Se dejaría de lado el hecho de que el Estado ordenó al Ejército reprimir a civiles

Rechazan familiares de desaparecidos que tribunal castrense juzgue a generales

La procuraduría militar no garantiza que haya imparcialidad, afirman ONG

JESUS ARANDA

Familiares de desaparecidos durante la guerra sucia y organizaciones no gubernamentales (ONG) se oponen a que la procuraduría militar procese a los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, porque de mantenerse el proceso en el fuero de guerra se juzgaría únicamente a individuos, dejando de lado el hecho de que hubo responsabilidad del Estado al ordenar al Ejército ejecutar acciones represivas contra la población.

Señaló lo anterior Siria Oliva Ruiz, asesora jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien por otra parte cuestionó la falta de decisión del titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, para asumir su responsabilidad y hacer un planteamiento firme para que el fuero federal investigue lo que ocurrió en la década de los 70 y sancione a los culpables.

Entrevistada sobre el comunicado que emitieron de manera conjunta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), en el que aclararon que aún no se ha resuelto en definitiva el amparo (está en manos de un Tribunal Colegiado) para que sea la justicia federal y no el fuero de guerra la que procese a los generales. Oliva Ruiz sostuvo que la procuraduría castrense no es garantía de imparcialidad.

Al contrario, las diligencias que realizó la procuraduría castrense en Atoyac, Guerrero, con la intención de recabar testimonios de familiares de víctimas, generaron temor y desconfianza entre la población. "Ahora resulta que quienes se llevaron a sus familiares, actualmente desaparecidos, son los mismos que pretenden castigar a los culpables", cuestionó.

Por otra parte, en el comunicado, las organizaciones señalaron que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la justicia dentro del ámbito militar "constituye en sí misma una violación de las garantías fundamentales, ya que los tribunales del fuero de guerra no gozan de imparcialidad e independencia".

Aun cuando se hicieron eco de la opinión de altos mandos del Ejército, en el sentido de que sea la Suprema Corte la que resuelva en definitiva en qué fuero deberán ser juzgados los militares, las ONG insistieron en que, de acuerdo con el artículo 13 constitucional y con base en los tratados internacionales firmados por México, "debe ser un tribunal civil, imparcial e independiente", quien juzgue a los responsables de cometer violaciones a derechos humanos.

A su vez, Siria Oliva reconoció que no existe interés de la Afadem ni de otras organizaciones de aceptar la propuesta de que la procuraduría militar coadyuve en las investigaciones. "Tenemos que ser congruentes en el sentido de que la indagación de los delitos debe realizarse exclusivamente en el ámbito civil."

De acuerdo con la consignación penal de los generales, por homicidio calificado -en lugar de ser acusados por desaparición forzada de personas, que es un delito continuado y de lesa humanidad-, lo único que pasaría es que se les dictara una sentencia de 30 años o más, subrayó la especialista.

Pero la sentencia ignoraría la existencia de una cadena de mando que ordenó la actuación de los soldados, la responsabilidad del gobierno en turno, además de que no se cumpliría con la necesaria reconstrucción histórica de los hechos, destacó.

"Estamos preocupados", dijo, "porque se llevan a cabo dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos -la de la procuraduría militar y la de la fiscalía para desaparecidos-, y no vemos congruencia entre el discurso gubernamental, que insiste en llegar al fondo del asunto, y la falta de coordinación y decisión al más alto nivel para ordenarle a la procuraduría militar que decline su competencia en favor del fuero civil".