Miguel Concha

Elecciones y transición a la democracia

ƑPor qué se nota tanto desinterés y apatía ante las próximas elecciones hasta tal punto que algunas organizaciones ciudadanas se atreven a pronosticar 50 por ciento de abstencionismo (Alianza Cívica), tomando en cuenta la reciente experiencia del estado de México? ƑPor qué, en efecto, hay ciudadanos que como en los peores tiempos del antiguo régimen han decidido no participar y hacer público el sentido de su abstención? ƑSerá porque nuestra cultura política no alcanza para ponderar la importancia de una Cámara de Diputados independiente que promueva un proyecto de nación libre, soberana, equitativa y justa? ƑQué implica esto para nuestra naciente democracia y qué responsabilidades entraña para nuestros políticos, gobernantes y todos los ciudadanos?

Para responder a estos interrogantes, que ya se veían venir desde hacía meses, un grupo de profesores y estudiantes, pertenecientes a distintos institutos de investigación y docencia teológica, se reunió desde febrero pasado de manera informal en un seminario de ética política concreta a partir de lo que siente la gente, confrontándolo con sus expectativas y frustraciones, y con los valores comunitarios que todavía perviven en nuestras culturas, particularmente indígenas. No sólo se trataba de analizar programas y candidatos, que para entonces ni siquiera asomaban, y luego nos llegaron bastante diluidos o simplemente sustituidos por una propaganda publicitaria que poco o nada dice, sino examinar las causas por las que nuestra transición a la democracia no avanza, generando el desencanto de gran número de ciudadanos, y advertir los riesgos y responsabilidades que de ello se desprende para el futuro político de la nación. Se trataba, en suma, de aquilatar el momento político e iniciar una discusión que contribuya a la reflexión de todos. La tarde del miércoles pasado se dieron a conocer las conclusiones en un documento titulado Para una ética política en el México actual.

Para estos cristianos, que no comparten la convicción de que la economía y la política no tienen nada que ver con la ética, porque eso en definitiva las desnaturaliza y en la práctica las convierte en la imposición de la ley del más fuerte, nuestra transición a la democracia se ha atorado porque, a pesar de lo que se dice, se ha seguido aplicando un modelo que ha probado su escasa capacidad para generar empleos y su tendencia a agudizar las desigualdades, y no se ha dado una verdadera participación de la gente en la orientación de la política económica. Tampoco se ha logrado instaurar un verdadero estado de derecho que tenga como criterio el cumplimiento indiscriminado de todos los derechos para todos, garantizando la equidad y las inversiones productivas; ni se ha realizado una reforma de las instituciones que asegure a todos los niveles, pero sobre todo al medio y bajo, el cumplimiento sin favoritismos de la ley.

Aunque se ha avanzado en la posibilidad de obtener información, no está asegurada la capacitación para acceder a ella, y sobre todo no se cuenta con el ejercicio del derecho a generar información por todos los medios. Lo más lamentable es que no se ha logrado establecer la práctica de atención al sentir de la ciudadanía por parte de los actores políticos y sus organizaciones (partidos) y todavía cuesta mucho la rendición de cuentas de los funcionarios.

Aun cuando se reconoce que la democracia es la mejor forma de conservar y promover los valores éticos inherentes a la dignidad humana (libertad, justicia, paz, verdad) y ésta se concibe no sólo como una meta, sino también como un camino y un proyecto siempre inacabado, se advierte sobre los rasgos autoritarios que aún perviven en muchas de nuestras tradiciones, alimentadas por la desinformación, el secretismo y la falta de transparencia de lo público.

Se reconoce además autocríticamente la responsabilidad que en ello cabe a la comunidad eclesial, al reproducir estructuras autoritarias y de poca participación, incoherentes con la llamada a la fraternidad del Evangelio, desde nuestra igualdad fundamental.

Como la responsabilidad en la construcción de la democracia es de todos, se propone la búsqueda activa y consciente de una política económica que ponga el combate a la pobreza como prioridad absoluta; una reforma fiscal progresiva y equitativa que allegue al Estado los recursos necesarios; el ejercicio del derecho a buscar, recibir y generar información, y la implementación de un verdadero estado de derecho, que incluya la reforma de las instituciones y la instauración de una cultura de la legalidad.