Protesta de febrero por la detención del líder de Casa del Pueblo

Levantan arraigo a indígenas que participaron en cierre de carretera

JUAN BALBOA Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 23 de abril. La Procuraduría de Justicia del estado levantó el arraigo domiciliario a cinco indígenas del municipio de Venustiano Carranza acusados de ataques a las vías de comunicación, daños por incendio y asociación delictuosa, ocurridos en la cabecera municipal de Venustiano Carranza el 19 de febrero pasado.

La dependencia informó que en el curso de la investigación a Juan Mendoza Espinosa, Pedro Vázquez de la Torre, Teófilo Montoya Velasco, Miguel Nájera González y Mariano Pérez Hernández no les encontró responsabilidad directa en la obstrucción de la carretera, en los daños a vehículos, a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública ni en las agresiones y lesiones cometidas contra agentes de la Policía Sectorial, quienes "tenían la encomienda de retirarlos pacíficamente de la carretera bloqueada".

Anteriormente se había levantado el arraigo a José Aníbal Noriega, José Espinosa Vázquez, Manuel Martínez Calvo y a José Reyes Mendoza de la Torre, de la misma comunidad.

El 19 de febrero pasado, los indígenas, integrantes de la organización Casa del Pueblo, cerraron la carretera para exigir la liberación de su líder, Angel Hidalgo Espinosa, encarcelado horas antes por su supuesta participación en los asesinatos de ocho campesinos en el predio Multajiltic, ocurrido en abril de 2001. El resto de los aprehendidos recuperó su libertad.

Regresan liderazgo al PRI en el Congreso

El Congreso local anunció que acatará las medidas que regresan el liderazgo legislativo al PRI y que habían sido modificadas para que el titular del Poder Ejecutivo, Pablo Salazar Mendiguchía, contara con las condiciones que le permitieran gobernar entre una fuerte oposición del tricolor.

Esto, luego de conocerse aquí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas las reformas que un pequeño grupo de diputados priístas estatales y una mayoría de los de oposición efectuó en octubre de 2001 a la Constitución estatal y a diversas leyes secundarias, así como a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La decisión judicial provocó júbilo entre los diputados del PRI, quienes habrán de reasumir el control y el mando político en el Legislativo, una vez que se declare la desaparición de la Comisión de Régimen interno (CRI) y del Organo de Fiscalización Superior del Estado, creados con las reformas constitucionales de hace dos años.

El presidente de la CRI, el priísta Pedro San Cristóbal López, señaló que esperará la notificación formal de la Suprema Corte "para conocer los términos de la resolución y los procedimientos legales a seguir para su cumplimiento".

Las modificaciones fueron impulsadas luego de que durante los primeros 10 meses de su administración, el gobernador Salazar se topara con una mayoría priísta en el Congreso local que le rechazaba e impedía la realización de sus estrategias de gobierno.

En lo que se consideró un acto de "traición", a un mes de que dejaran el cargo, 17 diputados del PRI -quienes posteriormente fueron expulsados de ese instituto político- y 24 de los partidos de oposición acordaron reformas para desaparecer la figura de la Gran Comisión, que estaba en manos de la mayoría priista, y crear la de Régimen Interno, que es rotativa entre los líderes de las fracciones parlamentarias.