REPUBLICA DE PANTALLA

Jenaro Villamil

La guerra de los espots... y de las telenovelas

Las elecciones como vía de transferencia de recursos a la pantalla

Acceso a la información, el comienzo de un cambio paulatino

EL UNICO PUNTO CLARO que ningún partido o gobierno ha denunciado en este proceso electoral federal es que los auténticos ganadores de la guerra de los espots partidistas y de la publicidad oficial en medios electrónicos serán las estaciones concesionadas de radio y televisión. Enfrascados en denunciarse unos a otros por la transmisión de promocionales (PRI y PRD contra la Presidencia de la República; ésta, a la defensiva, evadiendo su responsabilidad para suspenderlos; el PAN respaldando los anuncios foxistas y contra los del PRI-PVEM, y en esta semana, todos los partidos "escandalizados" por la transmisión de un mensaje con la figura de Andrés Manuel López Obrador), ninguno de los partidos ha demandado que se transforme este esquema de mercantilización en las campañas en medios electrónicos que, a pesar de los más de 4 mil millones de pesos que los partidos destinarán a la compra de espacios en las más de mil 200 estaciones concesionadas, no garantizarán mayor participación ciudadana.

POR EL CONTRARIO, se calcula que el índice de abstencionismo puede rebasar 40 por ciento del padrón, pese a que existen 11 partidos políticos y que el Instituto Federal Electoral (IFE) desarrolla una campaña para alentar el voto.

ESTA GUERRA DE los espots tiene un alto costo para la nación y es derivada del decretazo del 10 de octubre de 2002 que redujo de 12.5 a 1.25 por ciento los tiempos fiscales y no generó ninguna obligación de las televisoras y las estaciones de radio a destinar tiempo-aire sin costo para las campañas políticas. La industria privada se ha escudado en un argumento para no destinar mayor espacio a la promoción del voto y a la contienda electoral: "los comicios no generan rating". Por supuesto, no son como la competencia obsesiva por telenovelas de vieja factura como Amor real y Mirada de mujer, el regreso, ni tampoco son los reality shows que los productores de Televisa y Tv Azteca quisieran, pero, a pesar de eso, generan una sangría de recursos públicos hacia las estaciones concesionadas que a ningún dirigente político parece alarmar.

LAS ELECCIONES FUNCIONAN como vía de transferencia de recursos públicos a empresas privadas, en particular a dos consorcios televisivos, sin garantizar el derecho a la información y mucho menos la calidad en el debate democrático. Ciertamente, ya no son las épocas de desigualdad informativa que caracterizaron a los telenoticiarios durante la era priísta, a cambio la democracia mexicana funciona como una especie de "pago por politizar". Y, hasta eso, la politización no se ha logrado mediante la mercadotecnia televisiva de los partidos que, en general, saturan al ciudadano e inhiben la participación informada. Las encuestas revelan que, pese a los miles de millones de pesos destinados a la pantalla, ninguno de los tres partidos principales dará el "gran salto electoral". Resulta paradójico que una estación pública como Canal 11, que recibe mucho menos recursos de los partidos que Televisa o Tv Azteca, tenga una cobertura electoral más equitativa y con mayor tiempo-aire.

EL SUBSIDIO A LAS televisoras privadas es alentado por la Presidencia de la República y no pocos gobernadores. Una muestra: tan sólo durante mayo se transmitieron 3 mil 567 espots con la imagen de Vicente Fox hablando en primera persona del mundo feliz que él gobierna a un costo de 407.6 millones de pesos, según un estudio de Berumen y Asociados. Durante ese periodo, PAN, PRI, PRD y PVEM difundieron 3 mil 18 mensajes (menos que los de la Presidencia) a un costo casi igual. Hasta Fox reconoció hace poco en un chat con la BBC que, a pesar de la enorme cantidad de recursos que su gobierno destina a publicitarse, su partido no logrará la mayoría legislativa necesaria.

MAS CIFRAS DEL mercado de las campañas mediáticas:

A) EL TOPE DE gastos de campaña para los 300 distritos electorales uninominales es de 254 millones de pesos por partido. Ochenta y cinco por ciento de estos recursos, según reconocen partidos y candidatos, se han destinado a la televisión y la radio en el pago de promocionales. La voraz maquinaria mediática ha hecho que muchos partidos y candidatos se vean obligados a "rascarse con sus propias uñas" para encontrar fondos para las campañas personales y existen serias sospechas de que varias organizaciones han roto el límite de gastos.

B) TAN SOLO ENTRE el 21 de abril y el 2 de junio, los partidos destinaron 468.4 millones de pesos en espots para Televisa y Tv Azteca, según cálculos del IBOPE. Televisa concentró 229.3 millones de pesos con 3 mil 581 mensajes y Tv Azteca recibió 239.129 millones con sólo mil 920 anuncios. Es decir, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, que tiene un promedio de 30 por ciento de la audiencia nacional en televisión abierta, captó más que Televisa por menos promocionales. Negocio redondo después del asalto al Chiquihuite.

