Exigen al gobierno cumpla el acuerdo para el agro

Riesgo de desbordamiento del malestar campesino: líderes

Amenaza el CAP con abandonar el diálogo en Gobernación

MATILDE PEREZ U.

El Congreso Agrario Permanente (CAP), El campo no aguanta más, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y El Barzón esperan que antes del 6 de julio el gobierno publique las reglas de operación de los 42 programas vigentes y de los 12 nuevos que se suscribieron en el Acuerdo Nacional para el Campo, porque ante el incumplimiento de dicho acuerdo, "se está gestando una inconformidad mucho más fuerte a la que se dio antes de la firma del documento, la cual culminó en la marcha del pasado 31 de enero en la ciudad de México", advirtieron.

En conferencia de prensa, el coordinador en turno del CAP, Max Correa, destacó que el convenio agrario está en riesgo por la actitud del gobierno federal, y en una reunión con los líderes estatales, el presidente de la CNC, Heladio Ramírez, apuntó que si el gobierno se empeña en no acatar lo pactado, la organización se retirará del diálogo con las autoridades, porque lejos de cumplir su palabra, amenaza con actitudes arbitrarias y se dedica a la persecución de dirigentes.

Para exigir al gobierno acatar los compromisos suscritos, los líderes de las organizaciones sostendrán hoy una reunión urgente con los titulares de las secretarías de Gobernación (SG), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Economía para que "nos digan claramente si hay voluntad política para que se publiquen dichas reglas en el Diario Oficial de la Federación y empiecen a fluir los casi 70 mil millones de pesos pendientes de aplicar. Si no hay respuesta del gobierno tomaremos medidas urgentes para impulsar el acuerdo para el campo", destacaron los dirigentes.

En el encuentro de hoy en la SG también abordarán el tema de la persecución contra líderes agrarios, asunto que no se ha resuelto y que se está agudizando en Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero y Quintana Roo, donde los campesinos han decidido salir a las calles para protestar por el atraso de la aplicación del acuerdo para el agro.

En Sinaloa, denunció Pablo Moreno Cota, líder de la CNC en la entidad, los dirigentes han sido obligados a comparecer y declarar ante la Procuraduría General de la República. "Las autoridades están persiguiendo a quienes no se ajustan resignadamente a las imposiciones de criterio, lo que a todas luces es una represión", aseguró durante la reunión con Heladio Ramírez López.

En actos indistintos, los dirigentes del CAP, Barzón, CNC y El campo no aguanta más se quejaron de la indiferencia de las autoridades federales ante la exigencia de que cumplan con el acuerdo agrario. "Fingen amnesia en relación con sus obligaciones, al grado de que aseguran desconocer cómo va a funcionar y de dónde provendrán los recursos para dicho convenio", puntualizó Alejandro de Luna González, dirigente cenecista por Coahuila.

Max Correa señaló que el atraso se debe a la pugna entre los titulares de Gobernación y Sagarpa. "A veces se realizan 40 reuniones simultáneas para, presuntamente, dar seguimiento al acuerdo nacional, lo que genera duplicidad y dispersión, y por eso creemos que hay un estira y afloja entre (Santiago) Creel y (Javier) Usabiaga. Tememos que estas situación se alargue hasta septiembre, pues en ese mes Creel dejará de presidir la comisión de seguimiento del convenio agrario".

Si el gobierno ignora este llamado de alerta "no podremos detener las acciones que emprenderán los campesinos. Estamos preocupados por ese posible desbordamiento, sobre todo en este proceso electoral".

De acuerdo con los dirigentes de las organizaciones, el atraso en el cumplimiento del acuerdo para el campo se extiende al capítulo económico, que contempla los compromisos gubernamentales respecto al capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su actuación ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). "Es preocupante que los compromisos no rebasen los terrenos de la retórica y que la estrategia gubernamental consista en distraer y desgastar a los pocos cuadros técnicos del movimiento campesino en numerosos temas e interminables calendarios de reuniones que no tocan los aspectos centrales, sobre todo el de revisión del TLCAN y el incremento de los apoyos económicos al campo", expresó Carlos Heredia Zubieta, integrante de El Barzón.

En conferencia de prensa, Heredia Zubieta exigió al gobierno emitir la convocatoria para la consulta nacional sobre el impacto del TLCAN y otros tratados internacionales en los sectores agropecuario y forestal; definir, junto con las organizaciones firmantes del acuerdo agrario, los nuevos criterios y la política en materia de cupos de importación, así como establecer las cuotas compensatorias y salvaguardas para maíz y frijol.

Al respecto, el coordinador en turno del CAP llamó a los senadores a que en las reuniones binacionales pongan sobre la mesa la verdadera problemática campesina y no hagan malas interpretaciones de sus demandas; "consideramos que ni el gobierno ni los legisladores mantienen una política agresiva frente a las presiones de Estados Unidos, como la reciente de llevar ante la OMC el caso de los aranceles que impuso México a la carne de res y el arroz".

En un comunicado, la Sagarpa informó que ya se publicaron las reglas de operación de los programas de apoyos directos al productor, por excedentes de comercialización, para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias, atención a factores críticos y de estímulos a la productividad hanadera, con lo que prácticamente queda cubierta la manera en que deberá aplicarse 90 por ciento de los recursos asignados a diversos proyectos para el desarrollo del campo.

Dichas reglas establecen que los precios objetivo por tonelada para ocho granos son: maíz, mil 650 pesos; trigo, mil 800; cártamo, 3 mil 300; canela, 3 mil 500; arroz, 2 mil 100; soya, 3 mil; triticale, mil 800; trigo forrajero, mil 525, y sorgo, mil 270 pesos.

Por su parte, el coordinador de Procampo, Juan Antonio Fernández Ortiz, comentó que el diseño de la nueva estrategia para los subsidios de ese programa contempla cambios en los apoyos a la comercialización, mejor uso de la Ley de Sanidad y de la nueva Financiera Rural.