En su etapa inicial ya se plantea imponer aportaciones adicionales de los afiliados

En duda, la viabilidad financiera del Seguro Popular de Salud

Según un diagnóstico oficial es indispensable ampliar la base de asegurados para que un sector solidario garantice la atención de los más pobres Evitar la saturación, lo primordial

ANGELES CRUZ

La viabilidad financiera del Seguro Popular de Salud (SPS) está en riesgo porque sus principales afiliados son las familias más pobres y con mayor riesgo de enfermar. Aunque la estrategia dirigida al primer nivel de atención todavía no puede garantizar un servicio que responda cabalmente a la demanda de los pacientes, ya se plantean mecanismos para obtener aportaciones adicionales de los afiliados.

La evaluación del primer año de operación del SPS admite que el programa tiene varios retos por delante. El principal: lograr la incorporación de las personas de altos ingresos económicos, las cuales hasta ahora han estado poco interesadas en inscribirse.

Lo anterior resulta fundamental porque hasta ahora quienes han tenido algún problema de salud en los pasados tres meses, aquellas personas con enfermedad crónica y las que demandan hospitalización, así como los casos de embarazo y parto, constituyen el grueso de los adscritos al SPS. "Estos indicadores de demanda de atención especializada sugieren claramente en el inicio de su operación escenarios económicos desfavorables para el SPS", subraya el texto.

Debido a que la cuota de las familias afiliadas se determina con base en la capacidad de pago, las aportaciones económicas del sector de ingresos más elevados, que además tiene menor probabilidad de enfermar, serían el "pago solidario" que absorbería los costos de la atención médica proporcionada a la población más desfavorecida.

El informe elaborado por la Secretaría de Salud (Ssa) es de los primeros que la dependencia coloca en su página de Internet para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. También señala que la gratuidad de los servicios no impide que se busquen alternativas para obtener aportaciones adicionales de los afiliados.

Evitar las sobreutilización

Según la evaluación, al tener un "acceso más fácil a los servicios" se puede favorecer la sobreutilización de los mismos. Una posibilidad para "limitar" ese sobreuso que puede determinar riesgos económicos es la instrumentación de una política de copagos de medicamentos (individuales o por receta surtida), o que el paciente haga un pago extra para tener consulta directa con médicos especialistas.

El documento incluye un sondeo sobre la disposición que tendrían las familias a realizar ese tipo de copagos y concluye que salvo los hogares con un integrante afectado por alguna enfermedad crónica, 95 por ciento dijo estar dispuesto a pagar un peso por cada medicamento proporcionado, o 5 pesos por receta surtida.

En tanto, entre 91 y 93 por ciento de las familias aceptaría realizar copagos para acceder a una consulta directa con el especialista.

La evaluación de la que es la principal estrategia en materia de salud del gobierno foxista admite que la implementación del esquema de aseguramiento del SPS será gradual, pero sus avances dependerán de la disponibilidad de recursos económicos, la existencia de infraestructura hospitalaria suficiente, así como de poblaciones organizadas, con capacidad de contribuir parcialmente al costo de la prima.

Menciona que el SPS es un programa público y de afiliación voluntaria. Su costo será cubierto mediante un subsidio federal, proveniente de recursos fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federación y de cuotas de los beneficiarios. En este punto la Ssa resalta la necesidad de lograr el equilibrio de asegurados, en el que una fracción de la población afiliada sea joven y sana, que permita cubrir de manera solidaria las necesidades de los más enfermos y de los que menos tienen.

Reitera los objetivos centrales del SPS: lograr en 2006 la cobertura de servicios de salud a toda la población de escasos recursos económicos sin acceso a las instituciones de seguridad social o al seguro médico privado; además de reducir 75 por ciento los gastos catastróficos de las familias al momento de curar sus enfermedades.

El análisis del impacto que ha tenido el SPS se realizó en los cinco estados (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco) donde en 2002 empezó a funcionar en fase piloto. Ahí quedó demostrado que la población más joven, los más pobres y los hogares en los que la mujer es jefa de la familia, tienen mayor probabilidad de carecer de algún servicio de seguridad social, por lo que son los más susceptibles a ingresar al SPS.

Otros de los grupos objetivo del SPS son los beneficiarios del programa Oportunidades. En algunos de los estados analizados se detectó que los promotores del SPS buscaron a esas personas en el momento que acudían a recibir el apoyo económico que les da el gobierno federal.

La Ssa también confirmó que alrededor de 2 millones de hogares se empobrecen cada año por atender sus enfermedades. Además logró precisar que el riesgo de incurrir en gastos catastróficos es 10 veces superior en la población más pobre y que, adicionalmente, otros 4 millones de familias realizan gastos semi catastróficos.

Según esos mismos resultados, aproximadamente 30 por ciento de los mexicanos estaría dispuesto a pagar por ser inscrito en el SPS. En general los usuarios están satisfechos con el servicio recibido, aunque el informe resalta que esos niveles de aceptación pueden verse afectados si no se satisfacen las expectativas de los asegurados, empezando por las condiciones físicas de las unidades médicas, la entrega oportuna de medicamentos, hasta la calidad y el trato en el servicio.

En el apartado relativo a las recomendaciones de los evaluadores, sobresale la necesidad de hacer un análisis más riguroso de la capacidad potencial de prestar los servicios médicos, con el fin de asegurar el acceso y atención oportuna a los pacientes, es decir, se debe evitar la saturación.

Respecto a las aportaciones económicas de los usuarios, debe recordarse que los legisladores se empeñaron en que en la reforma a la Ley General de Salud quedara claramente establecido que el SPS sería gratuito y que nadie se quedaría sin acceso al mismo por causas económicas.

Sin embargo, la evaluación indica que es "necesario garantizar que se considere el pago solidario como un componente esencial del SPS, por lo que es importante que ninguna familia deje de aportar la parte de la prima que le corresponde". Además, plantea que el SPS no está limitado para buscar afiliaciones de grupos u organizaciones sociales que faciliten la inscripción y recolección de cuotas.