En abril, el Ejecutivo intentó evitar que la ASF descontara a bancos cuentas del IPAB

La acción legal del BdeM, contraria a la protección del gobierno a la banca

Con la demanda del organismo central suman tres los procesos judiciales en torno al rescate

JESUS ARANDA

Al interponer una demanda contra cuatro bancos (Banamex, Banorte, Bital y BBVA-Bancomer) para obtener acceso a la documentación sobre la cartera crediticia que las instituciones bancarias le vendieron al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) entre 1995 y 1996, el Banco de México (BdeM) se sumó a la inquietud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por esclarecer posibles irregularidades en el pago de la deuda pública que fueron detectadas en 2002.

La institución que dirige Guillermo Ortiz recurrió a la justicia federal para obligar a las instituciones bancarias a que entreguen la información requerida previamente sobre los 24 pagarés emitidos por el gobierno federal entre 1995 y 1996 como parte del Programa de Capitalización y Compra de Cartera -cuyo monto actual es de 304 mil 867 millones de pesos.

El Ejecutivo federal interpuso en abril pasado una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados por "invasión de esferas", por no haber impedido que la Auditoría Superior de la Federación notificara oficialmente a la Secretaría de Hacienda que en las auditorías realizadas a la compra de cartera de las bases de actualización de intereses del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de marzo de 2002 "se identificaron créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos".

Incluso, el ministro instructor de esta controversia, Juventino V. Castro y Castro, negó una suspensión provisional solicitada por la consejera jurídica presidencial, María Teresa Herrera Tello, que pretendía dejar sin efecto siete oficios mediante los cuales la ASF ordenaba a Hacienda que descontara a los bancos los montos de los créditos que se integraron irregularmente a la deuda del IPAB. De acuerdo con fuentes oficiales, los recursos que irregularmente se habrían entregado a BBV-Bancomer, Banamex, Banorte y Bital sumarían más de 44 mil millones de pesos, cantidad que está contenida en los siete oficios que el Ejecutivo federal se niega a que sean revisados y en su caso modificados por la ASF, órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que cuando la ASF detectó las primeras irregularidades, las cuatro instituciones bancarias contrataron despachos jurídicos para evitar cualquier resolución que significara la revisión de cartera presuntamente irregular que fue a caer al Fobaproa primero y después al IPAB.

Bancomer interpuso el amparo 979/ 2002 en contra del Congreso de la Unión, ante el juzgado noveno de distrito en materia administrativa.

Su primer "triunfo" lo obtuvo el 11 de noviembre del año pasado, cuando el juez le otorgó suspensión definitiva, lo que impidió a cualquier autoridad el acceso a las cuentas del IPAB, relacionadas con sus pagarés de deuda vencida.

Inicialmente, los jueces se habían negado a aceptar las demandas del Banco de México en su papel de fiduciario del Fobaproa; sin embargo, una decisión del primer Tribunal Unitario Civil dio lugar a que los jueces admitieran los casos.

La primera demanda data del 23 de enero contra Banamex, ante el juez undécimo de distrito; la segunda la presentó contra Banorte, siguió Bital y por último Bancomer.

Así las cosas, los procesos jurídicos relacionados con la documentación que acredita la deuda pública contraída por el gobierno federal se desarrollan en tres pistas en el Poder Judicial de la Federación: los amparos presentados por los bancos para evitar que las cuentas sean revisadas, la demanda del Banco de México para tener acceso a la documentación que avala la deuda pública absorbida por el rescate bancario, y la controversia constitucional con la que el Presidente de la República pretende desconocer las facultades fiscalizadoras de la ASF.