo vivió su mejor etapa, aproximadamente en el periodo 1975-1988, cuando Banrural llegó a controlar 289 plantas industriales y 62 fideicomisos.

"Por eso es injusto que ahora pretendan quitarnos las prestaciones ganadas (que les permiten obtener pensiones de entre 2 mil 500 y 12 mil pesos al mes); si algunos de nosotros nos jubilamos jóvenes -con menos de 40 años de edad- fue porque los funcionarios nos corrían para poner a su gente", comentaron también Francisco Ontiveros, David Pérez y Jesús Villanueva, promotores del grupo.

Conocedores del sistema que durante décadas otorgó crédito a los productores agropecuarios, afirmaron que la Financiera Rural será "una desgracia, porque el gobierno actual se ha olvidado de la importancia que tiene el subsidio para el desarrollo del campo nacional en tiempos de apertura comercial con otros países".

Por lo anterior, los representantes de al menos una parte de los jubilados de Banrural se dijeron dispuestos a encabezar una lucha férrea en las próximas semanas, en un plan de acción que incluye amparos contra la mencionada ley orgánica, aunque en principio tendrán que dirimir las diferencias internas que persisten en su organización de trabajadores en retiro.