Frena negociaciones propuesta del PRD para que líderes sindicales sean electos por voto secreto

Apura la STPS cabildeo para sacar adelante la ley Abascal

Desmiente la diputada Rosario Tapia supuesto acuerdo con PRI y PAN para concluir dictamen
Rechaza el tricolor ese método de elección La dependencia delega la decisión a la OIT

FABIOLA MARTINEZ

La reforma laboral impulsada por el gobierno foxista depende de un aspecto fundamental: incluir en la Ley Federal del Trabajo (LFT) el voto secreto para la elección de dirigentes gremiales que propuso el PRD, pero a la que el sector obrero priísta manifestó ya su rotunda negativa, mientras el gobierno federal delega la decisión a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"La negociación se encuentra temporalmente suspendida y la única forma en que pudiera prosperar la ley Abascal sería mediante la alianza PRI-PAN tras las elecciones del 6 de julio; cualquier declaración en sentido contrario son sólo buenos deseos del Ejecutivo", señaló Rosario Tapia, coordinadora de los legisladores perredistas en este proceso.

Con ello, la diputada desmintió las versiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en torno a un supuesto acuerdo de su partido con PRI y PAN para concluir a la brevedad el dictamen respectivo, según lo dispuesto en el proyecto.

Carrera contra el tiempo

Tras dos años de discusión y en una carrera contra el tiempo, la STPS apura el cabildeo para sacar la enmienda en un periodo extraordinario, a más tardar en los primeros días de agosto, y deja a la OIT la responsabilidad del veredicto en torno a la pertinencia del sufragio secreto en la ley mexicana.

Desde julio de 2001, líderes de trabajadores y empresarios convinieron integrar la mesa central de decisión (MCD) con el objetivo de redactar el proyecto de reforma que presentaría el presidente Vicente Fox al Congreso como "la iniciativa de los sectores". Año y medio después, la Unión Nacional de Trabajadores se retiró de la MCD para adherirse a la iniciativa del PRD.

Ante ese panorama, el 12 de julio de 2002 la iniciativa fue presentada por diputados de PRI, PAN y Partido Verde; enseguida se conformó para su análisis una conferencia parlamentaria, integrada por diputados y senadores de las comisiones de Trabajo, quienes hasta el momento no han llegado a un consenso, ni siquiera dentro de sus partidos, que les permita dictaminar y, en su caso, aprobar la reforma a la LFT antes de septiembre próximo.

El PRD insiste en que sólo dará su visto bueno si se anexa en la enmienda el voto secreto; el registro público de asociaciones y contratos colectivos; la rendición de cuentas de los líderes sindicales, y "echar para atrás" los aspectos de "flexibilidad" en la jornada y la contratación laborales.

Sin embargo, el gobierno federal defiende el documento surgido de la MCD e inclusive reconoce abiertamente, por primera vez, la existencia de los denominados contratos colectivos de protección o fantasma, es decir, aquellos firmados a espaldas de los trabajadores.

"Ningún empresario quiere que algún desconocido los emplace a huelga y tampoco los trabajadores están dispuestos a seguir al margen de las transas que hace un líder con su patrón. Son extremos que sólo se dan en México y que no dan certeza jurídica ni a los trabajadores ni a los empresarios", señaló el subsecretario de Previsión Social, Francisco Xavier Salazar, en entrevista con La Jornada.

En cambio, el funcionario se muestra cuidadoso de no emitir la postura del gobierno en torno al voto secreto, objetivo que persiguen desde hace décadas las corrientes opositoras en los sindicatos, y que a decir de estos grupos significaría el paulatino relevo en importantes organizaciones gremiales y en la mayoría de las centrales obreras.

Casos de cacicazgos

Basta recordar que algunos líderes están al frente de sus organizaciones desde hace 27 años, como es el caso del cetemista Leonardo Rodríguez Alcaine, del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, y Francisco Hernández Juárez, del sindicato de telefonistas.

En esta lista destaca Joel Ayala Almeida, actual presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, quien llegó a la dirigencia del sindicato de la Secretaría de Salud en 1974.

En el grupo de los liderazgos sin más límite de tiempo que la voluntad del propio secretario general y su grupo, se encuentra el secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien lleva poco más de 10 años en ese puesto, al igual que otros, como el dirigente de los azucareros, Enrique Ramos; de la petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda; Adolfo Gott, de los textileros cetemistas, por mencionar algunos.

Quizá por ello Salazar evade emitir una postura definida de la STPS y deja la responsabilidad a la OIT respecto de la interpretación del convenio 87 del organismo internacional, relacionado con la libertad y autonomía sindicales, elaborado en 1948 como alternativa para evitar la injerencia del Estado en los gremios.

"El convenio 87 es una disposición en la que no se precisa la forma en que habrán de elegirse los dirigentes; sólo dice que nadie debe intervenir en la vida interna de los sindicatos."

Y ante la insistencia, el subsecretario se limita a responder que a él no le asusta el voto secreto... "¡Ahí está el caso de Edward Kennedy, quien tiene 30 años como senador con todo y sufragio secreto!"

Argumento priísta

Por su parte, el vocero de la CTM, Netzahualcóyotl de la Vega, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República, dejó en claro que no aceptarán la inclusión del voto referido en la LFT, porque ello violentaría -subraya- no sólo el convenio 87, sino además la autonomía de cada organización. La única regla a seguir, dice, son los estatutos, "y si los trabajadores deciden elegir a sus representantes a mano alzada o con otro mecanismo, lo dictará exclusivamente la decisión de cada uno".

De igual forma, el voto secreto fue en su momento bastión de la campaña de Vicente Fox ante los trabajadores, delineado de esta forma en el documento titulado 20 compromisos por la libertad sindical.

Al respecto, Max Ortega, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en el tema, advirtió que la negociación en torno al voto secreto constituye una bola de humo para distraer la discusión del verdadero impacto negativo del proyecto emanado de la MCD.

En juego está no sólo la posibilidad de ampliar la membresía y control de los sindicatos llamados independientes, sino la estabilidad en el empleo, producto de las nuevas formas de contratación que incluye el proyecto referido, así como los esquemas de productividad y polivalencia a la que habrán de someterse, ahora por ley, la mayoría de los trabajadores del país, comentó. Por ello la lucha no debe ser por revertir el esquema de las burocracias sindicales, sino analizar el verdadero alcance de la reforma en el mercado laboral mexicano.