El PSOE demanda a diputados expulsados de sus filas

La crisis política en Madrid pasa al terreno de las querellas judiciales

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 17 de junio. La crisis política abierta en Madrid tomó hoy un nuevo cariz cuando de las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias se pasó al cruce de querellas judiciales entre los dirigentes políticos, comenzando por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra elementos de sus propias filas, empresarios y miembros del gobernante Partido Popular (PP), y de éste contra los sectores socialistas y Rafael Simancas, aspirante al gobierno regional.

El PSOE presentará hoy ante tribunales una querella criminal por el delito de "cohecho continuado" contra los diputados electos por esa formación política, supuestamente corruptos, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, quienes han impedido que la coalición de izquierda forme gobierno en la comunidad de Madrid.

Pero la demanda judicial también apunta al ex líder socialista José Luis Balbás, al secretario general del Partido Popular (PP, derecha) en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y a los empresarios del sector inmobiliario, Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual.

Una semana después de que los dos parlamentarios electos socialistas se rebelaron contra su partido y propiciaron que el PP se hiciera de la presidencia de la Asamblea General de Madrid, ha ido saliendo a la luz "indicios" que permiten asegurar que detrás de la conducta de Tamayo y Sáez hay dinero procedente del sector inmobiliario, inconforme con el resultado de las urnas del pasado 25 de mayo, que dio la Comunidad de Madrid a la coalición de PSOE e Izquierda Unida (IU, republicanos y comunistas).

Ante las supuestas evidencias del origen corrupto de la conducta de Tamayo y Sáez, expulsados ipso facto del partido, los abogados del PSOE, Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido, presentaron una querella judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra lo que llaman "la trama de corrupción política y sus presuntos responsables", por lo que pide al magistrado decrete la "prisión provisional" para implicados y la "suspensión cautelar" de las actas de diputados de Tamayo y Sáez que, de hacerse efectiva, permitiría que la coalición de izquierda forme gobierno.

La demanda presentada por el PSOE, el partido más afectado por el escándalo, además apunta a Romero de Tejada, responsable del PP en Madrid, quien un día después de los comicios se reunió durante más de dos horas en la propia sede del partido, con los empresarios imputados, Vázquez Igual y Bravo Vázquez, quienes a su vez se hicieron cargo de la reserva y pago del hospedaje de los diputados "corruptos" después de que estalló la crisis.

Al mismo tiempo que el PSOE presentaba las querellas, el propio Romero de Tejada inició acciones legales contra Rafael Simancas, candidato por la coalición de izquierda a presidente del gobierno regional, contra la Federación Socialista Madrileña y el PSOE, a quienes acusa de haberle relacionado en esta trama sin justificación alguna.

Pero Romero de Tejada ha dado al menos tres versiones distintas sobre la reunión y la relación que tiene con los empresarios, que serían, según la versión del PSOE, los últimos responsables de la trama, al poner sobre la mesa millones de dólares para lograr que la alternancia política en Madrid no prosperara. A juicio de Romero de Tejada, la "estrategia del PSOE es esparcir sus miserias y tapar sus vergüenzas en este asunto".

En tanto, la mesa y la junta de voceros del Parlamento regional aprobaron hoy, con los votos en contra del PSOE e IU, y los del PP en favor, que se inicie hoy el primer periodo de sesiones para que finalice el próximo 23 de junio, cuando se disolverán las Cortes y se convocará a nuevas elecciones autonómicas. Esta última opción es la que más beneficia al PP, sobre todo por la crisis de credibilidad que ha sufrido el PSOE por este escándalo.

El PSOE e IU criticaron "las prisas" del PP por acudir de nuevo a las urnas, a pesar de violar el reglamento interno, con lo que calificaron la moción aprobada de "golpe institucional: hoy más que nunca podemos decir alto y claro que el PP es parte activa de lo que está pasado, porque si no, no estaría aprovechándose tan descaradamente", dijo Fausto Fernández, líder de IU en Madrid.

La vocera del PP, Esperanza Aguirre, justificó su decisión en la tesis de que "supone un paso adelante para que haya elecciones en otoño, puesto que es la solución más limpia y más justa".

En otro orden, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Peñafiel, asesinó en el cuartel general de Albacete, que presidía hasta hace tres meses, al comandante Isidoro Turrión y al médico Francisco Naharra e hirió de gravedad al actual responsable de la Comandancia, Antonio Lázaro Gabaldón. Además, resultó herido de gravedad al intentar suicidarse.

Peñafiel, de 51 años y con más de 25 en servicio, había denunciado desde su "cese fulminante", en febrero pasado, que era víctima de un "complot" orquestado por altos y medios mandos de la Guardia Civil. Según esto, intentaban evitar que él pusiera fin a una supuesta trama de irregularidades y privilegios dentro del cuerpo.