Comenta Del Paso noticiario del canal 11 y editorial de La Jornada

Señora directora: Pienso que es una pena que en el magnífico noticiario de mi admirada Adriana Pérez Cañedo -de Canal 11- hayan comenzado a colarse palabras de cuño imperialista.

Por ejemplo, en el noticiario del viernes 6 de junio, al hablar de aquellos estados de la República -como Michoacán y Jalisco entre otros- en los que se da un mayor número de emigrantes hacia Estados Unidos, se les calificó de estados "expulsores". Creo que esta clase de expresiones despectivas le vienen mejor a Aznar, quien cada vez que se refiere a los países de Africa de los que más parten emigrantes hacia España, los llama así, "países expulsores".

En el mismo noticiario pasó un breve reportaje sobre la frontera mexicana con Guatemala, titulado "México descuida su patio trasero". No es justo que para vengarnos del escupitajo del gigante nos dediquemos a escupir a los chiquitos.

Aprovecho la ocasión, mi querida Carmen, para decirle con todo respeto -a propósito de un editorial reciente de La Jornada-, que Don Quijote (a pesar de lo que muchos creen y muchos más quisieran) nunca dijo "con la Iglesia hemos topado". Lo que dijo el Caballero de la Triste Figura fue: "con la iglesia hemos dado". Así escrita la palabra "iglesia", con minúscula, como se lee en el capítulo IX de la segunda parte del libro. Lo que quiere decir nada más y nada menos que Don Quijote y Sancho se habían encontrado con el templo del pueblo del Toboso. Aparte de esto, en México sí que nos hemos topado con la Iglesia.

Fernando del Paso

Señora directora: Le rogamos incluya en El Correo Ilustrado el siguiente comunicado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) sobre la resolución denegatoria de las órdenes de aprehensión solicitadas por la fiscalía especial en contra de los señores Miguel Nassar Haro y Luis de la Barreda, ex directores de la Federal de Seguridad.

La ANAD discrepa totalmente del criterio interpretativo sostenido por el juez de distrito Guillermo Vázquez Martínez en el sentido de que la emisión de las órdenes es improcedente en virtud de haber operado la prescripción de la acción penal. Efectivamente, tal como ha venido argumentando la fiscalía especial, de acuerdo con el derecho punitivo federal mexicano, la conclusión del juzgado de distrito es notoriamente infundada porque la causa penal en cuestión versa sobre el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro por servidores públicos, el cual tiene el carácter de permanente o continuo y su prescripción debe computarse a partir de la cesación de la conducta ilícita, lo que no ha ocurrido en el caso concreto, ya que la víctima continúa desaparecida.

Por otra parte, la tesis del juez en entredicho se desentiende del hecho de que durante un tiempo bastante prolongado en México no existieron las condiciones estructurales de orden político y jurídico que se requerían para poder desarrollar la función constitucional de investigación y persecución de los crímenes de Estado y delitos de lesa humanidad cometidos en contra de opositores al régimen del PRI, por lo que durante ese lapso legalmente no pudo haber corrido ningún término de prescripción.

En otro orden de ideas, tratándose de un crimen de lesa humanidad, el juez debió tomar en consideración los principios ius cogens o principios generales del derecho internacional, los cuales disponen que estos delitos deben ser perseguidos por todas las naciones independientemente de su tiempo o lugar de ejecución material, lo que determina su condición de imprescriptibilidad. Es decir, el delito imputado a los señores Nassar y De la Barreda es imprescriptible, tal como se desprende, entre otros instrumentos de derecho internacional, de la resolución proclamada el 3 de diciembre de 1973 por la Asamblea General de la ONU, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Tratado del Consejo de Europa y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

De llegar a ejercitar la facultad de atracción del caso en grado de apelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la responsabilidad histórica y constitucional de reparar esta grave falta jurisdiccional, apartando a nuestro país del riesgo de verse envuelto en un escandaloso caso de desacato a normas mandatarias de derecho internacional y propiciando que las víctimas y/o sus familiares disfruten a plenitud el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Por la ANAD: Ernestina Godoy (presidenta), Raúl Jiménez, Gracia Moheno, Estela Ríos, Claudia Luengas, María del Carmen Fernández, Jesús Campos Linas, Oscar Alzaga, María Luisa Campos, Jorge Fernández, Jorge Fuentes, Susana Codina, José Luis Romero, Arturo Alcalde, Alfonso Bouzas, Julio Ortiz, Lauro Sol, Marina Téllez, Efrén Rodríguez, José Luis Contreras y 42 firmas más

Señora directora: En días recientes se han publicado en La Jornada notas informativas que señalan que yo he asistido a reuniones en la Secretaría de Gobernación y con el señor Francisco Barrio con el fin de conversar sobre los posibles temas de la próxima legislatura.

