Comenzará en 2004 y funcionará en su totalidad en 2010
Aprobación fast track en el Senado del seguro popular
ANDREA BECERRIL Y ANGELES CRUZ
El fuerte cabildeo que llevaron a cabo autoridades de la Secretaría de Salud, pero sobre todo la presión de los gobernadores del país, logró que ayer, con toda celeridad y con el voto de los senadores del PRI y el PAN, se aprobaran los cambios legales necesarios para poner en marcha el llamado seguro popular, que entrará en vigor en una primera etapa a partir del próximo año y de manera definitiva hasta el 2010.
Las reformas no garantizan, sin embargo, que habrá recursos suficientes para atender la demanda de atención médica de unos 10 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, no cuentan con seguridad social y habrán de entrar a un sistema que no será ya gratuito, sino que se pagará con sus aportaciones, con base en sus percepciones, y con recursos del gobierno federal y estatal.
Los gobernadores ''se dejaron ir tras la zanahoria'' de que recibirán más recursos, pero en realidad van a tener después que cargar con la responsabilidad de construir y cubrir el costo de los hospitales y el pago del personal médico, advirtió en tribuna el perrredista Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente de la Comisión de Salud. Su advertencia sólo fue tomada en cuenta por su bancada, la que, a excepción de Demetrio Sodi, votó en contra de la reforma.
Por la tarde, con 83 votos en favor y siete en contra, se aprobaron las reformas por las que se establece un ''sistema público de protección social de salud'', mejor conocido como seguro popular, con base en un dictamen presentado apenas por la mañana, al que se dispensó segunda lectura y fue modificado ayer mismo, porque había prisa para sacarlo y que pueda ser aprobado por la Cámara de Diputados.
La zanahoria del dinero
Durante cinco meses los integrantes de las comisiones de Salud, de Hacienda y de Estudios Legislativos analizaron la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado 12 de noviembre del 2002, que el titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk, comenzó a cabildear de inmediato con los legisladores de todos los partidos, sin mucho éxito.
La estrategia que finalmente dio resultado, según comentó en entrevista previa el perredista Moreno Brizuela, fue convencer a los gobernadores de los estados de que recibirán más recursos. "Les ofrecieron la zanahoria del dinero y ellos lo aceptaron, sin ver que esta ley en el corto o mediano plazo les va a provocar graves trastornos en sus finanzas".
Reveló que a excepción del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, los demás gobernadores del PRD, pidieron que se aprobara la ley, "sin mayor visión dijeron venga la lana". Puso como ejemplo el caso de Michoacán, que ahora recibe 900 millones de pesos y aporta 50 millones más al año. Con las modificaciones ayer aprobadas, esa entidad recibirá dos millones de pesos adicionales, "pero se van a enfrentar a la necesidad de construir, por su cuenta, la infraestructura hospitalaria requerida para echar a andar el seguro médico".
Aunque el priísta Genaro Borrego dijo que el proyecto original de Frenk fue modificado por completo y ayer mismo el también senador del tricolor Carlos Rojas intentó que se introdujeran cambios para garantizar el derecho constitucional de los mexicanos al servicio médico gratuito y evitar que a través de esa reforma se abra la puerta a la privatización de la seguridad social, no se logró mucho.
Las modificaciones a la Ley General de Salud no difieren mucho de la propuesta que promocionó y cabildeó hasta el final el secretario Julio Frenk. Varios de sus funcionarios, entre ellos su secretario particular, Gabriel García, estuvieron desde muy temprano en el salón de sesiones de Xicoténcatl, para presionar hasta el final.
Uno de los cambios fue precisar que la Cámara de Diputados deberá aprobar los recursos fiscales necesarios para que el Seguro Popular entre en operación en el 2004. Sin embargo, no hay alusión alguna al dinero requerido para construir hospitales y clínicas.
De entrada se requieren 42 mil millones de pesos, que se obtendrán de aportaciones del 15 por ciento del salario mínimo por cada familia, que dará la federación, además de 7.5 por ciento los estados y la cuota social, que es de 2 mil 400 pesos por familia al año.
La población deberá a su vez pagar el seguro médico, de acuerdo con su nivel de ingresos, en ocho niveles, que van de 240 a 5 mil pesos anuales.
En tribuna, el priísta Miguel Angel Navarro Quintero justificó el voto del PRI en favor, con el argumento de que no debe excluirse del sistema de salud a ninguna comunidad. El panista Marco Antonio Xicoténcatl expuso a su vez que por primera vez "el Estado aportará a 40 millones de mexicanos una acción de justicia social".
"Espero que con la misma euforia que hoy aplauden este programa, en tres años aplaudan los resultados", dijo al final Moreno Brizuela. De dónde van a sacar los recursos para ese seguro, si en los últimos años los problemas de desfinanciamiento han sido graves, se preguntó.
