Incumplimiento de obligaciones y desafío constitucional, los cargos contra el gobernador de Nayarit
Promoverán controversia constitucional contra Echevarría
JESUS NARVAEZ ROBLES CORRESPONSAL
Tepic, Nay., 23 de abril. La Cámara de Diputados local facultó al presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Cota Jiménez, para que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo del estado "por incumplimiento de obligaciones constitucionales y por el desafío institucional en que ha incurrido, ya que infringe prohibiciones expresas a su cargo impuestas por la ley".
Los cargos contra el gobernador Antonio Echevarría Domínguez se refieren específicamente a la negativa del mandatario a promulgar y publicar el presupuesto de egresos para 2003, "aun cuando la Constitución así los dispone, una vez que se han cumplido todos los procedimientos de ley".
Durante la sesión del pleno legislativo se aprobó la solicitud, "de obvia y urgente resolución", presentada por el diputado priísta Eduardo Benítez Moreno, con 17 votos del PRI y uno del PRD a favor; cuatro abstenciones (una del PRD, dos del PT y dos del partido Convergencia), y cinco en contra de los diputados del PAN, al que pertenece el gobernador.
Según se explica en el documento, "el titular del Poder Ejecutivo presentó observaciones al decreto número 8487, que contiene los montos participables y factores de distribución de las participaciones federales a los municipios del estado para 2003 y al decreto 8488, que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente a este año, y una vez realizado un análisis por separado de cada decreto y de las observaciones del Ejecutivo, se valoraron los argumentos con objetividad y se realizaron ajustes en atención a las consideraciones del mandatario constitucional, habiéndose resuelto por el pleno del Congreso el 13 de abril del presente año, mediante la aprobación por mayoría del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto respecto a cada uno de los decretos".
Se especifica que "se satisfizo el trámite de observaciones y se atendieron las consideraciones del Ejecutivo, una vez integrados los decretos con sus insertos y anexos, le fueron enviados para su publicación y promulgación sin más trámite, como lo establece la norma constitucional, específicamente el artículo 55. No obstante, el gobernador se niega a publicar los decretos aprobados por esta soberanía, en claro desafío a la representación popular y en contravención a la ley".