Realiza estudios sobre la biodiversidad en la entidad; los reportes van a Washington

Presiona asociación estadunidense para realizar desalojos en Chiapas

Podría provocar el enfrentamiento entre comunidades indígenas, alerta el CAPISE

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 8 de junio. La asociación civil estadunidense Conservation International (CI) posee amplia presencia en medios académicos, políticos y empresariales. En México, por ejemplo, ha desarrollado proyectos, algunos muy interesantes, con la UNAM, el ITAM, Ecosur, INAH, ENAH y universidades estadunidenses. No obstante, ciertas actividades han despertado suspicacia.

Recientemente CI "llevó a cabo un programa de sobrevuelos que le permitió escudriñar ampliamente la región de la selva maya", señala el informe Conservación internacional: el caballo de Troya, divulgado este fin de semana, donde se reproduce la bitácora de los vuelos, precisamente sobre áreas de la selva donde viven miles de zapatistas. "Para esto, CI-México solicitó un financiamiento a CI y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés) por casi 5 millones de pesos", refiere el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), responsable del documento.

Allí se apunta que la filial de CI en México "entrega a la agencia gubernamental estadunidense USAID seis informes trimestrales, en dos modalidades: uno financiero y otro técnico. A los reportes se adjuntan los productos. CI se compromete a aportar toda la información adicional que requiera USAID para el seguimiento de los avances del proyecto".

Con más de mil integrantes, CI trabaja en países de cuatro continentes. Durante 15 años ha invertido más de 315 millones de dólares en la "conservación" de los hábitats más ricos de la tierra. Su presencia ha sido controvertida en varios países latinoamericanos. En Guatemala, donde promueve el ecoturismo por medio de la Asociación Alianza Verde, las Comunidades Populares en Resistencia del Petén "expresaron abiertamente su preocupación por lo que pretende hacer en sus tierras".

Después de las constantes presiones y declaraciones de CI en favor del desalojo de comunidades asentadas en Montes Azules, su director en Chiapas, Ignacio March, respondía en mayo de 2002 a la pregunta "¿es cierto que ustedes proporcionaron datos y fotografías para que los lacandones demanden a los asentamientos irregulares de la selva?" (planteada por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en Chiapas):

"Sí. Tenemos un proyecto de monitoreo ambiental. Somos los ojos de la comunidad nacional e internacional". El 30 de mayo de 2003, en declaraciones a un diario de Tuxtla Gutiérrez, March advirtió del riesgo de violencia entre choles y lacandones, acusando a los gobiernos federal y estatal de falta de voluntad política para resolver el conflicto de los llamados poblados irregulares en Montes Azules. Reconoció que CI presiona a las autoridades para detener las invasiones y realizar desalojos; acusó a las comunidades asentadas irregularmente de "gente ignorante, a la que se le engaña y manda", y consideró que no tienen el conocimiento para manejar las áreas.

Aceptar que proporcionan datos y fotografías a los lacandones con la finalidad de que éstos interpongan demandas contra asentamientos irregulares "es una grave irresponsabilidad", señala el CAPISE.

"Significa enfrentar a los lacandones con las comunidades tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales, zapatistas o pertenecientes a la ARIC Independiente. Un enfrentamiento entre ellos representaría un conflicto interétnico que hasta ahora no ha existido en Chiapas", indicó.

Las presiones no son sólo de CI. De 1994 a 2003 las estrategias por lograr el desalojo de comunidades indígenas se ha modificado año con año, y en su establecimiento han tenido la responsabilidad las autoridades federales. "El contexto de violencia y discriminación están fuera de las consideraciones de CI, de las grandes trasnacionales y los sectores del poder económico dentro y fuera del gobierno. Para ellos, el modelo económico neoliberal no está a discusión. Su establecimiento necesita un marco legal favorable para el acceso ilimitado a los recursos". Así, resulta "inaceptable" el reconocimiento de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.

Los analistas del CAPISE registran que el presente año los intentos para el desalojo en Montes Azules dieron un giro. "La apuesta es generar enfrentamientos de los pueblos (zapatistas o no) con los lacandones; es una nueva táctica del caballo de Troya para desplazar a las comunidades, controlar los recursos estratégicos, poner en marcha proyectos ecoturísticos, debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y desmantelar los municipios autónomos". Promover los desalojos implica "lo mismo que CI denuncia respecto a las 'invasiones' en la 'comunidad lacandona': una violación de los derechos humanos".

Financiada, administrada y dirigida por directivos de trasnacionales con intereses económicos en la biodiversidad, CI reporta y entrega toda la información disponible a la USAID, es decir, "al gobierno estadunidense, que ve en la biodiversidad de Chiapas un asunto estratégico".

Los analistas apuntan: "no sabemos qué uso tiene la información suministrada por CI, pero en la historia reciente hemos atestiguado cómo los intereses económicos de carácter privado se transforman en intereses militares de 'seguridad nacional'".

El informe agrega que CI ha adquirido tierras en países como Bolivia, Perú, Brasil, Guatemala y Surinam. En este último, la bioprospección asociada a investigaciones farmacéuticas provee a las comunidades "tribales" con tecnologías, entrenamiento y equipo para sacar sus propios recursos.

"El primer 'cambio por deuda para la naturaleza' se da cuando CI compra una parte de la deuda externa de Bolivia con el objetivo de financiar la conservación en la reserva de la biosfera Beni". A partir de entonces, "más de un mil millones de dólares se han reinvertido con esta misma estrategia en diversos países".

Citando documentos oficiales, el CAPISE menciona que varias de las empresas involucradas son beneficiarias de los subsidios del fondo del gobierno estadunidense para bioprospección (ICBG): Monsanto, en Panamá; Bristol-Myers, Squibb y DowElanco Agrosciences, en Surinam y Madagascar. De la mano de estas y otras empresas (como el gigante farmacéutico Glaxo-Smith Kline-Beecham), "CI ha recibido importantes donativos del fondo ICBG.

"Resultaría absurdo negar el papel que juega CI en los grandes intereses económicos de las trasnacionales sobre los recursos naturales y estratégicos".

La globalización del modelo económico neoliberal es, a juicio de los analistas, "la peor amenaza que han sufrido los pueblos indígenas del mundo en su ancestral lucha por la tierra y la demanda a su legítimo derecho de autodeterminación. El caso de México no es distinto. El impacto de la vorágine neoliberal sobre los pueblos indígenas, sus culturas y sus derechos los está llevando al etnocidio".

Por cierto, CI se ocupa también de contener la sobrepoblación. Según decía Ignacio March hace un año, lo hace "de manera preventiva", en referencia al proyecto que lleva a cabo con el IMSS y Mexfam en Emiliano Zapata, Frontera Corozal e Ixcán. "Se trata de informar a las mujeres indígenas sobre los diversos métodos de planificación familiar. Los indios y las mujeres tienen derecho a conocer los métodos de planificación familiar para vivir mejor y evitar que las mujeres se conviertan en incubadoras de mano de obra para las comunidades".

La investigación del CAPISE (realizada por José Merced Hernández Gómez, José Leopoldo Castro, Benedetta B., Michael Chamberlin y Ernesto Ledesma) concluye: "La demanda de los pueblos indígenas por su libre determinación no es un capricho, sino un imperativo ético. Frente a la acelerada aplicación del modelo neoliberal, los acuerdos de San Andrés toman mayor relevancia. Su incorporación a las leyes mexicanas es crucial para la defensa de los pueblos indios y para una profunda reforma de Estado".