Jorge Camil
El verdadero Big Brother
Para analizar con seriedad el grave problema legal de las listas del Instituto Federal Electoral (IFE) es necesario separar el contenido político y no dejarnos llevar por sentimientos nacionalistas. No deja de sorprender, es cierto, que un escándalo de esta magnitud se revele a los medios cuando la institución, hasta hoy más allá del bien y del mal, y tras haber impuesto una de las multas más elevadas de la historia al Partido Revolucionario Institucional (mil millones de pesos), se encuentra involucrada con idéntico celo en la investigación de las contribuciones políticas a los Amigos de Fox.
El tema es delicado y los antecedentes son claros: ChoicePoint, empresa de Estados Unidos, suscribió un convenio con el Servicio de Inmigración y Naturalización de su país para proporcionarle bancos de datos de México y otros países latinoamericanos. La empresa declaró al diario Reforma que, en cumplimiento del convenio, adquirió posteriormente el padrón electoral mexicano "de una compañía privada mexicana y no de algún organismo público" (al curarse en salud la empresa, que pudiera ser una agencia del gobierno estadunidense, nos recuerda aquello de "explicación no pedida, acusación manifiesta"). El representante de ChoicePoint, un modelo de virtud, lamentó, con el santurrón paternalismo que caracteriza a los estadunidenses que comercian en América Latina, no poder revelar la identidad del vendedor por "razones de confidencialidad" (o sea que es válido violar las leyes penales de otro país, pero no traicionar la confianza del cómplice). Una vez que logré sobreponerme a la sorpresa y al asco (šlos datos personales de millones de electores mexicanos en manos de un pirata cibernético extranjero que vende información al mejor postor!) comencé a analizar las consecuencias legales y las preguntas de rigor: Ƒquién tuvo la osadía de celebrar ese contrato? ƑCuál fue la contraprestación? ƑCómo llegar al fondo del problema?
En el caso del padrón electoral (porque el secretario de Gobierno del Distrito Federal reveló a La Jornada el 21 de abril de 2003 que ChoicePoint pudiera haber adquirido también ilegalmente el registro de licencias del Distrito Federal) los sospechosos naturales son, por supuesto, funcionarios del IFE, o de la compañía de sistemas que organizó y digitalizó el padrón, o de alguno de los partidos políticos. Sin embargo, antes de que los mexicanos termináramos de asimilar las consecuencias del problema, José Woldenberg, impávido, salió a los medios a ejercer el obligado damage control. Reconoció (Ƒcómo evitarlo?) que la venta del padrón es un delito grave que debe investigarse, pero al mismo tiempo, con habilidad destinada a disipar cualquier sombra de duda sobre la institución que preside, se limpió el polvo de las solapas y culpó a nuestra deficiente técnica legislativa (La Jornada 19 de abril de 2003): "existe un matrimonio incompatible entre la disposición legal que estipula la confidencialidad de los datos y la cantidad de gente que tiene acceso a la información" (4 mil funcionarios electorales y partidistas, según el periódico Reforma del 18 de abril de 2003).
Woldenberg tiene razón: Ƒpara qué establecer disposiciones legales que posteriormente se convierten en letra muerta? ƑInformación que bajo pena de cárcel se entrega con carácter "confidencial" a miles de personas? En el caso del padrón electoral no necesitamos a Sherlock Holmes para descubrir al vendedor de la información; no se trata, como podría suponerse, de buscar la proverbial aguja en un pajar. Existe la opción de demandar a ChoicePoint en Estados Unidos para impedir el uso de información adquirida mediante un convenio que violó la legislación federal mexicana. (Cualquier acción legal en México sería un acto sin mayores consecuencias.) Este procedimiento, en el que dependiendo de las circunstancias específicas se podría exigir el pago de daños y perjuicios, arrojaría con toda seguridad el nombre del cómplice mexicano. ƑQuién está legitimado para ejercer esa acción legal? El IFE, por supuesto (Ƒutilizará Woldenberg la eficiencia que le caracteriza para perseguir este delito con el mismo celo desplegado contra los partidos políticos?).
Es posible, también, que conforme al derecho estadunidense los electores mexicanos afectados tengamos una acción legal por daños contra ChoicePoint (Ƒel daño?: entregar sin nuestro consentimiento a un gobierno extranjero información que confiamos con carácter confidencial a nuestro gobierno federal). La base de esas acciones sería nuestra legislación penal, que establece severas sanciones a quienes revelan información obtenida en el desempeño de funciones públicas o profesionales, incluyendo la diseminación de información obtenida en sistemas o equipos de informática del Estado.
La empresa Electronic Privacy Information Center considera a ChoicePoint una empresa Big Brother (por alusión al libro de George Orwell, por supuesto). Lo cierto es que su portal de Internet está plagado de banderas, eslogans en favor de la democracia y otros símbolos patrios. A propósito del tema de garantías individuales, Anthony Lewis publicó en The New York Times el domingo pasado ("The silencing of Gideon's Trumpet") la manera tan contundente como la administración de George W. Bush, con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, ha erosionado los derechos constitucionales de propios y extraños.
