Luis Javier Garrido

El incumplimiento

Vicente Fox está a unos cuantos meses de llegar a la mitad del periodo para el que fue electo en la Presidencia, y su gobierno está marcado por un signo: el incumplimiento. No sólo no ha cumplido sus promesas de campaña, sino que trata de imponer políticas opuestas a las que preconizó en su gira electoral, como resulta evidente en el caso de los pueblos indios.

1. Las promesas de Fox a lo largo de su campaña electoral están impresas en los diarios de 1998, 1999 y 2000, y en el caso de Chiapas y de los derechos de los pueblos indios todos los días alguien le recuerde que su traición a ese compromiso inició en diciembre de 2000 el declive de su gobierno, pues ofreció que habría paz en Chiapas y en las comunidades indígenas, que cumpliría los acuerdos de San Andrés, que buscaría que se llevase a nivel constitucional la ley Cocopa, que reiniciaría el diálogo. Pero su gobierno no hizo más que lo contrario: sabotear lo pactado, impulsar una contrarreforma indígena, intensificar la militarización de Chiapas y mantener con propósitos electoreros las políticas asistenciales del priísmo.

2. Las críticas a Fox por el fracaso de su gestión, que vienen de amplísimos sectores populares que rechazan sus políticas antinacionales como de sectores empresariales, que ven su ineptitud en todos los órdenes, tienen una respuesta preocupante, que en el caso de los pueblos indios puede ser muy grave: mayor autoritarismo.

3. El mandato que tenía Fox en 2000 era formar un gobierno de transición que, sustentado en el consenso, buscara políticas de respeto a los derechos fundamentales del pueblo y en el acotamiento de privilegios de los gobernantes, pero conformó un gabinete de ultraderecha que no reconoce más mandato que el de los organismos financieros, y que en lo social actúa igual que sus predecesores priístas. El gobierno foxista ha profundizado en Chiapas la estrategia de guerra de baja intensidad que mantiene a miles de familias desplazadas, mientras niega en los países europeos la situación crítica del sureste mexicano.

4. La retórica de Fox sobre el supuesto respeto de su gobierno a los derechos humanos cae cuando se trata de las comunidades indígenas, pues el caso de Chiapas no es excepcional. El gobierno se negó a impulsar la reforma constitucional de la Cocopa que cumplía los acuerdos de San Andrés de 1996, y no reconoce ni respeta los derechos esenciales de las comunidades indígenas, mantiene militarizado Chiapas y la mayor parte de las regiones indígenas en abierta violación a la Ley para el Diálogo del 11 de marzo de 1995, protege a las organizaciones paramilitares que siembran el terror en múltiples regiones, ha cancelado los derechos sociales de los más desposeídos, lo que busca suplir con políticas asistenciales, y ha intensificado su ofensiva para desalojar a las comunidades asentadas en la región de Montes Azules.

5. La campaña que desde Los Pinos se orquesta para culpar a las comunidades indígenas de deteriorar el entorno ecológico de Montes Azules es muy grave, pues es notorio que Fox busca seguir entregando esas ricas zonas al gran capital trasnacional en el marco del antinacional Plan Puebla-Panamá, y en su nerviosismo y desazón está más dispuesto a hacer uso de la fuerza.

6. Televisa, que actúa cada vez más como órgano de propaganda del régimen foxista, reconocía esta realidad al afirmar que los indios de México no tienen más alternativa que morir en sus comunidades o emigrar a Estados Unidos. Porque Fox ha logrado con su política económica y social que México sea el país del que huyen más nacionales porque sus autoridades no tutelan sus derechos fundamentales.

7. La visita oficial de Rodolfo Stavenhagen (relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas) se da en un contexto de enorme gravedad para los pueblos indios porque a) su situación se ha deteriorado significativamente durante la gestión de Fox, que ha impuesto políticas violatorias de sus derechos esenciales, pero también porque b) se produce en el contexto de un descrédito muy grande de la ONU, en particular de sus políticas sobre derechos humanos que, como muestran múltiples casos, de Irak a Cuba, los ha subordinado a los intereses políticos de Estados Unidos y de las corporaciones multinacionales, y, porque c) existe fundado escepticismo en las comunidades rurales y en las organizaciones indígenas por el trabajo del relator, ya que no desconocen que alcanzó el cargo gracias al gobierno de Fox, por lo que dudan que pueda tener una visión clara. No extraña que muchas comunidades de Chiapas se hayan negado a recibir a Stavenhagen.

8. El desafío del relator en este viaje, al margen de su experiencia personal, no puede ser otro que ser capaz de constatar, más allá de sus compromisos, que el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indios requiere que el gobierno termine con sus políticas represivas hacia éstos y que se apruebe la reforma constitucional pendiente desde 1996, llave para reanudar el diálogo: el reconocimiento pleno de los derechos culturales económicos y políticos de los pueblos indios de México, como en otros países, y como reconoce el convenio 169 de la OIT, y actuar en consecuencia, si piensa que la ONU aún significa algo.

9. En un régimen presidencial, ni el Congreso ni mucho menos el pueblo, tienen un recurso legal para exigir a un gobernante que cumpla sus promesas de campaña; ni siquiera en un caso tan extremo como el de Fox, de rasgos casi patológicos, que con tal de alcanzar la Presidencia mintió en su campaña electoral de 1997-2000, como ahora en su autopropaganda radial y televisiva, buscando hacer creer que iba a impulsar políticas opuestas a las que ha impuesto. La única fuerza capaz de poner un alto a esas políticas de expoliación es la resistencia popular.

10. El factor internacional desempeña un papel importante en el escenario de la globalización, y una condena de Naciones Unidas a quien pretende ver el problema de los derechos humanos en otros países, pero los violenta abiertamente en el suyo, sin importarle transgredir el marco constitucional y legal de su país, sería un respaldo a quienes resisten desde el fondo del tiempo para defender su derecho a conservar su identidad pero también su dignidad.