En Puebla, 85% de los empleados no lo recibió, informan organismos empresariales

Concluyó plazo para repartir utilidades; sin pago, 60% de trabajadores: CT

Trucos contables mellan o desaparecen esta prestación desde los años 90: especialistas

FABIOLA MARTINEZ

El pago de utilidades es, en la práctica, un derecho en vías de extinción para millones de trabajadores cuyas empresas se han vuelto expertas en el arte de escamotear ese pago, bandera de "justicia" del artículo 123 constitucional. Ayer concluyó el plazo legal para hacer este reparto.

De acuerdo con especialistas en economía laboral y estudios elaborados por el Congreso del Trabajo (CT), desde los años 90 se calcula que sólo 20 por ciento de los trabajadores que cuentan con empleo formal reciben este beneficio completo; un porcentaje similar recibe utilidades "disminuidas", y el resto, nada.

Lo anterior es resultado de las trampas a las que recurren patrones, tales como cambio de razón social, subcontratación de mano de obra -con empresas intermediarias- y/o declaración de "pérdidas fiscales o utilidades fiscales menores", aun cuando en realidad se trate de negocios rentables.

En tanto, dirigentes de los organismos empresariales del país declararon en días anteriores que para este periodo más de la mitad de los trabajadores no recibirían reparto, y en algunos estados como Puebla se afirma que 85 por ciento quedaría fuera.

"Existe un hecho evidente de que la tendencia apunta a eliminar este derecho constitucional de la clase obrera mediante procedimientos fiscales, con la complacencia de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por el uso del poder político de las grandes empresas", advirtió Humberto Juárez Núñez, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla y especialista en economía industrial.

Esto se explica porque los documentos de ingresos acumulables y deducciones autorizadas (los comprobantes de ingresos, costos y gastos que reportan las compañías ante la SHCP para determinar el resultado del ejercicio fiscal que ordena la Ley del Impuesto Sobre la Renta) son inaccesibles para los sindicatos o se exhiben incompletos, a pesar de que el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) precisa el derecho de los trabajadores a consultar los anexos referidos.

Cuando los asalariados o sus representantes logran identificar las partidas que afectan la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), deben cumplir una serie de requisitos que reclama la SHCP, en especial tomas de nota y actas notariadas. Aun librando lo anterior, es frecuente que las objeciones sindicales no procedan porque la autoridad, en su papel de juez, sostiene que la declaración patronal se ajusta a los procedimientos legales.

En el análisis de la declaración fiscal, los sindicatos ahora ni siquiera pueden identificar el renglón 46 (otros gastos y otras deducciones), que ha servido eficientemente para abultar deducciones y lograr así un reporte mínimo de utilidades a repartir. Ahí, es frecuente que los departamentos de contabilidad coloquen gastos que en muchas ocasiones son iguales o superiores a salarios y prestaciones.

Como resultado de las últimas reformas fiscales -en vigor a partir del primero de enero pasado-, "se ha eliminado información vital para el análisis como el número de trabajadores con derecho a PTU, su distribución por niveles de salarios mínimos y los anexos que desagregan las partidas del costo de ventas", agregó Juárez en entrevista.

Persiste el "hecho gravísimo" de que muchas empresas manufactureras o de servicios en todo el país han creado a su sombra compañías intermediarias que prestan servicios de contratación de mano de obra, cuyo propósito es anular la PTU mediante la declaración de ingresos parciales, relativos exclusivamente al giro de contratar mano de obra y no responsabilizarse de cumplir con obligaciones laborales.

Como todos los años, el gobierno y organismos del sector obrero empiezan a difundir que ayer concluyó el plazo para que los patrones entreguen la PTU, de acuerdo con lo dispuesto por la LFT, fecha también en que la autoridad llama a los trabajadores que no fueron beneficiados adecuadamente a presentar la denuncia correspondiente.

Las dependencias públicas son muy puntuales en hacer saber que los patrones incumplidos serán sujetos a una sanción económica de hasta 315 salarios mínimos y una multa de 150 por ciento sobre el monto de la evasión fiscal. Sin embargo, cada vez son menos los trabajadores que se animan a esta suerte de pruebas de paciencia infinita.