Armando Labra M.

Trampas, modelos. Universidades y Estado

Entre los importantes asuntos que dirimieron las universidades públicas reunidas en Ciudad del Carmen, Campeche, los días 23 y 24 de mayo, destaca la discusión y entrampamiento de un modelo desarrollado desde hace cinco años. Este ejercicio, auspiciado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), comenzó como un nuevo modelo de financiamiento para las universidades públicas, si bien, como se reconoció hace poco, se trataba de algo más modesto y diferente: cómo distribuir el menguante subsidio federal entre universidades públicas del país.

En esencia, el modelo busca reasignar el subsidio federal a partir de una premisa surgida de las universidades aparentemente menos favorecidas, sobre todo las de los estados de la república, en el sentido que las grandes instituciones educativas federales (UNAM, IPN, UAM, Colmex, etcétera) se llevan la tajada del león. En un simplista y falso concepto de equidad, se buscaba resolver, mediante un modelo matemático, cómo "quitar a las grandes para dar a las chicas".

El modelo, pues, propone un ejercicio de suma cero, que es una de las muchas razones por la cual no satisfizo a los rectores en Ciudad del Carmen, ya que implica quitar a unos para dar a otros en forma estrictamente tecnocrática. Ciertamente es posible y necesario construir nuevos modelos que en vez de partir de la base de quitar a unos para dar a otros, tengan como finalidad dar más a todos. Quizás con mayor dinamismo a las "chicas" que a las "grandes", de manera que todas las universidades ganen y, claro, lo justifiquen ante la Cámara de Diputados.

Pero el tema central del modelo de marras no radica tanto en su construcción técnica, que siempre es posible resolver, por ejemplo, diseñando fórmulas que respondan a necesidades de instituciones complejas las que, además de impartir docencia realizan investigación -o sólo investigan-, despliegan tareas de extensión universitaria y difusión cultural, conducen preparatorias, resguardan patrimonios de la nación y operan servicios de escala también nacional; y por otro, aplicando fórmulas específicas distintas a instituciones educativas que realizan sólo alguna de estas funciones. De hecho, al emplear la misma fórmula en universidades federales o estatales, "grandes o chicas", siempre salen perjudicadas las estatales, más "chicas", desvirtuándose el motivo original del modelo.

El problema técnico es menor y hasta soslayable. En realidad el tema es otro, más allá del estrecho callejón de los coeficientes y porcentajes, modelos y modelitis, como siempre. Para las universidades y sus rectores los tiempos han cambiado en cinco años y hoy preocupa mucho más definir la política de Estado en materia de financiamiento de la educación superior, que la mera aplicación de fórmulas y modelos -cuya base estadística, además, no es consistente o representativa- de resultados claramente dudosos.

En efecto, contar con un instrumento modelístico, por bien intencionado que sea, pero que carece de marco político que defina claramente de qué se trata, resulta de suyo difícil de asimilar para cualquier rector. Más aún cuando no está claro quién aplicará el famoso modelo... ni quién pagará la cuenta. El modelo por sí mismo semejaría una pistola aparentemente empuñada por las universidades, pero cuyo gatillo pudiera ser jalado más con criterio hacendario que educativo, quizás nunca con visión académica.

Es necesario, pues, que entre rectores y autoridades se definan los fundamentos de una política de Estado en materia de educación superior, ciencia y tecnología, temas estrechamente vinculados, para de ahí desprender una política de Estado específica en materia de financiamiento, cuyo instrumento de ejecución, ahora sí, pudieran ser uno o varios modelos, ciertamente no el que ahora se rechazó en Ciudad del Carmen y con razón, ya que está francamente superado.

La verdadera trampa no radica, pues, en las fórmulas de un modelo, sino en la orientación política y los compromisos de Estado, no sólo gubernamentales-sexenales, con la educación superior, la ciencia y la tecnología. Los compromisos gubernamentales ya los conocemos, son efímeros, no se cumplen, cambian incesantemente u operan bajo el agua, por eso resulta imperativo acudir no a las promesas de gobierno, sino a los compromisos del Estado mexicano consagrados en la Constitución y las leyes.

De ahí emanan las políticas de Estado y abrevar en sus fuentes legales ofrece la única posibilidad de salir del entrampamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología en que nos encontramos. Trampa en la cual no tienen por qué seguir desgastándose innecesariamente los rectores ni las autoridades. Ver hacia arriba y a lo lejos ayuda siempre al desentrampe