Entra en vigencia la ley de transparencia y acceso a la información pública

Abrirá el gobierno expedientes secretos, sostiene el titular de la SFP

Hay opositores a que se dé a conocer lo que estuvo oculto durante años: Romero Ramos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El gobierno federal abrirá a partir de hoy expedientes secretos, información que ha mantenido sigilosamente guardada durante sexenios, y "no hay miedo" de hacerlo, aseguró el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, al anunciar la entrada en vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No obstante, reconoció que hay grupos, funcionarios y áreas de la administración que tienen "temor" de que se dé a conocer lo que por años ha estado oculto en archivos oficiales.

En conversación con La Jornada, en sus oficinas de Insurgentes Sur, Romero Ramos aseguró que la intención de hacer públicos los contratos, obras, sueldos, concesiones, subsidios y toda la información oficial, no es una "simple apariencia" ni un ensayo, mucho menos un "hueco fallido" ni mero "maquillaje", sino un compromiso real del gobierno, pues existe el convencimiento de que la mejor forma de atacar las prácticas corruptas en el país es la transparencia.

Reconoció que se deberá enfrentar a aquellos grupos opuestos a que se abra la información a la población, y es que "estamos pidiendo a la administración pública federal que cambie totalmente, que de darle la espalda a la sociedad en materia informativa, dé un giro de 180 grados, dé la cara y brinde información; estamos pidiendo un cambio cultural profundo. Entonces, es natural que encontremos resistencia en algunas áreas específicas, pero nosotros tenemos el compromiso de irla venciendo".

Ayer se publicó el reglamento y hoy se pone en marcha esa ley, junto con todo un esquema para que la ciudadanía pueda solicitar expedientes por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y las unidades de enlace que estarán en todas las dependencias.

El titular de la SFP indicó que el propósito es abrir toda la información, inclusive de lo que sucedió en sexenios anteriores -o de lo que ocurrió durante los regímenes príistas-, lo que acabará con el usufructo particular de la información pública, con los expedientes inaccesibles.

Asentó que se prevén sanciones para los funcionarios que intenten "vender" o hacer uso ilegal de esta información, las cuales irían, de acuerdo con la gravedad del asunto, desde una amonestación hasta la inhabilitación por 20 años, con el propósito de evitar que se den casos como la venta de padrones, el uso de información confidencial o la difusión de documentos para fines ilícitos.

En la entrevista, Romero Ramos planteó que a partir del arranque de este proceso, lo primero será convencer de que "sí hay una voluntad política, un compromiso muy claro, una pasión por la transparencia y que nunca ha habido un Presidente tan transparente como Vicente Fox, eso lo iremos demostrando en los hechos".

Planteó que es innegable que habrá momentos de confusión, desconcierto, errores y dudas en el proceso, discusiones sobre si determinada información debe o no quedar reservada, muchos casos llegarán a tribunales, porque alguna información quedará "encriptada", no se podrá dar a los ciudadanos y éstos estarán en su derecho de reclamar o inclusive ampararse en su búsqueda de los expedientes que requieren.

Los medios de comunicación critican que la administración federal tiene una cultura demasiado "conservadora" en materia de información, que no la abre, que tiene una actitud "patrimonialista", pero con esta nueva ley en la práctica se creará una contraloría social, porque la ciudadanía podrá vigilar lo que hace el gobierno y también habrá una "contraloría mediática", porque lo mismo podrán hacer los medios de comunicación.

Lo que no se dirá

La información "encriptada", la que no se proporcionará a la ciudadanía, será la referente a temas de seguridad nacional y pública; las averiguaciones previas; los expedientes de responsabilidad de servidores públicos mientras no concluyan las auditorías que conciernan a estos casos; la de los procesos deliberativos ni la que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, así como los datos personales de los ciudadanos, como la información fiscal. También tendrá que respetarse los secretos bancario, comercial o industrial.

Acerca de cómo se solicitará la información, Romero Ramos explicó que a partir de hoy los ciudadanos podrán ejercer su derecho y solicitar a los tres poderes y a todas las instituciones y organismos públicos los expedientes, actas, resoluciones, estadísticas y documentos de su interés, por medio de las unidades de enlace del IFAI, que estarán en todas las dependencias, ya sea directamente, por Internet o por correo.

Vía electrónica se creó el Sistema Integral de Solicitudes de Información, disponible en el portal: www.funcionpublica.gob.mx, en el que se podrán registrar todos los requerimientos de información y consultar el estado que guardan estas peticiones.

El secretario prometió que no habrá "madejas ni enredos legales", ya que las dependencias oficiales sólo tendrán 20 días hábiles para responder a las solicitudes y si no lo hacen en este periodo se consideraría como una "afirmativa ficta" para los ciudadanos. Para negar la información, la solicitud tendrá que pasar por un comité integrado por los titulares jurídicos, titulares y contralores de las dependencias, así como por los directores generales.

Si el ciudadano quiere impugnar la resolución, con una sola solicitud se revisará el caso en el IFAI y éste podrá determinar si se proporciona o no la información. El solicitante aún tendrá derecho de amparo sobre esta negativa. Pero se trata, expuso, de hacer una "estructura ágil, sencilla y prácticamente sin costo".

El titular de la SFP estableció que no se espera una avalancha de solicitudes, sino una demanda que en el primer año crecerá de 5 a 20 mil requerimientos de información. Apuntó que no se deben crear falsas expectativas sobre asuntos como el Pemexgate, del cual "ya no saldrá más" y el expediente completo ya es público.

Adelantándose al proceso, las dependencias gubernamentales publicaron en sus páginas de Internet información que seguramente les será solicitada, como las remuneraciones mensuales por puesto, dijo Romero Ramos, y concluyó con una frase: "hay que tener fe" en este nuevo proceso y en que es un paso más para abatir la corrupción.