Se burlarían de ella; lo conducente es demandar a ChoicePoint ante autoridades de su país, dice

Inútil, que la PGR investigue la venta del padrón electoral a EU: Jorge Camil

Extraña al abogado que el presidente del IFE sólo acepte que es un asunto grave

ROSA ELVIRA VARGAS

Obligado al análisis y la propuesta desde su doble condición de abogado litigante y ciudadano, Jorge Camil establece que la única manera efectiva de saber quién vendió el padrón electoral de México a la empresa estadunidense ChoicePoint consiste en demandar a esta compañía ante la justicia federal de Estados Unidos.

Esa querella es algo en lo que ya tendría que estar trabajando el Instituto Federal Electoral (IFE), en su condición de autoridad responsable de guardar la confidencialidad del listado comicial, apunta el analista en entrevista concedida a La Jornada.

''Pero (José) Woldenberg sale limpiándose el polvo de la solapa y sólo acepta que es un asunto grave, como si no lo supiéramos'', y no anuncia ninguna acción ante las instancias donde legalmente tendría posibilidades de lograr que este caso se aclare. Porque ir ante la Procuraduría General de la República (PGR) resulta del todo inútil, ''Ƒa dónde vas a llegar? Se burlarían de ella en Estados Unidos''.

Alarmado por el hecho de que los datos que los ciudadanos mexicanos están obligados a proporcionar al gobierno se encuentren hoy en manos del Departamento de Justicia estadunidense -y del nuevo Departamento de Seguridad Interna, que atiende casos de migración-, porque se los vendió ChoicePoint, el abogado Camil indica que los connacionales que se consideren afectados ante tal filtración podrían también presentar una demanda ante los tribunales del vecino país.

Compañía sospechosa

Por lo demás, para el analista resulta muy sospechosa la empresa ChoicePoint, que se ostenta como líder mundial en el manejo de registros personales de Estados Unidos y de varios países de América Latina, con reporte de ventas por mil millones de dólares anuales.

Ello, no sólo porque su sitio en Internet está plagado de símbolos y frases del más exacerbado patriotismo estadunidense, sino porque el gobierno de Washington sabe que no puede entrar a otro país y sacar todo el padrón electoral en forma legal, pues así lo marcan las leyes, ''pero sí puede tener a un señor dizque de una empresa privada que puede juntarse con alguien que trabaja en el IFE o en un partido político y proponerle la compra (del registro) como un negocio, turbio, pero un negocio''.

Esa fue la única manera en que ChoicePoint pudo hacerse de la base de datos del registro electoral y a su vez venderla en forma ''supuestamente limpia'' al gobierno de su país. Pero lo indudable, añade Camil, es que la primera venta sí está manchada y es ilegal''. Y en todo caso el gobierno estadunidense estaría diciéndole a la empresa ChoicePoint: 'bueno, yo necesito esa información; allá ustedes, vayan y consíganla'.

De interponerse una demanda ante un juez federal de Estados Unidos, lo primero que podría conseguirse es un interdicto para que esa información no se siguiera utilizando. E insiste: ''ChoicePoint no tiene manera de demostrar que esa información es legítima sin presentar al vendedor; es la única vía si no quiere que la condenen por daños y perjuicios y costas, y si de veras se quiere defender''.

Una vez que lo hiciera y presentara al señor X, al consejero del IFE o al representante partidista que se la vendió, entonces sí -aconseja Camil- se haría la denuncia ante la procuraduría para que se le detenga. Porque además, si es real que a esa información tienen acceso en México por lo menos 4 mil personas, ''tenemos 4 mil sospechosos. ƑCuándo vas a descubrir eso? Es la proverbial aguja en un pajar'', apunta.

Demanda de clase

Señala que la manera de proceder ante la justicia estadunidense sería mediante una demanda de clase (class action) en la que todos los afectados por algún acto jurídico, contrato, convenio o lo que sea, demandan a la persona que los dañó. Para ello se requeriría que todos los querellantes se unieran para decir que fueron perjudicados en forma exactamente igual, al revelarse la información confidencial que entregaron al gobierno.

No recomienda, sin embargo, interponer demandas en forma individual ''porque sería carísimo''. Pero si se considera que se vendió ilegalmente la información de 60 millones de personas existen las condiciones para interponer una demanda de clase, ''y lo propongo como una acción que pueden hacer todos los mexicanos que quieran''.

Claro, añade, hay que contratar un buen abogado en Estados Unidos, que además cobrara ''a resultados''. Prevé que además se ocasionaría allá ''todo un escándalo'', y no se diga si se descubriera que ChoicePoint a lo mejor es una pantalla del gobierno estadunidense para comprar información en forma dudosa, que no puede adquirir directamente porque le ocasionaría un problema gravísimo con los otros países.

Camil considera que en este caso se violó el derecho de privacía y fue producto de un robo que además hoy se está explotando comercialmente.

Sostiene que le sorprende que un hombre como el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, al que considera ''frío y extraordinariamente inteligente'', frente a la denuncia de que alguien ha vendido el padrón electoral se limite a ubicarlo como resultado del ''matrimonio incompatible'' entre la legislación electoral que obliga a la confidencialidad y la cantidad de personas que tienen acceso a esa información.

De la dureza al desinterés

Señala que es de extrañar que el Instituto Federal Electoral, que en otras ocasiones ha actuado con dureza implacable contra la mínima violación a las disposiciones electorales, en este caso alarmante no haya contratado a ningún abogado -mexicano o estadunidense- especializado en la materia, ni haya empezado a emitir declaraciones tonantes asegurando que llegará hasta las últimas consecuencias.

''Woldenberg, sin despeinarse, dice 'pues sí, esto es muy grave'. šQué gran cosa! Ya todos sabíamos que es gravísimo, y luego eso de que es consecuencia del matrimonio incompatible de nuestra legislación...''

El abogado afirma que presentar la demanda aquí, ante la PGR, no sería más que ''un acto simbólico, estúpido, de pataleo que no nos va a llevar a ningún lado''.

Lo que ocurre con la venta del padrón no es, ni con mucho, cosa menor. El derecho a la privacía es sagrado. ''Nosotros tenemos obligación de dar la información y de registrarnos. Ya lo hicimos, pero si sabemos que esos datos se pueden prestar a otros habría muchos mexicanos -yo entre ellos- que estarían dispuestos a pelear jurídicamente para no proporcionar tal información. Creo que el ángulo que no se ve aquí es que se abusó de nuestra confianza'', concluye.