Todo lo que se ha publicado sobre mí a este respecto es falso. No me he reunido con nadie en Gobernación ni con Barrio y tampoco con priístas con tal propósito. Hay que dejar que la ciudadanía vote y otorgue mandatos. Ahora estamos en campaña electoral. Por lo pronto, los actuales diputados conservan sus funciones. Mientras, los candidatos no somos más que eso. Prefiero debates públicos y espero que, después, toda negociación sea también pública. Entiendo, además, que el Partido de la Revolución Democrática, como tal, tiene esta misma posición.

Pablo Gómez, candidato del PRD a diputado en el 23 distrito electoral de la ciudad de México, delegación Coyoacán

Señora directora: La carestía de nuestra "incipiente democracia", reflejada en el mantenimiento de 11 partidos polí- ticos, Instituto Federal Electoral, institutos electorales estatales, tribunales federal y de los estados, además de las 89 agrupaciones políticas nacionales, más las que tienen registro como tales en las 31 entidades federativas, ahora se ve incrementada en el Distrito Federal por el experimento de las llamadas urnas electrónicas brasileñas.

En un principio la prueba piloto de las urnas electrónicas fue presentada como un "ahorro para el instituto, ya que reducía considerablemente su costo", en virtud de que se trataba de un "préstamo" del Tribunal Superior Electoral de Brasil, frente a los presupuestos planteados por empresas nacionales y extranjeras (estadunidenses), sin tomar en cuenta los avances tecnológicos de las mexicanas. Para este experimento, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal destinó como presupuesto un millón 250 mil pesos.

Sin embargo, al paso del tiempo esta cantidad se ha incrementado. Actualmente se prevé un costo aproximado de 3 millones de pesos y, sinceramente, el caldo -como se dice coloquialmente- nos está saliendo más caro que las albóndigas.

Esta cantidad, con la que seguramente López Obrador podría mantener a miles de viejitos por un año, ya supera en mucho la adquisición de 120 urnas electrónicas, cuyos precios resultan superiores a las ofrecidas por empresas mexicanas.

Por otra parte, la obsolescencia tecnológica de la urna brasileña es manifiesta: se trata en su operatividad de un simple cajero automático de cualquier banco. Muchas de las urnas pre-sentadas por las empresas nacionales mostraban avances como el touch screen, o sea pantalla táctil, servicio de módem opcional central que la haría más eficiente para conocer los resultados de manera oportuna y la impresión de las boletas y actas de cierre, pero sobre todo que se trata de tecnología 100 por ciento mexicana.

Una última reflexión: ¿se imagina la ciudadanía si en lugar de 120 urnas, el costo del "préstamo brasileño" se aplicara a 11 mil 600 casillas que serán instaladas para la elección del 6 de julio próximo? Echele números y verá lo costoso que resultan estos "experimentos democráticos" de la burocracia electoral con cargo a los ya de por sí sufridos contribuyentes.

Lic. Elías Cárdenas Márquez, representante propietario de Convergencia ante el IEDF

Señora directora: Hoy recordamos los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971 en contra de estudiantes que pedían democracia y bienestar social.

Estos actos de crueldad pública y ausencia de juicio moral no deben repetirse nunca jamás y exigen justicia.

Promotores y Defensores Derechos Humanos del STUNAM: Francisco Castro Meléndez, Adrián Pedrozo Castillo, Alicia Andrade Rodríguez, Mariano Flores Nieto, Ana María Solares Basaldúa, Carmen Sosa García, Catalina Alvarado Vera, Julieta Ramírez, Guadalupe León Prado, Máxima Castro, Oralia Fregoso, Candelaria Martínez, Felipe López López, Gabriel Martínez, Isaac Zaragoza García, y varias firmas más
 
 
 
 

El Correo Ilustrado