México D.F. Domingo 15 de junio de 2003
Chi Mendoza podría haber sido torturado, informa el ombudsman estatal
En Yucatán, la Codhey y el Poder Legislativo piden expediente de joven baleado por un policía
LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL
Merida, Yuc., 14 de junio. La Comisión de Derechos Humanos (Codhey) del Estado de Yucatán y el Poder Legislativo solicitaron a la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) más información del expediente de Eduardo Chi Mendoza, joven que fue baleado el lunes pasado por el policía Luis Calderón Quintal durante un enfrentamiento en una colonia marginada del sur de esta ciudad.
El ombudsman estatal, Sergio Salazar Vadillo, informó que pidió a la SPV la documentación del caso, ya que familiares de la víctima levantaron una denuncia contra la actuación de la dependencia por presunto encubrimiento del policía en la muerte de Chi Mendoza. Indicó que se analizarán las pruebas y versiones existentes para emitir un resolutivo. El cuerpo del joven presentó al menos un impacto de bala y algunos signos de golpes, posiblemente producto de torturas.
Familiares de Chi Mendoza denunciaron que fue torturado por los agentes y cuando trató de escapar le dispararon en tres ocasiones, lo que provocó su deceso.
Sin embargo, el titular de la SPV, Javier Medina Torre, asumió la defensa de Calderón Quintal, de 55 años de edad, y aseguró que actuó el defensa propia, cuando Chi Mendoza -de 22 años- y un grupo de amigos lo agredieron hace cinco días.
Medina Torre lamentó la muerte del muchacho, pero comentó que tenía antecedentes delictivos. De acuerdo con la versión policiaca, el ahora occiso pertenecía a una pandilla y en vida se le conocía como El Wadic.
El propio gobernador Patricio Patrón Laviada dio su respaldo a Medina Torre, pero evitó abundar sobre la muerte del joven.
El caso también llegó al Congreso estatal, donde los diputados del PRI y el único del PRD demandaron esclarecer la muerte. La bancada de Acción Nacional se abstuvo de hacer comentarios. El expediente será analizado en comisiones por los presuntos excesos de la SPV y su personal.
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