Miguel Concha

Acuerdo de cooperación técnica

La Asamblea General de la ONU estableció en 1955 un programa de realización de acuerdos de cooperación técnica con los países que así lo solicitaran, con base en los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de Naciones Unidas. Esta cooperación se realiza desde 1993 por medio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Dichos acuerdos son servicios de asesoramiento que buscan, entre otras cosas, fortalecer las instituciones nacionales, por medio de la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos en la legislación y las políticas domésticas.

Como resultado del trabajo de varios años de las organizaciones civiles de derechos humanos, en junio de 1998 la entonces titular del ACNUDH, señora Mary Robinson, decidió ofrecer a México apoyo técnico para que cumpliera con sus obligaciones, "bajo los convenios internacionales y otros tratados de derechos humanos que ha ratificado".

Desde entonces las organizaciones civiles mexicanas e internacionales exigieron al gobierno la celebración de un acuerdo de cooperación técnica en materia de derechos humanos. Durante la visita de la señora Robinson a México en noviembre de 1999, el entonces jefe del Ejecutivo federal firmó un memorando de intención para la realización de un acuerdo de ese tipo, que sin embargo no llegó a concretarse durante el resto de su administración. El 2 de diciembre del 2000 la señora Robinson se reunió con 11 organizaciones civiles nacionales de derechos humanos, para invitarlas a formar parte de un acuerdo negociado en mejores términos por el ACNUDH con el gobierno, que ese mismo día firmó en Oaxaca la nueva administración federal. Actualmente el número de organizaciones se ha aumentado a 18, entre las cuales hay cuatro redes con presencia en todo el país. La primera fase del mismo se realizó durante 2001, y consistió en actividades principalmente de capacitación, como talleres de documentación médica y forense sobre tortura y talleres sobre mecanismos nacionales e internacionales de derechos indígenas.

En abril de 2002 se firmó la segunda fase del acuerdo, que tendrá una duración de tres años, en la que se reconoce que "un gran número de organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional han venido expresando sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México", y que éstas "han sido tomadas en consideración por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos". En abril pasado se inició en México esta segunda fase, que considera como elemento central la elaboración para octubre de este año de un diagnóstico sobre esta situación, para que de allí se desprenda un programa nacional de derechos humanos, que atienda y resuelva con mayor eficacia los problemas en la materia. Dicho diagnóstico debe identificar las causas estructurales que provocan las violaciones a los derechos humanos en México, así como las posibles acciones que son necesarias para mejorar la situación, con el propósito de contar con bases sólidas para integrar una política de Estado en la materia.

Se espera que el diagnóstico sirva igualmente para fundamentar la elaboración de un programa nacional de derechos humanos, y desde luego como insumo para establecer las prioridades de las fases subsecuentes de la cooperación técnica con el ACNUDH.

Una de las características importantes que tiene todo este proceso es que, aunque cuatro expertos nacionales han sido ya públicamente convocados, seleccionados y contratados por la oficina del ACNUDH en México, después de una larga y difícil negociación (Sergio Aguayo, Isidro Cisneros, Clara Jusidman y Miguel Sarre), para coordinar la preparación del diagnóstico, está sin embargo abierto a la participación de la sociedad, mediante las aportaciones de sus organizaciones civiles y sociales.

Como sabemos, las reivindicaciones sociales están íntimamente ligadas con los derechos humanos, y por tanto con las obligaciones del Estado. Por ello, mientras más amplia sea la participación de la sociedad, el diagnóstico se acercará más a la realidad, y se podrá impulsar mejor su transformación en un programa que pueda ser vigilado y evaluado. El texto, en efecto, que se elabora con el concurso no excluyente del comité de organizaciones civiles que participan en el acuerdo, se apoya en una revisión objetiva, comprensiva y exhaustiva de la información disponible, y se inspira en una visión de "universalidad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos". Se confía que sus recomendaciones sean al mismo tiempo ambiciosas, viables y mesurables.