RUMBO AL 6 DE JULIO

Los nueve consejeros del instituto envían una carta a la dependencia federal

Pide IFE a Gobernación le ceda espacios de comunicación en favor del sufragio

La campaña en medios no se va a detener, sostiene Santiago Creel en conferencia de prensa

Desde 1996 el Ejecutivo está expulsado de la función electoral, replica Pablo Gómez

ALONSO URRUTIA

Con el objeto de atajar la creciente polémica por la promoción del voto que se ha desatado con la Secretaría de Gobernación, los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) enviaron ayer una misiva al responsable de la política interior, Santiago Creel, en donde solicitan ''que los espacios de comunicación que el gobierno federal prevé destinar para la campaña de promoción del voto puedan ser cedidos para difusión de los mensajes'' de la autoridad electoral.

Sin embargo, casi a la misma hora en que los consejeros electorales concluían el encuentro para consensuar el tono de la carta, el secretario de Gobernación advertía, en conferencia de prensa, que la campaña gubernamental no se iba a detener. Y explicaba: ''Nuestra idea es de colaboración, no de sustitución; tampoco de suplantación de nada'' de las funciones del organismo electoral.

Quien fue más duro en los cuestionamientos a la intención de Gobernación de promover el voto fue el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el IFE, Pablo Gómez, quien advirtió que ''el gran acuerdo político de 1996 fue el haber expulsado al gobierno de la función electoral. Creel -quien vivió aquella experiencia- debe tener claro que el Ejecutivo está expulsado de estas funciones y no debe entrometerse en una responsabilidad exclusiva del instituto, como lo mandatan la Constitución y la legislación electoral''.

Por la noche, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Francisco José Paoli, desestimó la carta de los consejeros al establecer claramente que no se trataba de un acuerdo del Consejo General del IFE, sino de ''un conjunto de opiniones que tienen en lo individual un conjunto de consejeros''. No obstante, dijo que la dependencia estaba dispuesta a ampliar al límite la participación del instituto en los tiempos oficiales, pero los tiempos fiscales sólo pueden ser usados por el gobierno.

Al mediodía de ayer, todos los consejeros electorales fueron citados a las oficinas del consejero presidente, José Woldenberg, para hablar sobre la polémica que se ha desatado por la campaña gubernamental de promoción del voto. Con la reticencia del propio Woldenberg y de Alonso Lujambio -según versiones de consejeros que estuvieron en la reunión-, quienes consideraron que las facultades exclusivas del IFE en este tema son ''opinables'', se logró consensuar el texto de la carta.

Fue así como se retiró de la misma cualquier referencia jurídica sobre las atribuciones del IFE y Gobernación, para dejarlo en un exhorto a la dependencia y la comunicación de las preocupaciones de partidos políticos y consejeros. Después de discutir el tono de la carta se acordó enviar un texto de tres párrafos, partiendo de recordarle a Creel que algunos partidos políticos y otros miembros del órgano superior de dirección de la autoridad electoral han externado inquietudes por la campaña anunciada por Gobernación.

En este contexto, ''nos permitimos solicitarle que los espacios en medios de comunicación que el gobierno federal prevé destinar para la campaña antes mencionada puedan ser cedidos para la difusión de los mensajes del IFE''.

Las campañas de difusión de los valores democráticos, la cultura cívica y la promoción del voto ''revisten una importancia singular durante los procesos electorales, pues el éxito de éstos depende, en gran medida, de la participación activa de los ciudadanos'', señala el documento.

Este fue el texto consensuado, aunque algunos consejeros, como Jaime Cárdenas y José Barragán, insistieron en que Gobernación se estaba entrometiendo en funciones propias de la autoridad electoral. De hecho, Cárdenas fue más allá y dijo que aguardaría unos días la respuesta de Creel a esta carta, antes de promover, en caso de una negativa, denuncia penal contra el secretario de Gobernación por el uso indebido de facultades.

''La Constitución avala la legalidad de nuestros actos''

Sin embargo, Creel Miranda mantuvo ayer su postura y reivindicó la legalidad de la campaña gubernamental citando ya no sólo a la ley orgánica de la secretaría, sino a la propia Constitución, y recordó que en administraciones pasadas se realizaron campañas similares regidas por la misma ley. De igual forma aprovechó para salir en defensa de la difusión de las cifras sobre la pobreza que dio el presidente Vicente Fox -y que se consideró que tenía un sesgo electoral-, al sostener que si bien el gobierno no va a entrar al debate con los partidos, tampoco iba a suspender la difusión informativa ''que estamos constitucionalmente obligados a proporcionar a la sociedad''. El gobierno no va ni a cambiar de rumbo ni mucho menos a suspender las acciones y los programas gubernamentales por motivos electorales.

Por la noche -una vez conocido que se había enviado la carta-, Gobernación de nueva cuenta salió a defender la legalidad de la campaña y citó el mismo artículo 41 constitucional que han reivindicado los consejeros para justificar su atribución exclusiva. ''La autoridad electoral tiene exclusividad en la organización del proceso, pero la promoción para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones no puede ser una tarea exclusiva de nadie'', concluye la dependencia federal.