Debe solventar acusaciones sobre el rescate bancario

Obligado, el auditor superior a informar del caso Fobaproa

Guillermo Ortiz, entre los implicados en "irregularidades"

ROBERTO GARDUÑO

Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), deberá informar a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sobre el curso de las acciones legales contra los miembros del Comité Técnico del Fobaproa, a quienes en marzo pasado acusó de "discrecionalidad y exceso de atribuciones" a la hora de otorgar el aval del gobierno federal para la inclusión de los bancos en el programa de capitalización y compra de cartera, establecido en 1995.

Así, el auditor tiene la obligación de explicar a los legisladores el cauce de sus imputaciones contra José Angel Gurría, Martín Werner, Guillermo Ortiz, Jonathan Davis, Eduardo Fernández, Teresa Fernández, Mauricio Naranjo, Pedro Zamora, Guillermo Güemez, Everardo Elizondo, Héctor Tinoco, Javier Arrigunaga y Gabriel Reyes Orona.

El pasado 30 de marzo, Arturo González de Aragón presentó la revisión de la Cuenta Pública de 2001 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y de ella se derivaron observaciones a las dependencias del Ejecutivo federal por un monto mayor a 300 mil millones de pesos. Al cumplirse los 45 días hábiles señalados en la ley para solventarse las anomalías detectadas, el funcionario de la ASF tendrá un tiempo indeterminado para analizar las pruebas aportadas por el gobierno de Vicente Fox, y definir en cuáles áreas no hubo cumplimiento a las disposiciones del análisis.

Al presentar la revisión, el tema más destacado fue el monto total de las observaciones a la actual administración, por lo que pasó desapercibida la denuncia contra el Comité Técnico del Fobaproa. Siete años después de haberse aprobado el rescate bancario, la ASF descubrió la impericia y colusión de los funcionarios que integraban aquel cuerpo colegiado. En la lista figuran funcionarios de primer nivel de la actual administración federal, y otros que lo fueron, pero ahora se desempeñan como prósperos representantes del sector privado.

En marzo, Arturo González de Aragón alertó a los diputados sobre el manejo desaseado del grupo de notables encabezado por José Angel Gurría y Guillermo Ortiz.

"En opinión de las ASF, el Comité Técnico del Fobaproa procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones al actuar sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos del gobierno federal al otorgar su aval en el programa de capitalización y compra de cartera, situación que fue señalada por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda en su informe del resultado sobre la revisión de la Cuenta Pública de 1996.

"Además, no se aplicaron en su totalidad las bases para la capitalización establecidas para la adquisición de la cartera originaria de flujos, lo que ha causado un efecto económico negativo. El Comité aprobó la inclusión de Banamex, Bancomer, Banorte y Bital en dicho programa, no obstante que sus índices de capitalización eran superiores al 8 por ciento señalado en la normatividad; flexibilizó algunos criterios de los originalmente propuestos para la adquisición de la cartera, como los llamados relacionados, en UDI y descontados, así como los importes de las reservas necesarias por constituir".

Consultado sobre la responsabilidad del comité, el analista económico Mario di Costanzo manifestó que la responsabilidad de haber adquirido la cartera con todo e intereses moratorios era del Comité Técnico del Fobaproa, razón por la cual, y en pleno uso de sus atribuciones correspondientes al marco jurídico que rige la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la ASF debió fincar responsabilidades a aquellos que integraron el comité.

Sobre el particular, el informe Mackey señalaba lo siguiente: "Cualquier acción tomada por la dirección del Fobaproa tenía que ser aprobada por el Comité Técnico. Además, la dirección debía seguir instrucciones sobre cualquier decisión tomada por el Comité Técnico, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) era el miembro más influyente de éste. La influencia de la CNBV se origina de su mandato, ya que es la única agencia con acceso completo a toda información bancaria...".

Ahora, los responsables de aquellas decisiones de costos incalculable para el erario se encuentran en distintas posiciones, tanto del gobierno como de la iniciativa privada.