Alejandro Nadal

Noventa días para el Protocolo de Cartagena

l Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad es una realidad con la que van a tener que lidiar las grandes empresas de biotecnología de hoy en adelante. Con la ratificación de Palau se alcanzó el número requerido de 50 países que exige el tratado para entrar en vigor. Ya comenzó a correr el plazo de 90 días y oficialmente el Protocolo de Bioseguridad entrará en vigor el 11 de septiembre de 2003.

No podía escogerse un momento más oportuno para la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena, ya que busca regular aspectos importantes del comercio de organismos genéticamente modificados (OGM). Por eso faculta a un país a adoptar medidas especiales para el caso de esos organismos vivos. Así, lo más importante es que el protocolo sienta un precedente al establecer que los organismos genéticamente modificados son diferentes y merecen un trato diferenciado.

El tratamiento especial que contempla el protocolo consiste en obligar a los países exportadores de OGM a adoptar medidas preventivas para evitar episodios de contaminación con estos organismos cuando son liberados en el medio ambiente. Los países importadores pueden impedir los movimientos transfronterizos de OGM (en especial a través de un proceso denominado Acuerdo Fundamentado Previo) aun cuando no se tenga información científica suficiente sobre la magnitud de los posibles efectos adversos sobre la biodiversidad en el país importador. Este principio, llamado principio precautorio, es uno de los componentes más importantes de este nuevo marco regulatorio sobre bioseguridad.

A pesar de sus aportaciones, el protocolo tiene varias limitaciones serias, entre las que destacan las siguientes. La primera es que, en el fondo, el protocolo está subordinado a la Organización Mundial de Comercio (OMC). El nuevo instrumento preserva los derechos adquiridos por las partes bajo otros tratados, y en especial, bajo las leyes de la OMC.

Ningún país puede utilizar el Protocolo de Bioseguridad como una barrera comercial artificial. Por eso se requiere que las decisiones adoptadas al amparo del protocolo sean compatibles con la evaluación de riesgos llevada a cabo bajo "procedimientos científicos sólidos". Esta noción, introducida durante las negociaciones para agradar a las compañías de biotecnología, es una frase hueca: la incertidumbre no se puede reducir a un cálculo de probabilidades, ni a ninguna otra métrica, como bien lo estableció Frank Knight hace décadas.

Esa frase fue clave para que Estados Unidos pudiera interponer un recurso ante la OMC en contra de la prohibición a las importaciones de OGM por parte de la Unión Europea. De hecho, el principio precautorio consagrado en el protocolo es plenamente compatible con una regla equivalente en el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Y el protocolo no impide a un país recurrir a esta última para atacar una medida preventiva adoptada por un país importador. Aquí yacen sepultados los restos de aquellos que creen que las reglas de la OMC pueden fortalecer la legislación ambiental.

La segunda gran limitación es que sólo aplica el trámite del acuerdo fundamentado previo a las importaciones de OGM que están destinados a ser liberados de manera deliberada en el medio ambiente. Así, este recurso, que es quizás el principal logro del Protocolo de Cartagena, se ve seriamente acotado.

Ciertamente la liberación intencional en el medio ambiente es una fase clave de la difusión de los OGM. A las compañías trasnacionales les gustaría no tener este obstáculo en sus esfuerzos por atiborrar a la agricultura mundial de semillas genéticamente modificadas. Pero si algo ha quedado claro en el caso de la contaminación de maíces locales con material transgénico en México, es que la liberación no intencional es algo que se va a presentar con frecuencia alarmante.

En efecto, las importaciones de granos que pueden tener un papel doble (como alimento y como semilla) hacen muy fácil la liberación no intencional en el medio ambiente. De este modo, las compañías de biotecnología le han puesto un límite a su responsabilidad cuando la liberación no es deliberada. Es más, la contaminación es hoy un instrumento para forzar la eliminación de restricciones al uso indiscriminado de los OGM en la agricultura.

Desde que se dio a conocer la contaminación de los maíces mexicanos con material transgénico, el gobierno federal no ha hecho nada. Su parálisis contrasta con los esfuerzos de la industria biotecnológica para abrir el mercado mexicano. Quizás la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena puede servir para revisar lo que se ha hecho en materia de bioseguridad. Eso sería bueno porque la iniciativa de ley de bioseguridad que se discute en el Congreso es una burla que más parece un instrumento para promover los intereses del lobby de las trasnacionales de la biotecnología.