C) LAS DISPARIDADES ENTRE una estación y otra son brutales. Por ejemplo, un solo espot de Vicente Fox ("México pregunta, me jubilaron" se transmitió 17 veces en Canal 2 a un costo de 3 millones 398 pesos y en Canal 40 el mismo anuncio se transmitió 36 veces por un costo de 556 mil pesos.

D) EN MAYO, la Presidencia de la República gastó más que los partidos en anunciarse en la televisión. Según denuncia del PRI, Vicente Fox apareció en 3 mil 567 mensajes que costaron 407.6 millones de pesos. Francisco Ortiz respondió que no todo el tiempo-aire es pagado, ya que el gobierno federal tiene derecho a 18 minutos diarios en pantalla, que representan 36 promocionales de 30 segundos. "No son comerciales del Presidente, sino de todo el gobierno", argumentó el coordinador de Opinión Pública de la Presidencia. Sin embargo, resulta que Fox en tan sólo dos días tuvo una exposición de 4 horas 19 minutos en espots televisivos. Por supuesto, la mayor parte fue pagada.

E) A PESAR DE LOS enormes recursos destinados a estos mensajes, los telenoticiarios sólo destinan un porcentaje mínimo de su cobertura a la competencia electoral. En el caso del Distrito Federal, de las 480 horas de transmisión de 15 programas informativos entre el 19 de abril y el 23 de mayo, sólo seis horas se destinaron a la cobertura de campañas, según el monitoreo del IFE.

LAS TELEVISORAS TIENEN el "argumento" perfecto para desentenderse de una mayor cobertura (no sólo por noticiarios o programas "especiales" que se transmiten después de las 23 horas): los comicios no generan rating. La industria concesionada de medios electrónicos impone así un criterio que poco o nada tiene que ver con una función de servicio. Quizá con la redición de telenovelas que tuvieron éxito, Televisa y Tv Azteca pretendan contribuir a la democratización del país. O tal vez La hora pico (que tiene la mayor audiencia en la televisión privada) deba convertirse en el modelo de debate político que la nación requiere.

Ley de acceso, los desafíos

ENTRE EL JUEVES 12 y el viernes 13 de junio, el Instituto Federal de Acceso a la Información contabilizó poco más de mil solicitudes de información entre las más diversas áreas y dependencias del gobierno federal. La indiferencia inicial que marcó la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información, en Sinaloa (el primer estado en que rige una ley similar a la federal) se pudo romper. Sin embargo, la auténtica prueba para este nuevo instrumento se verá en los próximos 20 días, cuando las dependencias respondan a las solicitudes y se genere una dinámica que, efectivamente, rompa con la cultura de la "secrecía" y la discrecionalidad.

No obstante, en los próximos meses el verdadero desafío para el inicio de una nueva cultura de acceso a la información pasará por los siguientes pasos:

1. LA INFORMACION pública deberá convertirse en un instrumento del desarrollo social. Una ley de acceso no es un simple adorno para que el gobierno federal tenga una estrella más ante los organismos internacionales, sino para que el ciudadano pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de su vida (¿cuáles son las mejores escuelas?, ¿cómo acceder a mejores servicios de salud?, ¿cómo encontrar un empleo digno, no sólo a través de "Chambatel"?, etcétera). Para eso se requiere de ordenamientos estatales y municipales que conciban la información como bien público.

2. EL MEJOR Y mayor acceso implica enfrentar las desigualdades existentes en términos de información y conocimiento en una nación con tantas disparidades. Es claro que los primeros beneficiarios de una ley de este tipo pueden ser los consorcios privados, las instituciones y algunos medios. Sin embargo, el reto para todos (gobiernos, universidades, empresas, organizaciones civiles, periodistas, los propios institutos de acceso, principalmente) será democratizar estos beneficios. Eliminar la brecha tecnológica y crear las condiciones para promover por conducto de la información la pluralidad y la diversidad son los pasos siguientes.

3. UNA LEY DE ACCESO no se agota en sí misma. Requiere de otra generación de reformas y de prácticas que van desde una legislación moderna de medios electrónicos hasta modelos para promover una educación en la información. El gran riesgo es que, si se aísla una ley de este tipo, el derecho puede degenerar en privilegio o en pretexto para crear nuevos candados de discrecionalidad y de corrupción.

POR LO PRONTO, LA obligación de la apertura de los archivos públicos más la creación de unidades de información y enlace con los ciudadanos es el comienzo de un cambio cultural paulatino con grandes retos por delante.