Señala graves irregularidades en los casos de Paraje San Juan y La Mexicana

El GDF no pagará indemnizaciones "a ciegas", afirma López Obrador

Una investigación demostró que los procesos están plagados de actos fraudulentos, asevera

Al parecer Fernández de Cevallos y Lozano Gracia "están litigando en ese sentido": oficial mayor

LAURA GOMEZ FLORES

El gobierno capitalino informó que no pagará la indemnización de mil millones de pesos que demanda un particular por la expropiación del predio Paraje San Juan, en Iztapalapa, porque el proceso presenta diversas irregularidades, como es la inexistencia legal del lugar, la alteración de documentos oficiales y el uso de medidas incorrectas, como la hectárea "cuadrada", lo cual es "aberrante".

Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, aclaró que no se trata de un "acto de rebeldía", ya que cuando los fallos se han apegado a derecho o se ha cometido un acto de autoridad indebido, se ha cubierto la cantidad exigida, como sucedió en dos casos anteriores, en que se erogaron 40 millones de pesos. Pero "sería muy irresponsable pagar a ciegas, pagar sin ver, nada más porque lo demanda la autoridad".

En su conferencia de prensa matutina, señaló que en este momento se pide a su gobierno cubrir las indemnizaciones por los predios La Mexicana, en Santa Fe, y Paraje San Juan, cuyos procesos están plagados de actos fraudulentos, que han permitido, en el primer caso, alargarlo por más de cinco años, y en el segundo, exigir un pago sobre un terreno donde se ubican varios inmuebles debidamente acreditados.

Explicó que la investigación realizada durante cinco meses por la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la coordinación de Ejecución de Juicios Constitucionales demostró que dicho predio, expropiado por el Departamento del Distrito Federal en 1989 con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, fue sobrepuesto a una poligonal donde se acreditaron 6 mil 662 expedientes de compraventa anteriores al decreto o escritura pública.

Sin embargo, el particular Enrique Arcipreste del Abrego promovió el juicio de amparo 508/98, en 1998, por el cual solicitó el pago indemnizatorio de 298 hectáreas, mismo que se resolvió a su favor ese año y que es conducido por el abogado Miguel Alcántara, quien labora en el bufete del senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia. "Parece ser que estos señores están también litigando en ese sentido", comentó el oficial mayor, Octavio Romero.

La supuesta compraventa del lugar la realizaron Justino Granados y Fernando Arcipreste, el 13 de noviembre de 1947, sobre una superficie de 298 hectáreas "cuadradas", unidad de medida que técnicamente no existe, y fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad hasta 1975. Además, las firmas del juez identificadas durante el periodo de 1944 a 1951 no concuerdan, y se asignaron dos tomos a una sola inscripción.

Los funcionarios que encabezaron la investigación mencionaron que aunado a esas irregularidades se detectó que el número de entrada asentado en la parte superior del citado contrato corresponde a un trámite realizado en 1977, lo que hace presumir que "nunca fue presentado para su inscripción al registro y se realizó con un documento privado, cuando por el monto debió celebrarse ante notario público".

Por otra parte, sobre al predio La Mexicana, Romero señaló que en los dos meses anteriores se ha diferido en dos ocasiones la audiencia constitucional para desahogar las pruebas, pese a que ya están completos los documentos solicitados por el demandante, Federico Escobedo, con la complacencia de la juez cuarta de distrito en materia administrativa, María Guadalupe Rivera González.

Ante ello, los funcionarios exhortaron a la juez a "no prestarse a los intereses mezquinos de un particular" y resolver este asunto lo antes posible.