Protestar implicaría echarse encima a los beneficiarios

Las pensiones a consejeros irritan a empleados judiciales

Acción ofensiva, califica Rosario Robles Burgoa Orihuela, partidario de que la Corte revise el acuerdo

JESUS ARANDA Y RODOLFO VILLALBA REPORTERO Y CORRESPONSAL

El acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que otorga pensiones vitalicias a sus integrantes causó indignación en el Poder Judicial de la Federación; sin embargo, funcionarios del ramo consultados aceptaron que difícilmente jueces y magistrados federales levantarán su voz contra esa acción, porque ello signficaría "echarse encima" a los consejeros.

La permanencia, destitución e incluso eventual inhabilitación de los juzgadores federales depende del CJF, por lo que consideran que si protestan contra el acuerdo general pondrían en riesgo su carrera judicial. De ahí el silencio.

Resulta increíble que después del escándalo que generaron las pensiones vitalicias en Nacional Financiera, cuando el ex canciller José Angel Gurría encabezaba ese banco de desarrollo, los consejeros se hayan beneficiado "excesivamente" con pensiones a las que no tienen derecho constitucionalmente hablando, indicaron funcionarios consultados.

La Cámara de Diputados tiene que legislar esto: Robles

Por su parte, la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Robles Berlanga calificó de acto ofensivo, lesivo, anticonstitucional e ilegal el acuerdo general que otorga pensión vitalicia a los seis consejeros de la Judicatura Federal que terminen su encargo después de estar cinco años en el puesto.

En rueda de prensa en Tapachula, Chiapas, donde comenzó una gira de dos días por la entidad para apoyar las candidaturas a diputados federales del sol azteca, Robles Berlanga comentó que la información publicada en La Jornada es importante, ya que forma parte de la propuesta legislativa de su partido para regular los salarios y bonos de los funcionarios públicos.

Consideró que es escandaloso que se asignen bonos, como el caso del Consejo de la Judicatura Federal, que se adjudicó un bono millonario ilegal. "Por eso la Cámara de Diputados tiene que legislar esto, ya basta de que funcionarios municipales, estatales, legisladores, miembros del Poder Judicial de la Federación, todos acaben sus encargos y se sirvan con la cuchara grande."

Responsabilidad y análisis de la Suprema Corte de Justicia

En otro orden, ante la mínima posibilidad de que los jueces federales actúen o cuestionen abiertamente el acuerdo 22/2203, funcionarios judiciales exigieron a los ministros de la Corte que asuman su responsabilidad y entren al análisis del acuerdo del CJF, toda vez que, según la Constitución, los ministros no sólo pueden revisar, sino también revocar los acuerdos generales de los consejeros, cuando consideren que son violatorios de la ley.

Aunque el problema, aceptaron, es que al menos ocho ministros tendrían que votar en contra del acuerdo para que éste dejara de tener efecto.

Otra opción sería que representantes del Poder Legislativo presentaran ante la Auditoría Superior de la Federación la queja correspondiente, para que esa instancia revisara las cuentas del Consejo de la Judicatura Federal y estuviera en condiciones de establecer si hubo irregularidades en el manejo de recursos.

Recordaron que el acuerdo -aprobado por los consejeros Mariano Azuela Güitrón (presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal), Sergio Valls Hernández, Manuel Barquín Alvarez Margarita Beatriz Luna Ramos, Miguel A. Quiroz Pérez, Adolfo O. Aragón Mendía y Jaime Manuel Marroquín Zaleta- no cuenta con ningún sustento legal, porque el Congreso no aprobó ninguna ley en la materia.

De manera que, si destinan un solo peso de pensión a Barquín Alvarez (quien según el documento percibiría más de 112 mil pesos, de los 170 mil mensuales que perciba cuando deje el cargo, en noviembre próximo), automáticamente los consejeros incurrirían en uso indebido de facultades y podrían ser objeto de juicio político y después ser sujetos de acción penal por la Procuraduría General de la República.

Sólo lo que la ley permite

Al comentar lo establecido en el acuerdo, en el sentido de que la Constitución faculta al consejo para administrar, vigilar y disciplinar a jueces y magistrados y, por ende, cuenta con independencia técnica para emitir sus resoluciones, los funcionarios judiciales consultados rechazaron tajantemente que el pleno del CJF tenga tales atribuciones y enfatizaron que la autoridad "sólo puede hacer lo que expresamente la ley le permite", porque de lo contrario incurre en responsabilidad.

Es decir, los consejeros no tienen ninguna justificación para asignarse una pensión económica en beneficio propio, aun cuando se hable de que ésta sea de 66 por ciento de su sueldo en los dos primeros años y después de 33 por ciento, con la salvedad de tener 25 años en el servicio público; el pleno actuó al margen de la ley, indicaron.

Obligación de la Corte: Burgoa

Por su parte, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela criticó la decisión del pleno del consejo y subrayó que sólo el Congreso en el presupuesto de egresos determina en qué se gastarán los recursos de las diversas dependencias.

De manera que, independientemente del impacto negativo que tiene la decisión para la imagen del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo del consejo es "ilegal" porque habla de recursos que no están asignados para tales fines, y si los consejeros desvían recursos de otros rubros para pagar alguna pensión, entonces serían sujetos de juicio político y de acciones penales en su contra.

Burgoa se sumó a la idea de que el pleno de la Suprema Corte asuma su responsabilidad, revise el acuerdo y ordene su no aplicación.