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México D.F. Viernes 20 de junio de 2003

Se contrapone la versión oficial a la de la FSTSE

Vigente, el plan de retiros voluntarios: Hacienda

Adscritos al programa denuncian demora de pagos

FABIOLA MARTINEZ Y PATRICIA MUÑOZ

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el programa gubernamental de Separación Voluntaria, cuyo objetivo es disminuir la plantilla de trabajadores al servicio del Estado, "continúa vigente", aun cuando el proceso de este año haya concluido el 31 de mayo.

Lo anterior se contrapone a la versión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que afirmó haber logrado una "negociación" con Hacienda para detener el programa, e incluso impedir que prosiguiera en lo que resta del sexenio.

No obstante que a diario se multiplican las demandas de empleados del sector público por despidos "arbitrarios" y finiquitos incompletos, la SHCP mantiene silencio absoluto sobre el particular y asevera, desde hace tres semanas, que "en los próximos días" dará a conocer el balance general del recorte a los servicios personales, delineado por la Subsecretaría de Egresos de esa dependencia.

Los funcionarios encargados del proceso remiten a los interesados a la oficina de Comunicación Social, área en la que se ha dado la orden de "no filtrar ningún dato a la prensa" respecto a los miles de trabajadores que se inscribieron al programa de Separación Voluntaria y los empleados de confianza que han sido dados de baja, con el argumento de que incurrieron en faltas administrativas.

Según las previsiones del gobierno federal, durante 2003 se retirarían "por lo menos" 35 mil personas, cuyas plazas quedarían canceladas de inmediato.

De hecho, la información difundida por la Secretaría de Hacienda antes del 31 de mayo establece que serán dadas de baja las plazas de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal que se adhieran al programa.

Informa además que las trabajadoras que tengan entre 25 y 28 años de servicio, así como los servidores públicos (hombres) con 27 a 30 años de antigüedad, recibirán la compensación económica y el pago correspondiente por esos años de labores, "en el entendido de que invariablemente deberán esperar que transcurra el tiempo que les falte de cotización al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para poder pensionarse a ciento por ciento".

Continúan denuncias

En tanto, empleados en activo de diversas dependencias y de instituciones de la banca de desarrollo -como el Banco de Crédito Rural (Banrural), que desaparecerá oficialmente el próximo 30 de junio-, señalaron que continúan los despidos "disfrazados de renuncia voluntaria", mediante la cual pierden derechos laborales y sindicales.

En ese sentido, el Sindicato de Trabajadores del Banrural del Istmo difunde por medio de un documento su "total repudio" a las medidas "ilegales e inconstitucionales" que se adoptan en su contra, en particular exigir la realización de labores "agotadoras sin retribución alguna", bajo la amenaza de que no recibirán los beneficios del programa de Separación Voluntaria, el cual incluye un pago adicional a lo que marca la ley.

Por su parte, decenas de empleados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que se inscribieron en dicho esquema denunciaron que hasta el momento no se les ha pagado el finiquito correspondiente.

Las autoridades del INEGI se limitan a informar que deberán esperar de dos a tres meses a que "haya dinero" para entregarles su liquidación; en tanto, empleados del ISSSTE informaron que éste nunca les quiso hacer el trámite e inclusive les perdió su documentación.

Los empleados del INEGI agregan que quienes se separaron en forma voluntaria han recibido liquidaciones menores a las que establece la norma de retiro, y en la mayoría de los casos se les obligó a firmar las renuncias, pero hasta ahora no les han entregado sus cheques.

La norma que regula este programa establece que además de su liquidación legal se les tiene que otorgar un pago adicional que va de cinco a 14 meses de sueldo mensual bruto, según la antigüedad de los trabajadores. Sin embargo, la dirección del INEGI ha omitido pagar ese importe, así como otro concepto correspondiente a los quinquenios trabajados.

Por otra parte, empleados del ISSSTE hicieron llegar un documento a esta redacción en el que establecen que en tiempo y forma presentaron su solicitud de retiro, sin embargo la dirección de ese instituto primero dijo desconocer el programa, por lo que durante todo marzo y abril se negó a recibir las peticiones de los trabajadores, y después perdió la documentación.

Denunciaron que el proceso en este organismo fue totalmente irregular, pues los trabajadores "fueron objeto de artimañas, maquinaciones, ocultamiento de información y restricción de los derechos laborales a efecto de no concedernos el retiro voluntario implementado por Hacienda".

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